La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) y la Asociación Bancaria de Córdoba se unieron en el reclamo para exigir al Gobierno provincial la eliminación de los aportes jubilatorios extraordinarios a la Caja de Jubilaciones de Córdoba que los estatales vienen realizando desde diciembre de 2023, a partir de la implementación de la Ley de Emergencia que impulsó el gobernador Martín Llaryora.
Por otro lado, los dos gremios que representan a los trabajadores judiciales provinciales, del Banco de Córdoba, Caja de Jubilaciones y otras cajas profesionales, también reclaman el fin del diferimiento jubilatorio y el gravamen al doble beneficio previsional, artículo 58, de la ley 10.694.
Ambos gremios impulsarán medidas de fuerzas de manera conjunta, que se resolverán en asambleas de las dos entidades gremiales.
El titular de La Bancaria de Córdoba, Ezequiel Morcillo, y del gremio de los judiciales provinciales, Federico Cortelletti encabezaron este miércoles una reunión de trabajo con el objetivo de analizar medidas de acción para reclamar que se elimine la Ley de Emergencia, que significó una suba del 4% de aportes para la Caja Jubilaciones y un 1% para la Apross.
En el caso de los bancarios y los judiciales, pasaron de aportar a la Caja un 18% al 22%. Este aumento en los aportes comenzó a aplicarse a través de la Ley de Emergencia que entró en vigencia durante el primer mes de la gestión llaryorista.
En la reunión de los dos titulares de los gremios se evaluó el lanzamiento de medidas protestas de manera conjunta.
También habrá una convocatoria para sumar a otros sectores afectados por los aportes extraordinarios. “Se trata de descuentos desproporcionados que los trabajadores estatales vienen soportando, sin que ello signifique en una mejora en las condiciones de los jubilados estatales”, señaló el documento que lleva la firma de Cortelletti y Morcillo.
El titular de La Bancaria cuestionó la decisión del gobernador Llaryora de mantener la Ley de Emergencia que aumentó los aportes de los sectores estatales.
“Escucho que el gobernador de Córdoba cuestiona el ajuste de los jubilados nacionales, que es real, por parte de la gestión libertaria, pero en Córdoba también hubo un ajuste muy fuerte en los salarios de los trabajadores estatales y los haberes de los jubilados provinciales”, señaló el gremialista bancario.
Por su parte, Cortelletti, también se mostró crítico de la política previsional de la Caja de Jubilaciones. “Hasta diciembre de 2023, los trabajadores judiciales de Córdoba aportábamos un 18% a la Caja de Jubilaciones. Desde diciembre de 2023, ese descuento se fue al 22%, más un aporte extra del 1% para la Apross, que presta un atención muy deficiente a los trabajadores y jubilados”, señaló el titular del gremio los judiciales provinciales.
Baja del consumo
Según surgió de la reunión que convocó a dirigentes gremiales de La Bancaria y los judiciales, entre los afiliados de ambos gremios hubo “una sensible baja en el consumo de bienes básicos como alimentación, indumentaria, esparcimiento, así como el aumento del nivel de endeudamiento y refinanciación de deudas de las familias trabajadoras”, señalaron los gremios.
Los gremios también cuestionaron la decisión del Gobierno nacional de dejar enviar aportes para la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
Luego de una disputa judicial en la cual intervino la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno provincial acordó con la Anses el pago de cinco mil millones de pesos mensuales, cuando según los números de la Caja de jubilaciones, el organismo nacional debería girar 20 mil millones de pesos mensuales.
“Si bien es público el estrangulamiento financiero que la Nación practica sobre las provincias -al retacear o negar fondos que por ley corresponden, como es el caso de la Caja de Jubilaciones de Córdoba-, el ajuste no puede recaer únicamente sobre los trabajadores y jubilados provinciales”, coincidieron ambos gremios, que además reclamaron que finalice la intervención de la Caja de Jubilaciones y que vuelva a ser administrada por representantes sindicales.
En este sentido, el gremio de los judiciales y La Bancaria cuestionaron una de las banderas del cordobesismo: la eliminación de las retenciones al sector agropecuario.
“Resulta un grave contrasentido mantener el recorte salarial a través del aumento de los aportes a los trabajadores y apoyar la baja de retenciones agropecuarias, porque se trata de medidas que benefician a grandes actores económicos de altísimo poder adquisitivo e incluso multinacionales extranjeras”, señalaron los gremios.
“La respuesta ante la crisis no puede ser siempre la misma, ajustar a los que menos tienen. Es necesaria la voluntad política del Gobierno provincial en la defensa de los ingresos populares y buscar alternativas que no sigan dañando el bolsillo de los trabajadores”, sostuvieron.
Los gremio concluyeron: “Vamos a cumplir dos años en esta situación de descuento forzoso, que no es otra cosa que un ajuste disfrazado. Esta medida no puede seguir extendiéndose en el tiempo”, señalaron La Bancaria y el gremio de los judiciales provinciales.
