Uno de los temas de conversación en la reunión de la semana pasada entre el presidente argentino Alberto Fernández y su par estadounidense, Joe Biden, fue el de los desarrollos del litio que se están poniendo en marcha en el norte argentino, y cómo se espera que esta minería alcance un importante desarrollo en los próximos años.
El litio se ha transformado en uno de los minerales que más polémica e intereses despierta en el mundo, debido a que cada vez se lo necesita más en la fabricación de baterías para celulares, tablets y computadoras portátiles. Además, se ha generalizado su uso en los nuevos vehículos eléctricos e híbridos.
Se sabe que el litio es un recurso abundante en la Tierra. Pero, al mismo tiempo, son muy pocos los depósitos con niveles de concentración suficientes para su explotación.
Argentina: quiénes son los dueños del litio
En nuestro país, cada vez se habla más de este tema porque Argentina es uno de los cuatro productores mundiales más grandes de derivados del litio.
Nuestro territorio es uno de los integrantes del llamado “Triángulo del litio”, junto con Chile y Bolivia, que reúne un 65% de los recursos del planeta. Con Chile, Argentina produce hoy el 30% del litio en el mundo. Y se calcula que Argentina sola tiene el 20,5% de las reservas internacionales.
En la actualidad, existen 38 proyectos para extraer litio en Argentina, pero hasta ahora sólo dos de ellos, instalados en Jujuy y Catamarca, producen y exportan los productos derivados de este mineral: carbonato y cloruro de litio.
Cuatro fondos de inversión entrelazados
La red nacional Ruido –integrada por periodistas y especialistas en manejo de datos–, junto con Fundeps y con el apoyo del programa Opening Extractives (que desarrollan la organización Open Ownership y la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, Eiti por sus siglas en inglés), publicaron este lunes una investigación que releva la legislación que rige para aquellos dos emprendimientos provinciales en el norte argentino.
El proyecto Fénix, en Salar del Hombre Muerto, Catamarca, es operado por la empresa estadounidense Livent. La firma fue denunciada en julio de 2022 por la Dirección de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), por presunta subfacturación en más de 400 ventas de litio al exterior, lo que le habría implicado al fisco nacional un desfalco de más de ocho millones de dólares.
Por estas maniobras, le impusieron una multa de U$S 6.600 millones. Livent negó la acusación.
El segundo emprendimiento en Argentina es Sales de Jujuy (en el salar de Olaroz), sociedad integrada por la australiana Allkem (con 66,5 por ciento de las acciones), la japonesa Toyota Tsusho (25%) y la empresa estatal Jemse (8,5%), de la provincia norteña.
Los principales propietarios de acciones de Livent son Blackrock y Vanguard, dos de los fondos de inversión más grandes del mundo. Ambos están radicados en Estados Unidos.
En el caso de Allkem, sus principales accionistas son las empresas bancarias y financieras JP Morgan (EE.UU.) y HSBC (Reino Unido).
A su vez, estos cuatro fondos (Blackrock, Vanguard, JP Morgan y HSBC) son accionistas cruzados entre ellos, de manera que componen un complejo entramado societario que, de manera directa o indirecta, los coloca como principales beneficiarios de los dos proyectos que hoy extraen y exportan litio desde Argentina.
Un dato muy llamativo es que estos cuatro fondos son tenedores de bonos de la deuda externa argentina. Esa misma condición se encontró en al menos tres propietarios de acciones de Allkem (JP Morgan Investment Management, HSBC Investment Funds y BNP Paribas Asset Management) y en al menos siete casos de Livent (además de Blackrock y Vanguard, Wellington MGMT, Morgan Stanley Investment, Invesco Multi Asset Income, Federated Hermes Emerging Market Debt Fund y Northern Multi Manager Emer MKT Debt Opportunity Fund).
Los nombres de los reales beneficiarios
Una pregunta clave es si es posible acceder a los nombres particulares de los principales beneficiarios finales de estas empresas. En Argentina no existe una política clara relativa a la solicitud de información sobre quiénes son las personas beneficiarias finales de las empresas.
Para acceder a esta información, es necesario consultar los balances y los reportes anuales empresariales. Analizados los de Allkem, Livent y sus principales accionistas (Blackrock, The Vanguard Group, HSBC Group y JP Morgan), sí surgen nombres propios de autoridades y de directivos que recibieron dividendos como propietarios de acciones de ambas empresas.
Sin embargo, estos nombres representan un porcentaje mínimo del paquete accionario (menos de uno por ciento, si se suman todos los nombres y en todas las empresas analizadas) y no se registran detalles de cómo se distribuyen los dividendos entre los principales propietarios, que son los grandes fondos de inversión y las empresas mencionadas.
