Con la salida de Claudio Vignetta del Gabinete del intendente Daniel Passerini, la Secretaría de Seguridad y Prevención Comunitaria de la Municipalidad de Córdoba pasó desde este lunes a depender de la Justicia Administrativa de Faltas, a cargo de Juan Manuel Aráoz desde el inicio del ciclo de Hacemos Unidos por Córdoba en el municipio capitalino.
Con esto, la Guardia Urbana, principal innovación en materia de gestión municipal, cambia su lugar en el organigrama, y en el mediano plazo también tendrá modificaciones operativas. Tanto desde el Palacio 6 de Julio como desde la Provincia ratificaron la continuidad del esquema y recalcaron que hay una evaluación muy positiva de la articulación entre el cuerpo municipal y la Policía de Córdoba.
Tanto Vignetta como el municipio informaron que la renuncia se debió a razones de índole personal, aunque la figura del exsecretario había quedado vinculada al escándalo por la compra de los uniformes de la Guardia Urbana, un episodio de sobrecostos que obligó a la anulación de la respectiva licitación y empañó el lanzamiento del nuevo cuerpo.
Con la salida de Vignetta, operativamente la Guardia Urbana será conducida por quienes lo sucedían en el organigrama, el subsecretario Walter Moyano y el director general de Defensa Civil, Pablo Altamirano, aunque ahora funcionalmente el cuerpo estará en la órbita de la Justicia de Faltas.
Aún no está definido si el pase de la Guardia Urbana a la Justicia de Faltas será transitorio o definitivo.
La administración Passerini hace una fuerte apuesta al esquema de control urbano, se apresta a una modificación sustancial del Código de Convivencia y pretende avanzar hacia un esquema de Justicia municipal que incluya fiscalías además de Juzgados administrativos. También apunta a un perfil de la Guardia Urbana más cercano a ese esquema de control municipal que a un rol eminentemente policial.
En esa tarea tendrá participación en la asistencia técnica el Instituto de Seguridad y Convivencia que depende del Copec, encabezado por José Emilio Graglia.
Defensa del esquema GUM
Desde el Panal hay una cerrada defensa de las Guardias Urbanas Municipales. En el Ministerio de Seguridad evalúan positivamente la articulación que se da en la Capital con la Policía y recalcan que hay numerosas funciones, en especial el control de la noche y el monitoreo de las grandes avenidas, que mejoraron sustancialmente con la implementación de ese esquema hace poco más de un año.
En la Capital la Policía también hizo una apuesta fuerte al programa Ojos en Alerta, que ya está funcionando en 20 barrios de la ciudad. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad en colaboración con la Policía Barrial, busca mejorar la respuesta ante emergencias y prevenir delitos mediante una comunicación directa entre los vecinos y los operadores de seguridad a través de WhatsApp.
Recalcan también el avance en los municipios del interior, donde más de 300 municipios ya adhirieron a la ley de Seguridad y pusieron en marcha sus propias Guardias Urbanas, o están a punto de hacerlo.
El último municipio que firmó el acuerdo con el Ministerio de Seguridad es Río Tercero, donde gobierna Marcos Ferrer, titular de la UCR provincial. Se trata de un caso políticamente significativo, ya que el radicalismo mantiene una posición muy crítica de la política de seguridad de Llaryora y cuestiona en la Legislatura el concepto de las Guardias Urbanas Municipales.
Para la conformación de esos cuerpos, la Provincia aporta los móviles, las armas de baja letalidad y la capacitación del personal. Los municipios deben pagar los sueldos de los agentes que conforman las guardias.
En el caso de la Municipalidad de Córdoba, la Guardia Urbana está integrada por 400 efectivos capacitados y 70 móviles en la calle, que diariamente hacen el patrullaje preventivo de 37 corredores de manera coordinada con la Policía.
