La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles por la noche por mayoría un proyecto de declaración que expresa la preocupación ante las presuntas irregularidades en la compra de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El oficialismo cuestionó al Gobierno nacional y pidió que explique los audios de Diego Spagnuolo, mientras que la oposición le reclamó también “transparencia en la provincia”.
El texto aprobado fue unificado tras tres proyectos presentados, por un lado, por los justicialistas Matías Chamorro y Bernardo Knipscheer; y por otro, por la legisladora de izquierda Luciana Echevarría. Los tres pusieron el foco en las denuncias contra la Andis y el pedido de explicaciones.
“El nivel de cinismo y crueldad no tiene límites, la desesperación de no tener recursos… que hagan negocios con la salud y la vida de seres queridos… no pudieron dar una respuesta si existieron las coimas”, dijo Chamorro, que abrió el debate más largo de la noche en el recinto.
Echevarría también pidió explicaciones, pero le advirtió al oficialismo provincial que no use el tema para hacer campaña. “Que estos corruptos y mamarrachos se tengan que ir no significa que cualquiera pueda sobreactuar indignación”, expresó la legisladora.
Mientras que Walter Nostrala, presidente del Frente Cívico, pidió al oficialismo que brinde información sobre las adquisiciones del Ministerio de Salud provincial al laboratorio Suizo Argentina, y enumeró las denuncias que lleva realizadas su espacio político y que aseguró que no fueron respondidas por la Provincia, como el incendio del Apross, la compra de remedios y fondos de la exTamse.
“Los hechos de corrupción deben ser investigados porque la gente tiene que vivir con transparencia... Si queremos Justicia tiene que ser allá (en el Gobierno nacional) y acá (en Provincia). Tienen que ser coherentes en los reclamos. Miren acá lo que pasó con la cúpula del Servicio Penitenciario, presos; miren la causa del Neonatal no hay funcionario involucrado, que se investigue allá y acá... Los hechos deben ser investigados”, insistió.
Los radicales Alfredo Nigro, Inés Contrera y Brenda Austin se refirieron a la investigación sobre las coimas, y defendieron la libertad de expresión, pero también pidieron que se respete en Córdoba.
“Es un escándalo vergonzoso y bochornoso lo que está pasando a nivel nacional con las denuncias de corrupción y coimas que involucran a las más altas esferas del Gobierno nacional, mientras personas con discapacidad marchan para intentar recuperar derechos básicos”, dijo Austin.
“Mientras eso pasa, en Córdoba niegan el debate sobre la eliminación del Fuero Anticorrupción y también la reforma de la ley de acceso a la información. Hablan en defensa de la libertad de expresión y libertad de prensa, pero a la vez les niegan a los periodistas el acceso a la información pública”, insistió la legisladora radical.
Gregorio Hernández Maqueda, alineado con el Gobierno nacional, aseguró: “El delito no es radical ni peronista, no de izquierda o de derecha. Hay que combatirlo siempre con todas las herramientas legales”, dijo.
Aunque marcó sus diferencias con los constitucionalistas que en los últimos días se opusieron al fallo judicial con el que se limitó la difusión de los audios de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.
El texto aprobado por mayoría (no contó con los votos del juecismo y de Hernández Maqueda) quedó finalmente unificado con los proyectos presentados por el PJ, que planteaba un repudio al fallo judicial; y otro de la legisladora Echevarría, que ponía el foco en las denuncias contra la Andis.
El cierre del debate quedó en manos del justicialista Leonardo Limia, quien pidió: “Que la gente pueda saber la verdad de los audios”.
“En esta Legislatura todos pueden decir lo que quieren, hay libertad de expresión, no podemos como caja de resonancia, como es esta Legislatura, dejar pasar que el Gobierno de Javier Milei debe dar claridad al pueblo argentino”, dijo.
Con la declaración aprobada, el cuerpo legislativo cordobés fijó postura en torno de dos temas que generaron tensión: la situación de la Andis y el alcance del fallo judicial que restringe la difusión de audios vinculados a la causa que investiga los contratos bajo sospecha.
Tras la sesión, hubo planteos de algunos legisladores radicales que responsabilizaron al oficialismo de no abrir el debate a temas provinciales pendientes en la agenda y centrarse en cuestiones nacionales con fines electorales.
“En la sesión de hoy: 28 proyectos sobre tablas, urgentes; y el cordobesismo decide que solo en dos temas nacionales se hable. Nos pagan el sueldo para discutir y solucionar problemas de los cordobeses, mientras los peronistas se dedican a poner la lupa en lo nacional y les esquivan a los problemas de Córdoba. ¿Se animan a hablar de libertad de expresión?“, se quejó la radical Alejandra Ferrero.
También el radical Miguel Nicolás aseguró: “Hoy el oficialismo en la Legislatura se animó a tratar la libertad de expresión a nivel nacional, mientras en Córdoba maltratan y amenazan a los trabajadores de prensa por realizar una cobertura de una manifestación del ATE, que hoy no le conviene al Gobierno. Basta de hipocresía”.
Ya desde los pasillos, el oficialismo le recordó que fue un acuerdo de Labor Parlamentaria de los bloques el pase a comisión de 22 proyectos presentados sobre tablas por no contar con los votos necesarios.
