Se acaban las excusas. De no surgir imponderables, la administración de Javier Milei tendrá esta semana su Ley Bases y, en apenas unos días, el demorado pacto de mayo. Ese gran acuerdo sobre principios fundamentales coincidirá con los siete meses de gobierno, un largo y durísimo semestre en el que se puso a prueba la paciencia social. Paradójicamente, esa paciencia persiste y es la que todavía mantiene calientes los motores de un presidente con “minorías agravadas” en el Congreso y sin un solo gobernador propio.
Milei dijo que iba a estar dispuesto a resolver los problemas que en cuatro décadas nadie se atrevió a atacar, y su piedra basal fue que el ajuste no se negocia. Lo mantuvo, a costa incluso de quienes siempre lo habían prometido pero siempre le encontraron algún pero. Dijo que vendrían tiempos de sacrificios y un largo valle de lágrimas: la recuperación llevaría al menos año y medio, de los cuales los primeros seis meses serían durísimos.
En eso estamos.
Tiene dos cosas a su favor. La primera, que la inflación bajó de manera significativa. Si esa era la gran prioridad a resolver, cumplió. No a cero, claro, pero tampoco con las catástrofes que se presagiaban, como un plan Bonex o la confiscación de los ahorros.
La segunda es que en esta primera mitad del año el peronismo sigue aturdido. No pudo dar ni siquiera un atisbo de reorganización y las que eran hasta noviembre sus figuras más potables todavía están en estado de estupor. Los gobernadores que ensayaron precoces carreras nacionales tuvieron rápidamente que abortar: los castigaron Milei y la ciudadanía, por igual.
Pero tiene varias cosas en contra. La primera es que el plan de estabilización de Luis Caputo se está quedando sin nafta. Fue muy eficiente en el primer semestre para alinear las expectativas inflacionarias y convenció a las corporaciones de siempre de que el ajuste no se negocia. Y no lo negoció. Hilvanó cinco meses consecutivos de superávit financiero, recuperó reservas, empezó a saldar importaciones impagas y acomodó precios relativos, como combustibles y tarifas.
Pero los ajustes tarifarios de junio fueron suspendidos: se temió que la soga apretara de más. Los límites de la paciencia son finitos, siempre, y Milei también consume encuestas. La recuperación salarial parece que se inició, pero siempre empieza para los sectores más acomodados y demora en derramar hacia los más postergados.
No están dadas las condiciones aun para levantar el cepo y tampoco para sacar impuestos relevantes, dos batacazos que podrían insuflar ánimo a inversores y productores agropecuarios, algo remolones para liquidar el grueso de la soja.
Todos se preguntan si los dos hitos políticos que hay en el corto plazo –aprobación final de la Ley Bases y pacto de mayo el 9 de julio– serán suficientes para encarar esta segunda etapa de gobierno. Hasta el propio FMI corre el arco: el mismo board que a Sergio Massa le perdonó dólar y tarifas pisadas y emisión de pesos a mansalva ahora le dice a Milei que hay que mejorar la “calidad” del ajuste. Y cuando lo mejora –paga jubilaciones por inflación, por caso, o demora la quita de subsidios a las tarifas de los sectores populares–, le dicen que mejore la política monetaria y cambiaria. Acto seguido, Caputo salió a negar la devaluación del peso. Milei acaba de repetir lo mismo: la competitividad se recuperará por otras vías, pero no por devaluación.
¿Qué vías? Hasta ahora, Milei sostenía que si el Congreso no le daba las leyes pedidas, seguiría con las herramientas del Ejecutivo. Así lo demostró, pero aplicó grandes dosis de pragmatismo terrenal y cedió y negoció hasta alcanzar la ley posible. Era evidente que la necesitaba: sin reformas de fondo, este ajuste será uno más de los que ha vivido la Argentina.
Ahora todo se pone a prueba
Milei tiene tres años para reorganizar el sector público, allí donde trabajan 311 mil personas en todo el país, incluyendo empresas y entes autárquicos. Todo ahí requiere de algo que carece: equipos técnicos para llevar adelante la gestión. Prometió una gran reforma del sector público para desarmar la maraña de burocracia que se acumula desde hace décadas, pero mover las piezas ahí requiere de gente experta, que conozca mucho del Estado y que no le deba favores a nadie.
Debe desarmar la red de costos laborales en torno de los juicios, una bandeja de la que se sirven abogados y jueces por igual, para demostrar que con previsibilidad se pueden generar empleos. Y debe atraer interesados para el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi), que hagan punta de lanza en los sectores más dinámicos de la economía. No hay micro pujante sin una macro ordenada, pero tampoco alcanza si sólo se ordena la macro y no se pone una oreja en las pymes. Ahí escucharán los gritos de una Afip hartante, tanto por lo que cobra como por la cantidad de tramiterío que pide.
Los gobernadores tendrán la restitución de buena parte de sus fondos coparticipables. Están los bien intencionados que prenden una vela a la recuperación económica porque están convencidos de que nos salvamos todos o no se salva nadie, y están quienes la prenden con una mano y la apagan con la otra. Que las fuerzas del cielo los guarden, porque a ellos también se les acaban las excusas: ya dejaremos de mirar al Congreso y cada quien deberá responder por lo que dijo que iba a hacer. Ahora, a las cosas.
