¿Prueba y error? ¿Si pasa, pasa? ¿Cortocircuitos internos? ¿Todo lo anterior es correcto? En estos primeros cuatro meses con Javier Milei sentado en el sillón de Rivadavia, el Gobierno nacional ya retrocedió en varias de las medidas tomadas. Incluso en casos de resoluciones complejas, firmadas por ministros y publicadas en el Boletín Oficial.
El ejemplo más reciente es el producido el martes pasado, cuando desde la cartera de Justicia se dio marcha atrás con una resolución relacionada con aumentos en los aranceles que cobran los registros de automotores de todo el país.
“Luego de revaluar la situación, hemos decidido dejar sin efecto dos resoluciones que se conocieron hoy. Se suspende así el aumento de los formularios y de los ingresos de los encargados de los registros automotores”, escribió en la red social X (Twitter) el ministro Mariano Cúneo Libarona luego de las fuertes críticas que apuntaban directamente al Presidente Milei.
¿Por qué a Milei? Porque el libertario, en campaña, militó con su habitual efervescencia por la “desaparición” de los registros de la propiedad automotor, a los que calificó en varias oportunidades como “un gran curro” de la política, un “negocio de la casta”.
Incluso el mega DNU impulsado por Milei apenas asumió, el famoso 70/23 (aún vigente), incluye numerosos cambios en el sistema de registro de vehículos que buscan conectar de forma directa a los titulares de autos con el Estado, haciendo que los registros pierdan la mayor parte de sus funciones y, sin ellas, su razón de existir.
Los aumentos, que llegaron a regir menos de 24 horas, promediaban el 70%, con picos de hasta el 300% en algunos trámites.
Igualmente, continúan vigentes los incrementos aplicados en enero, cuando en una de sus primeras resoluciones, Cúneo Libarona habilitó una suba promedio del 200% en todo el ecosistema de pagos de documentación, como cédulas, placas, títulos y formularios.
No se reguló solo
La cancelación de los aumentos en los trámites registrales ocurrieron pocas horas antes de que el Gobierno anunciara la decisión de que las empresas de medicina prepaga retrotraigan las cuotas a los montos de diciembre y que recalculen su valor ajustándolo por inflación.
Estos cambios, que incluyen a Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y Osde.
El DNU 70/23 había desregulado el sector de las prepagas, por lo que en este caso también se produjo un cambio en el Gobierno nacional al acusar a las empresas de supuesta colusión.
Sobre ese tema, como acerca de la gran mayoría de los asuntos en los que el Estado tiene algún tipo de control, Milei siempre dijo que lo mejor es no intervenir, ya que “el mercado se regula solo”.
Otro caso paradigmático fue el del aumento de los sueldos en el Congreso. A principios de marzo, se conoció que en ambas cámaras se habían habilitado incrementos del 30% en Diputados y en el Senado.
Luego de las críticas (la política de austeridad fue uno de los estandartes que llevó a La Libertad Avanza al poder), Milei ordenó retrotraer los sueldos a diciembre, a lo que la vicepresidenta Victoria Villarruel y Martín Menem, presidente de Diputados, suscribieron.
“Que los diputados no me vengan con que la plata no alcanza, que muchísima gente la está pasando peor”, había dicho el Presidente tras ordenar la suspensión del aumento en las dietas.
Cuando se había producido el intento de aumento, en el Congreso ya se habían otorgado dos incrementos, en enero (16%) y en febrero (12%).
La polémica se reabrió la semana pasada, en este caso entre los legisladores de las dos cámaras, ya que los senadores cobraron su dieta, con el aval de Villarruel, con el 16% que quedó trunco en enero.
Tarifas
Otro tema en el que el Gobierno retrocedió en los primeros meses es la quita total de los subsidios a las tarifas residenciales de energía. En este caso, más que una marcha atrás, se trata de una estratégica pausa en el discurso original de Milei de dejar que los precios encuentren equilibrio de mercado.
Por ahora, con la excepción de los usuarios nivel 1 (altos ingresos), el Estado sigue sosteniendo el grueso de los subsidios con la idea de mantener un sendero descendente de la inflación. Liberar completamente las tarifas provocaría un rebote del IPC, un efecto que el Gobierno no puede darse el lujo de permitir en una economía sostenida con alfileres.
En el nuevo proyecto de la “ley ómnibus”, el Gobierno retiró propuestas resistidas. En particular, provocaron irritación cambios al Código Civil, la ley Micaela, ley de Mil Días y la reforma electoral que eliminaba los cupos legislativos.
