El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó un informe estadístico que revela el retorno de las privaciones que afectan a la infancia argentina. El estudio destaca las deudas sociales que limitan el desarrollo de los niños y niñas, señalando que estas deudas han vuelto a los niveles previos a la pandemia, lo que evidencia la naturaleza estructural de las carencias y desigualdades sociales.
Según el informe, 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes de hasta 17 años en Argentina viven en la pobreza, lo que representa 8,2 millones de personas. Además, más de 4,2 millones de niños y niñas experimentan problemas de alimentación.
El informe de la UCA sobre la pobreza en Argentina
El informe aborda diferentes dimensiones de los derechos de los niños y niñas, con el objetivo de ofrecer un diagnóstico preciso de las principales deudas sociales y desigualdades sociodemográficas, socioeconómicas y regionales urbanas. Estas dimensiones incluyen la alimentación, la salud, el hábitat, la subsistencia, la crianza y socialización, la información, la educación y las protecciones especiales relacionadas con el trabajo infantil.
En cuanto al derecho a la alimentación, el informe revela que la inseguridad alimentaria ha aumentado un 44% entre 2010 y 2022, con un deterioro especialmente pronunciado en los últimos cinco años.
Durante la pandemia de 2020, se alcanzó el peor momento, con una tasa de inseguridad alimentaria del 37,2%. Aunque ha habido cierta mejora en los últimos dos años, todavía un tercio de la población infantil sufre privación alimentaria en el segundo semestre de 2022.
La inseguridad alimentaria severa, que implica que los niños y niñas pasen hambre debido a la falta de comida, ha experimentado un aumento significativo en los últimos cinco años, llegando al 15% en 2020.
Sin embargo, ha habido una progresiva recuperación, alcanzando el 12,4% en 2022. Se destaca que las ayudas alimentarias directas e indirectas, como los comedores escolares y comunitarios, han aumentado su cobertura y han llegado al 59% de la población infantil en 2022.
A pesar de estos esfuerzos, erradicar el hambre sigue siendo una meta compleja debido a la inestabilidad del mercado laboral, la alta informalidad y la creciente inflación.
Además, existen desigualdades sociales y regionales significativas, como el hecho de que un niño o niña en el 25% más pobre tiene 17 veces más probabilidades de sufrir privación alimentaria que un par en el 25% superior. Estas desigualdades son especialmente pronunciadas en el Conurbano Bonaerense y las principales áreas metropolitanas del país.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA UCA) publicó el documento estadístico: “Retorno a la senda de privaciones que signan a la infancia argentina. Las deudas sociales con la infancia se retrotraen a los niveles prepandemia, marcando lo estructural de las carencias y desigualdades sociales que condicionan su desarrollo”.
El informe recorre diferentes dimensiones de derechos de los NNyA, procurando ofrecer un diagnóstico preciso de la evolución de las principales deudas sociales y desigualdades sociodemográficas, socioeconómicas y regionales urbanas, asociadas a cada dimensión de derechos en el período 2010-2022: 1) Alimentación, 2) Salud, 3) Hábitat, 4) Subsistencia, 5) Crianza y socialización, 6) Información, 7) Educación y 8) Protecciones especiales: trabajo infantil.
Derecho a la salud
El ejercicio del derecho a la salud es complejo y multidimensional porque se trata de acceder a la atención de la salud, pero también de gozar de buena de salud.
Como es tradición en el marco de los estudios del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, se ofrece una aproximación parcial al fenómeno y vinculada al déficit de acceso a la atención de la salud clínica preventiva y odontológica de tipo preventiva. También se considera un indicador de cobertura que no es valorado como un déficit, pero sí como un desafío de atención por parte de los servicios estatales de salud.
Justamente, cabe reconocer primero que los servicios estatales de salud tienen el desafío de ofrecer oportunidades de atención de la salud preventiva al 58,4% de la población de NNyA en el país urbano. Cada vez el desafío de cobertura es mayor y ello sin dudas guarda correlato con la situación de precariedad e informalidad laboral de los progenitores. Este desafío de atención es mayor entre los más vulnerables donde llega a el 80 y 90% según el estrato social que se considere. Asimismo, se ubica por encima del promedio nacional en el Conurbano Bonaerense y áreas metropolitanas del interior.
Más allá de este dato estructural que marca la responsabilidad de los Estados en términos de ofrecer estructuras de oportunidades en la atención preventiva de la salud del niño/a sano, una proporción que se estima en un 18,4%, en 2022, no realizó una consulta médica a un pediatra o clínico en el último año. Este nivel de incidencia representa una fuerte recuperación en relación a los elevados niveles de déficit de la pandemia y postpandemia 2020 y 2021, y un retorno al momento previo. El déficit de atención se eleva por encima del promedio en la adolescencia, a medida que desciende el estrato socioeconómico y en la población del Conurbano Bonaerense.
