El Gobierno nacional anunció que este miércoles definió nuevos montos para indemnizar los reclamos pendientes por la tragedia de las explosiones ocurridas en la Fábrica Militar de Río Tercero en noviembre de 1995, hace ya 28 años.
La medida impulsada por el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, “es un gesto para Río Tercero”, según dijeron a La Voz desde el comando de campaña massista.
Este jueves se publicará en el Boletín Oficial de la Nación el DNU (decreto de necesidad y urgencia) 595, por el que se redefine el modo de pago para cumplir una ley que el Congreso aprobó hace ocho años, pero que nunca se cumplió.
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“Esto termina con 25 años de vergüenza, y es la respuesta a un reclamo histórico de Río Tercero”, adelantó Massa, en el tramo final de la campaña para el balotaje presidencial del próximo domingo.
Según se conoció, las nuevas indemnizaciones quedarán así:
-Muerte: 1.000 módulos
-Lesiones gravísimas: 700 módulos
-Lesiones graves: 600 módulos
-Daño Moral: 100 módulos
-Daño Material: 95 módulos
El decreto admite en sus argumentos que la ley 27179, aprobada en Congreso en diciembre de 2015, no fue cumplida por el Estado hasta ahora. Esa ley establecía el pago por vía administrativa de resarcimientos económicos a los vecinos y vecinas de Río Tercero que hayan iniciado acciones judiciales contra el Estado y que no tuvieran aun sentencias. A cambio de que renuncien a la continuidad de esos juicios, se acordó el pago de una indemnización.
La norma surgió, sobre todo, por el reclamo pendiente de una megacausa patrocinada por un abogado que incluía a unos ocho mil demandantes, por año moral y psicológico. Además sumaría a unos dos mil casos más, en manos de otros letrados, mas ligados a daños materiales y a personas heridas.
A pesar incluso de los reclamos del Juzgado Federal de Río Cuarto para esa ley sea cumplida, hasta ahora no se hicieron efectivos los pagos.
El nuevo DNU, además de actualizar los montos, establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Defensa. En el texto y sus fundamentos no se explicita la fecha en que se harían efectivos los pagos.
Por ahora, subsisten algunos interrogantes sobre los montos que implican los módulos asignados.
Mientras que fuentes ligadas al ministro de Economía citaron a este diario que por muerte la cifra representaría unos 8 millones de pesos y por daño moral unos 800 mil pesos por persona demandante, el abogado Mario Ponce (que patrocina esa causa con ocho mil reclamos) indicó este miércoles que para daño moral serían, actualización inflacionaria mediante, cerca de tres millones de pesos por persona.
Ponce también dijo que, según se le anticipó, el pago sería en pesos y no en bonos como marcaba la ley de 2015.
Antecedentes
La reglamentación, que establecería mas precisiones de plazos y modos de pago, aún sigue pendiente. Según Ponce, se le aseguró desde el Ministerio de Defensa que se definirá la semana próxima. Es decir, después de las elecciones presidenciales de este domingo.
Tras las trágicas explosiones en la estatal Fábrica Militar, el Estado abonó primero (entre 1996 y 1999) por vía administrativa miles de reclamos por daños a propiedades, vehículos y por heridos y fallecidos (hubo siete muertos). Luego, se iniciaron miles de demandas judiciales por otros daños o por considerar insuficientes los pagos efectuados. Cientos de ellas fueron pagadas tras sentencias judiciales en los últimos años, pero otras quedaron pendientes y, en gran parte, adhirieron a la ley de 2015 aún sin cumplimentar.
La Justicia, con fallo confirmado por la Corte Suprema, concluyó que las explosiones fueron un atentado programado e intencionalmente provocado, para ocultar pruebas del contrabando de armas con aval del gobierno nacional a Croacia entre 1991 y 1995, y que tuvieron a esta unidad militar como centro operativo.
