Por una casualidad del destino, el nombre de ambos niños suena parecido. El correntino Loan (Peña) sigue desaparecido desde el 13 de junio del año pasado. A Lian (Gael Flores Soraide) se lo busca desde el sábado pasado, en Ballesteros Sud.
Las otras coincidencias son que se trata de dos desapariciones extrañas, que involucran a niños en un contexto de extrema pobreza, y que tienen una profusa cobertura mediática, incluyendo a medios nacionales. Esto genera preocupación en los gobiernos de turno: ocurrió en Corrientes y ahora en Córdoba.
En el Centro Cívico, la gran obsesión es que la investigación de Lian no se convierta en el caso Loan. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se niega a realizar esa comparación, que genera alarma en la gestión del gobernador Martín Llaryora.
“No voy a entrar en detalles de lo que pasó en Corrientes. Sí tengo claro lo que sucede en Córdoba. Son casos incomparables. A la hora que la familia de Lian hizo la denuncia, ya había dos altos jefes policiales en el lugar trabajando en la investigación que ordenó la Justicia”, aclara Quinteros a todos quienes le mencionan el caso del niño correntino que lleva ocho meses desaparecido.
El funcionario llaryorista enumera -de memoria- la interminable lista de medios técnicos, tecnológicos y recursos humanos que se pusieron a disposición de la investigación, que tiene dos fiscales.
La excelente relación personal de Quinteros con su par nacional, Patricia Bullrich, operó para que la Nación también enviara fuerzas federales. Desde la noche del sábado pasado, siempre hay entre 280 y 300 efectivos abocados a la búsqueda de Lian.
Por ahora, la otra coincidencia que tiene la reciente desaparición en Córdoba con la ocurrida el año pasado en Corrientes, es que el niño no aparece. Hay pistas que manejan los fiscales cordobeses, pero mientras Lian no aparezca es un problema para el Gobierno provincial.
Aunque, en la causa de Ballesteros Sud falta algo que generó un escándalo en Corrientes: que se politice.
Hasta ahora, esto no ocurrió en Córdoba, aunque es una carrera contrarreloj. Cuanto más tiempo pase sin novedades concretas, mayor el riesgo a que el caso se conviertan en una cuestión de debate político. Es lo que tienen claro el ministro Quinteros y el gobernador Llaryora.
De allí, la inquietud en el Gobierno. La recompensa de $ 20 millones fue ofrecida por la Justicia, pero impulsada desde el Centro Cívico, con apoyo de la Nación.
Un funcionario provincial pronosticó cuándo los opositores provinciales saldrán a cuestionar al ministro de Seguridad. “Si no hay novedades para el miércoles que viene, no tengo dudas de que la oposición saldrá a cuestionarnos”, lanzó otro ministro llaryorista que está atento a las posibles secuelas políticas del caso Lian.
En realidad, la investigación está a cargo de la Justicia provincial. La Policía de Córdoba -que depende del Ministerio de Seguridad- es una brazo ejecutor de lo que deciden los fiscales.
Esto podría cambiar si la investigación pasa a la justicia federal, si se cambia la carátula y se investiga trata de persona. De todas maneras, en el Centro Cívico se obsesionan con tener novedades cuanto antes.
