El juez federal de Río Cuarto, Carlos Arturo Ochoa, resolvió dictar el procesamiento con prisión preventiva de Gabriel Germán Fernández, quien fue durante 20 años intendente de Viamonte, localidad de 1300 habitantes ubicada en el extremo sudeste de Córdoba, a 370 kilómetros de Capital.
Fernández fue denunciado por el intendente actual Facundo Manzoni, por el presunto desvío de fondos millonarios enviados por el Gobierno nacional a Viamonte, entre el 2020 y el 2023, para obras que no se completaron. Sólo en el 2023 se habrían verificado más de cien millones sin destino justificado.
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Ochoa considera al exintendente de Unión por Córdoba, penalmente responsable de los delitos de “peculado” y “administración infiel en perjuicio de la administración pública”, materializada en “uso de documentos falsos o apócrifos” y “falsedad ideológica”. Son ocho hechos en total, en concurso real.
El juez advierte que los delitos investigados “refieren gran complejidad”. Deja sentado que “podrían haber intervenido otras personas que desde diferentes lugares, esferas políticas, cargos y/o profesiones habrían formado parte de las maniobras delictivas destinadas principalmente a gestionar la obtención y aprobación de proyectos, para acceder a los subsidios (…) y gestionar los fondos públicos percibidos en beneficio propio y/o de terceras personas”.
Investigan transferencias hechas el último día de gestión
En el momento de la denuncia versiones daban cuenta de que, días antes de dejar su cargo, Fernández recibió dinero en la cuenta del Nación a nombre de la Municipalidad y al día siguiente lo transfirió a la de Viamonte en el Banco de Córdoba. Desde allí habría girado, en días inhábiles (incluso, el día de la asunción del nuevo intendente), a otras carteras.
La resolución del juez Ochoa cita la grabación de un diálogo que el imputado habría tenido con un ingeniero, días antes de ser detenido. “Darío mira si hubiésemos escrito un guion cinematográfico no hubiese tenido la genialidad que tuvo la realidad de hoy. A las 6 de la tarde aproximadamente creo que fue por ahí, que después de entrar 400 veces a la aplicación del banco, estaba la E... conmigo y con P..., y de estar amargado y tirado en el suelo porque no sabía cómo mierda iba a hacer, entraron los 35 palos”, expresa.
Al conferir vista al ministerio público para que continúe la pesquisa, Ochoa señala que los presuntos partícipes “podrían haber hecho uso de diferentes mecanismos, los cuales, por la gravedad institucional que revisten, deben ser investigados, así como también, dichas personas individualizadas e identificadas en el rol que podrían haber desempeñado”.
Entre otros, menciona al excandidato a intendente impulsado por Fernández que perdió la elección, Mauro Héctor Moyano, “quien tiene un vínculo familiar con el nombrado y conocía y estaba al tanto de los asuntos municipales y del accionar de Fernández”.
Allanamientos en busca del dinero
Además de los posibles partícipes, lo que la Justicia quiere determinar es el destino de los recursos que supuestamente debían destinarse a viviendas, al adoquinado de calles, obras de agua potable, alumbrado público, caminos, veredas, gas natural, millones recibidos para una planta de procesamiento de residuos que sólo tendría un avance del 40 por ciento.
A fines del 2024, la Justicia Federal hizo allanamientos para intentar rastrear la “ruta” del dinero. Hicieron 13 operativos en Viamonte, Canals, Marcos Juárez y en la ciudad de Córdoba.
Lo que lograron incautar entonces fueron: $ 2,72 millones, 43.648 dólares estadounidenses, 38 mil pesos chilenos, 1.600 euros, 420 pesos uruguayos, 370 pesos mexicanos, 227 pesos cubanos, 200 pesos dominicanos y 39 reales. También incautaron tarjetas de débito, 10 computadoras, dos autos y una moto.
Desde diciembre del 2024, el exintendente Fernández está alojado desde diciembre en la Unidad Penitenciaria 6 de Río Cuarto. En su momento se abstuvo de declarar. La Justicia dispuso que continuará con prisión preventiva y también mandó a trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 20 millones de pesos para las costas del proceso.
