El gobierno de Milei asumió el compromiso de bajar impuestos y simplificar el sistema tributario. Hasta el momento, los principales cambios fueron en el frente externo: se eliminó el impuesto Pais desde 2024 y se redujeron las retenciones a las exportaciones, con eliminación total para economías regionales y rebajas en otros productos, como la soja (cuya alícuota pasó de 33% a 24%).
También se redujeron aranceles a la importación e impuestos internos: los derechos sobre celulares bajaron del 16% al 8% (con eliminación en 2026); los de consolas, del 35% al 20%, e impuestos internos en bienes durables, del 19% al 9,5%, con eliminación para productos de Tierra del Fuego. En paralelo, se modificó el esquema de Bienes Personales, elevando el mínimo no imponible y reduciendo gradualmente las alícuotas máximas (de 1,5% a 0,25% hasta 2027).
Sin embargo, estas bajas convivieron con aumentos de otros tributos. En particular, se restituyó el alcance del impuesto a las Ganancias para los asalariados (cuarta categoría) y se actualizó el impuesto a los combustibles.
Qué tratará el Consejo de Mayo en 2026
A estos cambios se suman las reformas del Consejo de Mayo, que se tratarán en las sesiones legislativas de 2026. Entre las principales iniciativas, figuran la implementación de declaraciones juradas prearmadas para contribuyentes de menor escala, con el objetivo de carga administrativa, y la focalización de controles en los casos de mayor riesgo.
Parte de esta agenda se apoya en cambios ya aprobados recientemente en la Ley de Inocencia Fiscal, que actualizó los montos que tipifican los delitos fiscales y redefinió el alcance del derecho penal tributario.
En el capítulo laboral, se proponen medidas de alivio tributario orientadas al empleo formal, como una baja temporal de alícuotas para nuevas contrataciones, la reducción de aportes a obras sociales para trabajadores registrados y esquemas de blanqueo laboral.
También se prevé extender la eliminación de impuestos internos a otros bienes –como automotores, motos, aeronaves, embarcaciones y seguros– y avanzar en la eliminación de impuestos a la renta financiera. Para las pymes, se analizan beneficios de devolución de IVA vinculados a inversiones.
Diagnóstico acertado, pero ¿alcanzan los instrumentos?
El diagnóstico realizado por el Consejo de Mayo en su informe de diciembre es claro: el país descansa en impuestos de mala calidad. El 27% de la recaudación proviene de tributos distorsivos que encarecen la producción, la inversión y la exportación –como Ingresos Brutos, el Impuesto al Cheque, las retenciones, Sellos y múltiples tasas locales–.
Desde una perspectiva económica, la recaudación debería concentrarse en los ingresos y la riqueza personal, y no en la producción y el empleo. Y en la Argentina, los impuestos sobre los ingresos personales representan apenas 2 puntos del PIB en comparación con los países desarrollados, donde su peso es casi cuatro veces mayor.
Sin embargo, pese al diagnóstico correcto, la reforma avanza con medidas parciales o temporales, y posterga cambios de fondo bajo el argumento de que antes es necesario seguir reduciendo el gasto. Pero tras el fuerte ajuste de 2024, el margen para nuevos recortes es limitado por el peso de partidas atadas a la inflación, como jubilaciones y asignaciones sociales.
Se configura así una trampa: la economía no crece porque el sistema tributario desalienta la producción y, al mismo tiempo, las reformas impositivas se demoran porque el gasto no termina de bajar.
Los cambios de fondo pendientes
La salida no pasa por bajar impuestos de manera indiscriminada ni por esperar a que caiga el gasto, sino por ordenar el sistema y cambiar la composición de la recaudación.
Esto implica avanzar hacia un esquema más simple y menos distorsivo, unificando tributos superpuestos sobre las ventas, como el IVA, Ingresos Brutos y las tasas municipales, y superando la fragmentación entre los distintos regímenes nacionales de los impuestos a los ingresos mediante un sistema único, con mínimo no imponible bajo y alícuotas iniciales reducidas pero progresivas.
A su vez, en el plano laboral, resulta necesario reducir costos no salariales para ampliar la base de aportantes. En materia de impuestos patrimoniales, se requiere además mejorar la coordinación entre la Nación y los gobiernos subnacionales para evitar superposiciones, como las que hoy existen entre el Impuesto sobre los Bienes Personales y tributos como el inmobiliario o el automotor.
En definitiva, la reforma tributaria pendiente exige una reorganización integral del sistema que favorezca la inversión, el empleo y el crecimiento, sin quedar atada a una reducción previa del gasto.
(*) Economista de Idesa