La atención de la salud odontológica es un claro problema que de modo progresivo ha empeorado alcanzando sus máximos niveles de déficit en la pandemia donde el 65% de los NNyA entre 3 y 17 años no consultaron por su salud bucal.
El regreso a los consultorios odontológicos fue paulatino y recién en el segundo semestre de 2022 se llega a niveles similares a los prepandemia, pero aún por encima de los mismos (44,9%). Se trata de un déficit de tipo estructural y que salvo en pandemia suele mantenerse muy estable. Las desigualdades son sociales, regionales, pero también por ciclo vital. La consulta al odontólogo es menos frecuente en los primeros años y en la adolescencia. El déficit de atención se ubica muy por encima del promedio en el Conurbano Bonaerense.
Derecho a la información
En este sentido, hay tendencias contrapuestas. Por un lado, se advierte con claridad una tendencia a no leer textos impresos y no tener libros en casa.
Sin embargo, el mayor valor de la serie se registró en la pandemia donde parece haber mermado la circulación de libros y aumentado la exposición a pantalla en un mayor detrimento del comportamiento lector de textos impresos. No obstante, en el último año cambia la tendencia con leves recuperaciones que aproximan la incidencia al momento prepandemia. Aun así, se estima que, en 2022, el 66% de los NNyA no contaba con libros en su casa, y 55% no leía textos impresos de modo habitual.
El déficit de acceso a una computadora también es persistentemente elevado. Se estima que, en 2022, el 53% de la población de NNyA no tenía una PC en su casa, y un 55% no tenía un celular propio. Si bien se observan diferencias por grupo de edad, y estratos socioeconómicos, es relevante reflexionar sobre los recursos de acceso a la información de las nuevas generaciones.
El acceso a servicio de internet (datos) y el uso de internet por parte de los NNyA ha mejorado mucho a lo largo del tiempo. Efectivamente, cada vez más niños/as y adolescentes acceden a la internet. Muy probablemente, a través de un celular que no es propio en la mayoría de los casos. Lógicamente, con diferencias según la edad y la situación socioeconómica, y también regional.
La pandemia y sus correlatos educativos tuvieron un alto impacto en esta tendencia positiva. Los hogares orientaron recursos a adquirir servicios de internet y conectividad. Se estima que, en 2022, un 25% de los NNyA entre 5 y 17 años no tiene conectividades ni usa internet de modo habitual, y esa incidencia cae al 12% en la adolescencia (20% no tiene celular propio).
Derecho a la educación
El ejercicio del derecho a la educación es complejo de definir conceptualmente y medir. Se pueden considerar indicadores de escolarización, de oferta, y de resultados. Lo cierto es que los Estados argentinos tienen un desafío de cobertura muy elevado y que viene incrementándose especialmente tras la pandemia.
Se estima que el 83,5% de los NNyA entre 6 y 17 años asisten a una escuela de gestión estatal. Este desafío es algo mayor en la educación primaria que en la secundaria. Y, claro está a medida que desciende el estrato social y en el interior del país. Aunque cabe señalar que en lo coyuntural la demanda de educación estatal parece haber aumentado especialmente en la Ciudad de Buenos Aires.
Si bien, se han registrado retrocesos en indicadores de escolarización, es más notable en la educación inicial e incluso en sectores sociales medios.
Se advierte mayor capacidad de recuperación en indicadores de escolarización de las escuelas de gestión privada que en las estatales, pero en la educación primaria y secundaria.
Lo que se ha deteriorado y no ha logrado retornar a los niveles prepandemia son las ofertas educativas en el campo de la extensión de la jornada, la enseñanza de computación e idioma extranjero en la educación primaria.
Específicamente, el 92,5% de la población escolarizada en la educación primaria asiste a una escuela de jornada simple. Si bien presenta diferenciales sociales, de tipo de gestión y región, es clara su generalización y el retroceso que significó la pandemia, aunque siempre se estuvo muy lejos de la meta del 30% de educación extendida priorizando a los sectores sociales más vulnerables.
La oferta de enseñanza de computación también retrocedió en su oferta y se estima que, en 2022, el 65% de los niños/as escolarizados en la primaria no recibían este tipo de oferta. En este caso las diferencias entre educación de gestión privada y estatal son muy amplias y en el caso de los primeros retornaron a niveles similares a la prepandemia, aunque algo más elevados en términos del déficit, agrega el informe publicado.
