Argentina debería alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para modificar las metas fiscales comprometidas en su momento y financiar también la caída de recursos en dólares producto de la sequía.
El escenario no tiene demasiadas chances de ser otro, según un análisis del Instituto Argentino de la Realidad Fiscal (Iaraf). “Sería razonable que lo antes posible se adecuen consistentemente los principales criterios acordados, generándose la mayor previsibilidad alcanzable en un contexto tan negativo como parece ser el derivado de la sequía”, indica un análisis de la consultora que dirige Nadin Argañaraz.
Explicó que para este año el sector público nacional no financiero tiene acordado el compromiso de obtener un déficit primario de 1,9% del PIB, lo que implica un esfuerzo de 0,5 puntos porcentuales del PIB, partiendo de un déficit de 2,4% del PIB en 2022.
Del análisis del presupuesto y de las proyecciones del FMI, surge que el camino a transitar implica una baja de 1,4 puntos porcentuales de los ingresos totales, en el escenario sin sequía. Por ende, el gasto primario tiene que reducirse en 1,9 puntos porcentuales, obteniendo así los 0,5 puntos porcentuales necesarios para lograr la meta.
Sin sequía, los ingresos totales caerían este año un 4,4% real y los gastos deberían hacerlo en un 6% real. “El esfuerzo luce significativo”, destacó el Iaraf. Si a ello se agrega la caída de ingresos tributarios por sequía, la reducción necesaria del gasto debería ser “mucho mayor”.
En este escenario, los ingresos totales caerían 1,9 puntos porcentuales del PIB y el gasto primario tendría que hacerlo en 2,4 puntos porcentuales del PIB. En términos reales, los ingresos caerían 7% y el gasto debería hacerlo un 8,5%.
Una nueva meta
Dados los posibles efectos económicos y sociales, “sería consistente que el FMI adapte la meta fiscal a la sequía, ubicándola por encima del 1,9% del PIB”, indicó el Iaraf.
“La nueva meta podría ser de 2,4% del PIB, considerando que la severidad de la sequía anticipa una 5 pérdida mínima de ingresos fiscales para el Tesoro nacional de 0,5 puntos porcentuales del PIB”, destacó.
Pero con eso solo no alcanza. “Adicionalmente, el FMI debería financiar de manera extraordinaria los U$S 4.000 millones de impacto fiscal”. “De esta forma, ya que los fondos vendrían del exterior, se amortiguaría el efecto contractivo de la sequía sobre la economía y, consecuentemente, disminuiría la probabilidad de incumplimiento del acuerdo ante la sequía”, remarcó.
Dado que actualmente se está en pleno proceso de desembolsos y pagos al FMI, el préstamo adicional que brinde el organismo podría disminuir los pagos de deuda del segundo y tercer trimestre en US$4.000 millones.
El efecto sería que este año se mantendría con igualdad entre desembolsos y pagos, en lugar de los pagos netos previstos originalmente.
“La meta de reservas netas debería ser adecuada en línea con el impacto de la sequía en los dólares del BCRA y el flujo de dólares requerido por la economía para su funcionamiento. Esta meta de reservas netas excede al impacto de la sequía en las cuentas públicas nacionales”, fundamentó.
