La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado dictaminó el rechazo del diploma de Lorena Villaverde, senadora electa de La Libertad Avanza (LLA) por Río Negro. El rechazo se formalizó por mayoría, reuniendo 12 de las 19 firmas de la Comisión, aunque la decisión no es vinculante. La votación final que definirá si la libertaria puede asumir o no su banca está programada para el 28 de noviembre en la Cámara alta.
La Comisión emitió dos dictámenes de mayoría: uno aprobando los pliegos del resto de los senadores electos y un segundo dictamen específicamente para el rechazo de Villaverde.
Acusaciones y votos cruzados
La oposición justificó el rechazo basándose en el historial de Villaverde, que incluye antecedentes por una causa de compra de cocaína en los Estados Unidos. Además, se mencionaron sus relaciones con Fred Machado, un ciudadano argentino extraditado para comparecer en una causa donde es acusado de narcotráfico y lavado de dinero.
Los 12 votos en contra del pliego provinieron de una inusual alianza:
- Ocho miembros del peronismo (Unión por la Patria, UP).
- Guadalupe Tagliaferri (PRO).
- Pablo Blanco (UCR).
- Juan Carlos Romero (Cambio Federal).
- Alejandra Vigo (Unidad Federal).
El voto de Juan Carlos Romero fue considerado una sorpresa, dado su enfrentamiento histórico con el kirchnerismo y su cercanía al oficialismo. Romero advirtió que lo de Villaverde “es distinto” a otras impugnaciones y que el Senado no puede tener gente con esa red de contactos. Señaló que Villaverde cometió un delito de venta de droga en EE. UU., cuya pena fue atenuada porque “entregó información”.
El presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, fue categórico al afirmar que Villaverde tiene “comprobado el delito de tráfico y venta de drogas” y no debe estar en el Senado de la Nación. Mayans incluso acusó que la senadora electa “ha comprado una banca” y tiene una relación directa con el narcotráfico. En la misma línea, Pablo Blanco (UCR) declaró que su conciencia le dicta que “alguien que esté relacionada con el narcotráfico no puede formar parte de esta institución”. La senadora Anabel Fernández Sagasti (UP) concluyó que el Senado tiene la “oportunidad de no abrirle la puerta al crimen organizado”.
Otras acusaciones esgrimidas en su contra incluyen vínculos con “gente rara que anda con las drogas,” acusaciones de fraude en el sistema inmobiliario, y amistad con personas que trabajaron con Machado. Romero lamentó que si se hubiera aprobado la ley de “ficha limpia”, esta gente no estaría en el recinto.
La defensa de La Libertad Avanza
Los defensores de Villaverde rechazaron las acusaciones, argumentando que se basan en afirmaciones sin sustento o en asuntos resueltos judicialmente.
El senador del PRO, Luis Juez, se puso del lado de Villaverde. Sostuvo que investigó si lo que se decía era cierto y concluyó que es “absolutamente mentira”, citando resoluciones judiciales que supuestamente investigan el tema. Juez enfatizó que la discusión no se centra en la conducta de Fred Machado, sino en una senadora que ya fue votada previamente como diputada.
Por su parte, el libertario Juan Carlos Pagotto citó el artículo 55 de la Constitución Nacional, argumentando que “no nos da la facultad para introducirnos en las condiciones morales de nadie”. Pagotto consideró que la impugnación debe basarse en la objetividad y la prueba, y señaló de manera polémica que “todos los políticos viajan en aviones privados”.
Esta defensa provocó la respuesta de Guadalupe Tagliaferri (PRO), quien criticó la “doble vara de la moral”, asegurando que “No da lo mismo tomar un avión narco que uno no narco”.
Ezequiel Atauche, el actual presidente del bloque de LLA, defendió el respeto al electorado, indicando que hay senadores que están utilizando este espacio para un “show mediático”. Atauche afirmó que no existe ninguna “inhabilidad sobreviniente,” que los títulos de Villaverde son válidos, y recordó que la Corte Suprema ya se expresó sobre este tema.
Contrincantes en la mira
En un movimiento estratégico, La Libertad Avanza anunció que presentaría un dictamen de minoría para aprobar el diploma de Villaverde, y otro dictamen adicional para rechazar los pliegos de Jorge Capitanich y Martín Soria. Esta acción se enmarca en lo que una fuente describió como una movida previa de Patricia Bullrich en el Senado, quien buscó impugnar a Capitanich y Soria (ambos del PJ) para proteger a Villaverde.
Ahora, el futuro de Lorena Villaverde pende de la votación que se realizará el 28 de noviembre en el recinto. Juan Carlos Romero advirtió que la situación es una “cuestión de preservación del sistema”, comparando la situación con el caso en Colombia donde a Pablo Escobar no se le permitió ingresar como diputado.
