El hospital provincial San Antonio de Padua, de Río Cuarto, es el mayor centro de salud estatal del interior provincial y atiende la demanda de una amplia región del sur cordobés. Fue en sus pasillos donde se inició un reclamo que, a horas de andar, inquietó en el Gobierno provincial por el riesgo de “efecto cascada” sobre otros centros de salud.
El reclamo, que se hizo visible desde el lunes pasado, tenía algunas singularidades. Era sólo de un área del hospital, la de los médicos y médicas del servicio de guardia. Y no tenía vínculo con los gremios del personal de salud, algo que los reclamantes se encargaron de enfatizar.
El planteo, aunque con varias aristas, se concentraba en un pedido que llevaba tiempo en trámite, sin respuestas: que se considerara a esa área dedicada a la Emergentología como “recursos humano crítico” por su función y, por lo tanto, que sus profesionales cobraran el plus asignado a ese fin, de unos 75 mil pesos agregados al salario. También se pedía más personal.
“La población aumenta, la demanda es cada vez mayor porque menos gente tiene obra social, pero hace años que no se suman cargos y el sistema se desborda”, resumió de uno de los médicos de ese plantel.
Desde la Provincia, el Ministerio de Salud envió a dos funcionarios ese mismo lunes, que rápidamente trataron de descomprimir con un anuncio: habría un plus salarial no remunerativo de 70 mil pesos mensuales para los médicos de los servicios de guardia de los 40 hospitales provinciales. En realidad, para los de Capital y Gran Córdoba, ese adicional era de 50 mil pesos. La ministra Gabriela Barbás justificó la diferencia en que en el interior es más complejo atraer y sostener a los profesionales.
El anuncio oficial, además, era más global: llegaba a todos los profesionales del “grupo 1″ de los servicios de guardia, y no sólo a los médicos y médicas. En total, 1.680 agentes, según precisó Barbás.
Pero no hubo acuerdo, incluso después de un encuentro entre la ministra y el grupo reclamante de Río Cuarto. “No queremos un bono, sino que se nos reconozca como recurso crítico”, insistieron. Mientras, el Consejo de Médicos de Córdoba hacía público su respaldo al reclamo.
El miércoles, la advertencia de renuncias se hizo efectiva: de los 30 médicos del área, 13 las presentaron. Entre la tensión, renunció también el director del hospital y el Ministerio designó, al instante, al reemplazante.
El jueves, cuando ya empezaban a sumarse asambleas y reclamos en otros hospitales, el Gobierno provincial fortaleció el anuncio original: aceptó que los 70 mil y 50 mil pesos de adicional serían ahora remunerativos (agregados directamente al salario), y además sumó a todos los residentes de las guardias en los 40 hospitales, con un plus de 50 mil pesos mensuales a cada uno.
A la vez, el Ministerio ya venía admitiendo la necesidad de rediscutir los alcances del criterio de “recurso humano crítico” e inició encuentros con varios sectores para reactualizar ese concepto.
El viernes, la situación en el hospital de Río Cuarto parecía ya descomprimirse. Fuentes del grupo reclamante admitieron que un acuerdo estaba muy cercano, en diálogo con el nuevo director. Restaba saberse cuántos de los 13 renunciantes harían marcha atrás con esa decisión y cerrar el acuerdo.
Pero en ese mismo hospital saltaron los reclamos del resto de las áreas y del personal de enfermería. Mientras, en otros centros de salud públicos de Capital e interior se empezaron a suceder asambleas, motorizadas por sectores gremiales, para reclamar por salarios y condiciones laborales para todo el personal de salud.
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