Con 13.160 agentes –6.102 de estos contratados– el sistema de salud público de Córdoba representa el 10,2 por ciento del total de la planta de personal de la Provincia, un número proporcionalmente mayor al de junio de 2018, para hacer una comparación de un lustro, cuando había 11.739 empleados que representaban el 9,1% del total.
La reforma sanitaria que encaró Martín Llaryora a días de asumir impacta en el colectivo, que mostró resistencia instantánea y hará su primera muestra de fuerza el miércoles, en el marco del paro general.
Son trabajadores y profesionales que jaquearon al gobierno anterior cuando salieron a las calles a protestar inorgánicamente por los bajos salarios y lograron una importante recomposición, pero también adquirieron músculo político.
Es un antecedente que tiene lecturas opuestas: para el Gobierno, tras la nueva escala salarial cerrada a fines de 2022, trabajadores y profesionales de la salud pública quedaron en mejores condiciones que sus colegas del sector privado. Para los equipos de salud, aquella dinámica les hizo ganar músculo político para enfrentar al Gobierno provincial.
Cambio de paradigma
El gobernador Llaryora y su ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, quien viene de gestionar el hospital Privado, empresa que gerencia el hospital Ferreyra y otras clínicas satélite para afiliados de la Apross, pretenden poner en discusión tres variables: la salarial, la de productividad del personal y la burocracia del sistema, otorgándoles a los directores mayor poder de fuego: recursos financieros para contratar de manera directa personal eventual y servicios.
El primer punto es el presupuesto de ese Ministerio que tiene bajo su ala 42 hospitales, una red de dispensarios y centros de tratamiento, con un presupuesto de 427.553 millones de pesos para este año. Ese monto tuvo un incremento de 106 por ciento en relación a lo que se ejecutó en 2023, cuando la Provincia invirtió en Salud 207.831 millones de pesos.
Se trata, en el cálculo inicial, de un incremento: ocurre que el presupuesto provincial se hace sobre la pauta del nacional, que a fin del año pasado estimó una inflación del 96%. El Gobierno busca mostrar que el sector está entre las prioridades de Llaryora, quien, sostiene la Provincia, “decidió elevar el porcentaje 10 puntos respecto la pauta nacional, cerrándolo en 106%, garantizando que no haya ningún ajuste”.
Con la escalada inflacionaria de diciembre y la prevista para enero, los gremios consideran que el achicamiento está a la vuelta de la esquina. El año pasado, el presupuesto de Salud fue de 139.474 millones y terminó en 207.830 millones, un incremento por debajo de la inflación. Llaryora promete que en su gestión se harán “las adecuaciones y rectificaciones presupuestarias” para que no haya un ajuste de hecho.
Para empoderar a los directores de hospitales, Llaryora dio un fuerte discurso que encendió todas las alarmas en los equipos de salud: “No vienen las enfermeras, el médico atiende siete, ocho, diez (pacientes). ¡Se acabó! Se acabó porque no le debemos nada a nadie”, dijo el gobernador.
Hasta el Consejo Médico de Córdoba advirtió que la posición del gobernador es “injusta y reduccionista” que tendría como destino “estigmatizar” al sector público. La posición de la institución –que otorga la matrícula para el ejercicio– no es inocua entre los profesionales.
La Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) insistirá con ese punto: denunciará que hay una “campaña de desprestigio” para no hablar de ajuste y favorecer negocios con los privados. También recordará que el flamante ministro viene de ese sector.
Descentralización operativa
La herramienta para empoderar a los directores es el Programa de Fortalecimiento Hospitalario que tiene un fondo de 7.700 millones de pesos anuales para los 42 equipos directivos. Es un porcentaje mínimo del presupuesto: 1,8%
Esa partida se conforma con el redireccionamiento de recursos que ya existen en el Estado. Los nuevos recursos serán unos 2.200 millones de pesos al año. El resto de los recursos ya existen.
La piedra basal del fondo es la gestión del recupero de obras sociales, que prevé recaudar 6.644 millones de pesos. De ese total, 4.651 millones debería conformar esa caja. En otras palabras, el esquema de recupero representa el 70 por ciento del nuevo fondo.
Sin embargo, en 2023 la Provincia no recuperó casi un 30 por ciento de lo previsto, por lo que de permanecer esa tendencia sería un problema, en particular porque se prevé que el sistema público tendrá mayor demanda por la caída de afiliados a prepagas.
En ese marco, el Gobierno anticipó que “para poder mejorar el recupero es fundamental que los equipos médicos cumplan con la carga digital y realicen la historia clínica digital de cada paciente, lo que no sólo permite eficientizar la atención médica y darle trazabilidad al paciente, sino también mejorar los recursos del hospital, ya que el recupero depende 100% de la carga digital”.
Como una zanahoria para los directores, el Gobierno insistirá que el recupero está atado “a una mayor productividad, menor ausentismo y carga digital de datos, ya que si no se carga la historia clínica digital no hay posibilidad de incrementar el recupero”.
“El 70% de lo que se recaude por cada uno de los hospitales (por recupero de obras sociales) queda en sus propias cuentas para estar disponible para la gestión hospitalaria: cuanto más se facture, más va a percibir”, advierten en el Gobierno a la hora de defender el “nuevo paradigma” en el cual “los directivos tendrán gobernanza: facultades dentro de la organización de sus recursos humanos y manejar situaciones que antes se resolvían desde el Ministerio”.
Dentro del Programa de Fortalecimiento Hospitalario el Gobierno tiene dos objetivos respecto de los recursos: eficiencia en la facturación para incrementar los volúmenes y acortar los periodos de pago para conseguir el 100% de lo presentado en tiempo y forma.
Directores empoderados
Con este “nuevo paradigma” se busca que los directores tengan “plenas facultades para resolver situaciones que se le presentan a diario”, por lo que podrán ejecutar obras de menor envergadura, comprar insumos y medicamentos de uso diario permitiendo así agilizar la atención hospitalaria y no afectar los servicios por causas menores.
El grueso de la compra de medicamentos, los grandes equipos y las obras de infraestructura seguirán a cargo del Ministerio.
Cada hospital contará con un fondo de 50 millones de pesos que los directores recibirán durante los primeros seis meses. Este monto se irá renovando en la medida en que es rendido y el monto puede variar de acuerdo al volumen de la atención y la demanda.
