Un día después que el Suoem cortara la avenida General Paz en la mañana del martes, y abriera la duda sobre el protocolo “anti-piquetes” en Córdoba, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, cuestionó con dureza el reciente fallo de la Cámara de Acusación que absolvió a seis dirigentes sociales acusados de impedir el tránsito en la misma intersección (pero en abril de 2023).
Para el funcionario, la decisión judicial dejó a la Policía provincial en una situación de “incertidumbre jurídica” y exige con urgencia una “ley de fondo” que regule las protestas en la vía pública.
El fallo, dictado en abril de este año por los camaristas Carlos Salazar, Maximiliano Davies y Patricia Farías, consideró que la protesta por la que habían sido imputados los dirigentes del Polo Obrero y otras organizaciones se encuadraba dentro de una “restricción tolerable” del tránsito.
Además, los jueces remarcaron la falta de una normativa legal que defina con precisión los límites para la intervención policial en manifestaciones.
“Ha habido un punto de inflexión hace pocas semanas. La Cámara de Acusación dejó claro cuál era su posición respecto a las marchas. Sobreseyó a las personas imputadas, planteó qué era una restricción tolerable de la circulación y también le marcó a la Policía cómo tiene que accionar, lo que la dejó en un marco de incertidumbre jurídica que debe ser zanjado”, afirmó Quinteros en declaraciones a Cadena 3.
En ese marco, el ministro insistió en que Córdoba necesita una ley específica que delimite con claridad el ejercicio del derecho a la protesta, en equilibrio con otros derechos.
“Si me preguntan, creo que hay que ponerle una ley antipiquete que deje absolutamente reglamentado el derecho a protestar. Porque el derecho a la protesta es constitucional, pero por arriba de ese derecho está el de la gran mayoría que quiere circular, llevar a sus hijos al colegio y vivir con normalidad”, subrayó.
Suoem
La polémica resurgió tras una nueva manifestación del gremio municipal Suoem, que el martes pasado bloqueó el cruce de Colón y General Paz en una protesta contra el intendente Daniel Passerini.
La situación, similar a la que motivó el fallo de la Cámara, provocó malestar entre vecinos y comerciantes de la zona céntrica.
Quinteros planteó que el fallo judicial deja sin herramientas claras a los efectivos policiales y fiscales que deben intervenir en la calle. “Imagine a aquel policía que intervino en esa acción (la del Polo Obrero), y al fiscal que decidió la imputación: ¿en qué posición quedan cuando tienen que volver a actuar en situaciones similares?”, se preguntó.
Y agregó: “La pregunta que me hago, y que nos hacemos todos, es qué consideramos ‘tolerable’. Lo del martes, ¿fue tolerable o no? ¿Por una hora? ¿Por algunos minutos?”
El ministro también apuntó que la Policía siempre pone en conocimiento al fiscal de turno ante una marcha, y que es este quien da las instrucciones. Pero advirtió: “No podemos seguir con un protocolo del aire. Tenemos que debatir en serio una ley antipiquete”.
Mesa
En su visión, la seguridad es una “mesa de tres patas” que exige coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. “Hoy ese marco no existe. Queda todo a la discrecionalidad. Cuando el fiscal le dice al policía: ‘Déjenlos marchar’, ¿qué hace el policía? ¿Los detiene?”, se preguntó.
Pese a sus críticas, Quinteros dejó en claro que la Policía actuará cuando lo considere necesario. “Ante una situación flagrante, nuestra Policía va a actuar. Dentro del marco de la ley. Lo que no podemos permitir es que estas protestas, que no lo digo yo, tienen como objetivo hacer un ‘quilombazo’, molesten la vida a cientos de miles de personas”, afirmó.
Y cerró con una advertencia: “Si no hay leyes claras y no hay respaldo judicial, los que van a terminar imputados van a ser los policías. Y no sé si habrá una Cámara que los sobresea”.
