En Petroquímica Río Tercero se mantiene una tensa calma en el conflicto laboral que afronta la empresa con el gremio desde el pasado 14 de julio, cuando despidió a 124 empleados que, hasta ahora no recibieron indemnización.
La calma viene de una nueva mesa de negociación abierta entre la empresa y el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (Spiqyp), desde que venció la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Provincia el 18 de agosto, que mantuvo en suspenso los despidos.
Ahora ya están firmes. Las cesantías no parecen tener retroceso. La empresa, que hasta octubre de 2024 contaba con 375 empleados, pasa a tener unos 130 tras dos tandas de despidos en nueve meses y el cierre de su principal unidad de producción (la planta de TDI).
Negociaciones
Por un lado, el sindicato continúa su reclamo de reincorporaciones para que el resto de las plantas químicas puedan ser puestas en marcha en forma segura (está sin producir desde el 14 de julio), en el pago total de una parte adeudada de los sueldos de julio a todo el personal y en el pago de las indemnizaciones de ley para los despedidos.
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Por el otro, la empresa se ampara en que está en un concurso de acreedores y que ahora es la Justicia la que debe autorizar esos pagos.
Por eso las expectativas están puestas por estas horas en una figura legal denominada “pronto pago”, que consiste en que el síndico pueda resolver que el dinero que tiene la empresa en sus cuentas para ir cumpliendo sus compromisos, pueda ser destinado con prioridad a los exempleados.
Esta norma de la Ley de Contrato de Trabajo reconoce el privilegio de los créditos de los trabajadores.
Desde el sindicato químico se sostiene que el cobro de salarios y de indemnizaciones tiene que ver con una situación del sustento alimentario de las familias de los despedidos.
El pronto pago ya fue también solicitado por Petroquímica Río Tercero para que el síndico libere fondos de sus cuentas para que pueda pagar el 50 por ciento de los sueldos de julio adeudado y también para el pago de las indemnizaciones.
Si se autoriza, los trabajadores tendrán que negociar un monto indemnizatorio con la empresa.
