Con la idea de fortalecer la transparencia en el registro de empresas con sede fuera del país, la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba modificó este martes tres artículos del régimen aplicable a sociedades extranjeras.
Lo hizo mediante la Resolución General N° 22 Letra T, publicada en el Boletín Oficial provincial.
Las reformas alcanzan los artículos 126, 127 y 135 de la Resolución General 3 “T”/2023, que regula cómo pueden inscribirse y operar estas entidades en el ámbito cordobés.
Los cambios apuntan a restringir las inscripciones ficticias, prevenir el uso de sociedades como vehículos de lavado de activos y reforzar el cumplimiento de las exigencias de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Entre las novedades, se exige ahora que las sociedades acrediten su actividad principal en el exterior mediante documentación respaldatoria más rigurosa. También deberán detallar el origen de los fondos de sus representantes en el país, y aportar constancia oficial de vigencia emitida por la autoridad del país de origen, con traducción oficial si fuera necesario.
La medida impacta directamente sobre estudios jurídicos, contables y agentes del sector inmobiliario o financiero que operan con firmas extranjeras.
Según fuentes del sector, implicará más controles, más plazos y mayores costos operativos, pero también una depuración del registro que hasta ahora podía ser usado como vía para maniobras societarias de dudosa legalidad.
En detalle
Respecto de la inscripción de sociedades extranjeras (art. 126), antes (según la resolución general 3/2023), se permitía como prueba de actividad principal fuera del país documentos como balances o comprobantes de actividad. Ahora (con la RG 22/2025), se exige acreditar actividad en el extranjero con información más precisa y vinculada a documentación original, fortaleciendo los controles para evitar inscripciones ficticias.
Sobre la información del representante legal (art. 127), antes se requería la designación sólo con copia certificada del nombramiento. Ahora, se agrega la obligación de detallar el origen de los fondos, en sintonía con los lineamientos del sistema de prevención de lavado de activos (UIF y CNV).
Respecto de la subsistencia de la sociedad extranjera (art. 135), antes bastaba una declaración del apoderado o representante. Ahora se exige una certificación oficial emitida por la autoridad competente del país de origen que acredite la vigencia legal de la sociedad, con traducción oficial si es necesario.
