La jueza Loretta Preska, de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, ha rechazado el pedido de Argentina para suspender su fallo que obliga al Estado a transferir el 51% de las acciones de YPF.
Esta decisión representa un nuevo revés judicial para el país en la causa que se originó por la irregular estatización de la petrolera en 2012.
La expectativa por esta definición era alta, ya que el lunes 14 de julio era la fecha límite original para que Argentina depositara los papeles de YPF en custodia en un banco de Nueva York, en cumplimiento de la sentencia dictada por Preska.
Apelación y puertas cerradas a la negociación
A pesar de la negativa de la jueza Preska a suspender la medida, el país no esperó su respuesta y ya inició el proceso formal de apelación a la orden de entrega de las acciones de YPF.
Fuentes oficiales informaron a Clarín que, en paralelo a la apelación, estaba pendiente la decisión de la jueza sobre el pedido de suspensión.
El Gobierno argentino ha cerrado la puerta al diálogo y la negociación con el fondo Burford, que estaba dispuesto a discutir quitas para un acuerdo extrajudicial.
La postura del Estado es apelar hasta la última instancia.
Los argumentos de Burford y la millonaria condena
Burford Capital, el fondo buitre que se quedó con el 70% de los derechos de juicio de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora en 2015, se opuso firmemente a la petición de suspensión de Argentina.
Su principal argumento es que el país no cumplió con las condiciones previas fijadas por el tribunal para evitar la suspensión del fallo original de septiembre de 2023.
Según Burford, Argentina no depositó ninguna garantía ni ofreció poner las acciones de YPF bajo custodia judicial, lo cual es exigido por la norma federal y la ley de Nueva York.
El fondo considera que suspender el fallo permitiría a Argentina seguir obstaculizando su cumplimiento, habiéndose ya beneficiado de mayor tiempo para acatar las condiciones judiciales.
La condena impuesta por Preska en septiembre de 2023 asciende a más de US$ 16.100 millones en indemnización, a lo que se suman US$ 1.650 millones en intereses acumulados a la fecha, equivalentes a un costo diario de US$ 3 millones.
Otros actores con intereses en las acciones de YPF
Además de Burford, otro fondo se opuso al planteo de Argentina: Bainbridge. Aunque Bainbridge no participa directamente en esta causa, demandó al país en 2016 por el default de la deuda de fines de 2001 y ahora busca quedarse con acciones de la petrolera YPF.
La situación legal de YPF sigue siendo un punto central de atención en el panorama económico y judicial de Argentina