Por ello –resalta el informe de Ruido y el resto de las organizaciones– es necesario efectivizar políticas que garanticen un adecuado y completo acceso a esta información, que estén a la altura de los desafíos actuales, como en el caso de empresas constituidas por fondos de inversión, donde, entre otras cuestiones, fluctúan sus titulares.
Jujuy y Catamarca, poco transparentes
El informe publicado el lunes señala que si bien en Jujuy y en Catamarca la legislación relativa a minería está disponible en los sitios oficiales de los gobiernos provinciales, esta resulta de muy difícil acceso y comprensión, en tanto se trata de decenas de leyes nacionales y provinciales, decretos y resoluciones que no están sistematizados ni organizados.
Esto conlleva que los procesos, organismos, métodos, directivas y demás regulaciones provinciales sean de muy difícil entendimiento para la sociedad en general y para las comunidades potencialmente afectadas por los proyectos mineros en particular.
En relación con los dos proyectos específicos que extraen el litio, la información a la que se accede es de muy difícil comprensión debido al lenguaje técnico utilizado por las mineras, así como por el volumen de los estudios e informes. Esta información es, la mayoría de las veces, provista por las empresas mineras, sin la intervención y el control por parte de autoridades provinciales o locales.
Existen reportes anuales con resultados económicos y financieros de Allkem, Livent y Toyota. Pero no es posible acceder a ninguna información de ese tipo en el caso de Jemse, la empresa propiedad de la provincia de Jujuy, socia de Allkem en Sales de Jujuy.
En ningún caso funcionaron las solicitudes de información efectuadas por los organismos autores del informe a distintas dependencias, tanto del gobierno de Catamarca como el de Jujuy.
En el caso de Jujuy, y a diferencia de Catamarca, tampoco se puede acceder al contrato de concesión con Allkem o con Toyota para la extracción de litio en el Salar de Olaroz.
Jujuy es, además, una de las pocas provincias mineras que decidió no adherir por ahora a la iniciativa Eiti de transparencia en la industria extractiva, para impulsar la rendición pública de sus cuentas en la industria minera, pese a que en marzo de 2022 lo hicieron Catamarca, Santa Cruz, Salta y San Juan (Argentina adhirió en 2019). Dado su papel protagónico en esta industria, sería de sumo valor que se incorporara como sus pares de Salta y de Catamarca, destaca el informe.
En Jujuy, además, se dejó sin efecto por el decreto 9.194, del 3 de mayo de 2019, una norma que exigía un análisis extra de los estudios de impacto ambiental sobre los proyectos mineros de primera categoría, como es el litio. Estaba a cargo de un Comité de Expertos para el Análisis Integral de Proyectos de Litio. Aseguran que esa tarea se superponía con la que realiza la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (Ugamp) como órgano consultivo multidisciplinario integrado por diversos sectores.
Qué dinero dejan en Argentina
Por la Ley de Inversiones Mineras de 1993, la producción minera está amparada por un amplio sistema de beneficios y exenciones fiscales, con estabilidad por 30 años, devoluciones de ganancias de los gastos de prospección y exploración, y de IVA por la compra de bienes y servicios destinados a la exploración, entre otros aspectos.
Esta ley establece, además, topes a la percepción de regalías por parte de las provincias que cuentan con proyectos.
En Catamarca, Livent deja el 3,5% sobre el valor de facturación. Ese monto engloba regalías, canon, aportes adicionales y responsabilidad social empresaria. Este último ítem se integra a un fideicomiso para obras de infraestructura, proyectos de inversión o desarrollo productivo.
En Jujuy, las regalías son del 3% sobre el boca de mina (tal como es extraído). De todos modos, están reguladas por la Ley Fiscal N° 5.791, de 2014, que establece en algunos casos un descuento del 1% cuando el mineral o concentrado se industrializa en la provincia.
Es interesante analizar esto a la luz de datos que surgen del Tercer Informe presentado por Argentina ante Eiti, en el que se compara el grado de autonomía en materia de recursos de 10 provincias (Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Rio Negro, Salta, San Juan, Catamarca y Jujuy) sobre los recursos que le redistribuye o transfiere el Gobierno nacional.
Así, en el extremo más bajo entre los que cuentan con recursos propios se encuentran Catamarca y Jujuy, con 15,6% y 12,3%, respectivamente. Es decir que, aun contando estas provincias con los únicos dos proyectos de producción de litio en la actualidad en Argentina, se encuentran al final de la lista en materia de generación de recursos propios y son altamente dependientes de lo que reciben del Gobierno nacional.
En relación con las retenciones que cobra la Nación, para el litio ese valor es de 4,5% de las exportaciones, mucho menos que la soja, principal commodity argentina, que paga entre 30% y 35%.
