“Piromaníaco que agrava la herencia”. Así sintetizó el economista Miguel Ángel Broda la coyuntura actual. “Burdo e irresponsable”, le dedicó su colega Carlos Melconian, candidato a ocupar el ministerio de Economía si ganara Juntos por el Cambio. “Fullero”, le había dedicado la propia Cristina Kirchner a su ministro en un acto en junio pasado. El adjetivo significa, según la Real Academia, “astucia, cautela y arte con que se pretende engañar”.
Nada más apropiado. Las que se hilvanaron esta semana componen un cuadro de situación más gravoso que la existente hace un mes, cuando Sergio Massa, actual ministro y candidato a presidente por el oficialismo, competía en la elección primaria y se declaraba abiertamente dispuesto a cumplir con las metas acordadas con el FMI: desesperadamente necesitaba destrabar el desembolso de 7.400 millones de dólares.
La plata llegó y de inmediato hizo exactamente todo al revés de lo que firmó. Le echó la culpa al Fondo por haberlo “obligado” a devaluar el peso y acelerar el gasto, con la inflación ya viajando al 124% interanual. “Este zafarrancho implica cambiar todo el cuadro fiscal y monetario para el 2024″, advirtió Melconian.
Pasando lista
Plan “platita”. En el Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba, Broda desagregó con detalle los costos de este plan: 0,5 punto del PBI este 2023 y 0,4 en el 2024 para Nación si se sancionan las leyes. El costo para las provincias es de 0,8. Con el FMI se acordó un déficit de 1,9 puntos para el 2023: antes de las medidas, la proyección era 2,4 y ahora, será 2,9. Acá hay que contar el bono de $ 37 mil al mes a jubilados y pensionados que cobren la mínima a pagar en septiembre, octubre y noviembre; la suma fija de 60 mil en dos veces a empleados públicos que cobren hasta $ 400 mil netos y para los privados; un refuerzo de 25 mil a empleadas domésticas, en dos cuotas mensuales; el refuerzo de 20 mil pesos para los beneficiarios del Potenciar Trabajo; un extra de 10 mil a 23 mil pesos en la Tarjeta Alimentar a pagarse; la exención por seis meses del componente tributario para los monotributistas de las categorías A, B, C y D; tasas subsidiadas para créditos de hasta $ 400 mil en 24, 36 o 48 cuotas para empleados en relación de dependencia y la eliminación de los derechos de exportación para algunos productos de economías regionales. Esto, según Broda, cuesta 724.228 millones de pesos.
A este listado hay que agregarle dos de suma importancia en términos fiscales. Uno, la eliminación del Impuesto a las Ganancias para los asalariados, dado que al elevar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias de 700 mil a 1,77 millones quedó alcanzado apenas el 0,9% de los trabajadores formales. Esto le cuesta a Nación $ 100.601 millones en el trimestre, más 176.990 millones que les resta a las provincias. Dos, el programa “Compre sin IVA” que inicia este lunes, que devolverá el 21% del IVA (hasta 18.800 pesos por beneficiario) en las compras de productos básicos que realicen unas 20 millones de personas. El costo fiscal de esta medida es una incógnita.
De acá a agosto, Broda calculó que sólo por vía directa para financiar este gasto harán falta 2,8 billones de pesos. Si el 2023 cierra con un déficit primario de 2,9 puntos, el faltante habrá sido de cinco billones sobre un gasto total del fisco de 36,4 billones. “Dios sabrá si da eso, faltan 40 días más”, avisó.
Emisión monetaria. “Tenemos un Banco Central al servicio de la Tesorería”, lanzó Broda ante 700 industriales. Dijo que se esconden los números y que por eso no se alcanza a dimensionar cuán subordinado está el Central. La disección que hizo sobre las maniobras del BCRA fue lapidaria.
Por un lado, está la emisión directa al fisco, que entre enero y agosto acumula ya 1,7 billones (debiera estar en 1,3 billones, según lo firmado ante el FMI), pero por otro lado está la emisión indirecta (y escondida) que según estimó Broda está ya en ¡4,7 billones! adicionales. Hay acá 1,7 billones entregados al Fondo de Garantía para que las agencias públicas entren a las licitaciones de la Tesorería que hace para financiarse, 2,9 billones destinados a comprar bonos en el mercado secundario para que no se destroce la paridad y Tesorería pueda colocar los bonos y 2,3 billones para bajar los encajes no remunerados que los bancos puedan comprar títulos del Tesoro. “La suma de ocho meses da el 8,2 del PBI anual... en la historia hubo una cosa así”, confesó Broda e insistió en que esto hipoteca lo que viene. Harán falta entonces financiar cuatro billones de acá a fin de año.
Pero hay otra vía para la que se emiten pesos: los intereses de los pasivos remunerados, que para esta fecha alcanzan los 19,8 billones de pesos, el 11% del PBI y cerrarían el año en 17%. A fin de 2019, este stock equivalía a 5,5% del PBI. Sólo en intereses, en este 2023, se habrán emitido ocho billones de pesos. El stock de pasivos aumentó 98% en lo que va del año y 169% en los últimos 12 meses.
Todo este combo de expansión monetaria, combinado con una caída muy relevante en la demanda de dinero, harán difícil que baje la inflación en el corto plazo. De hecho, el estudio de Broda antes de la devaluación y el plan “platita” la calculaba en 143% para todo el año y ahora corrigió a 180%.
Pérdida de reservas. Se perdieron U$S 16 mil millones en lo que va del año. Algo raro pasa en el Banco Central, porque el agro liquida exportaciones pero el Central no las retiene. ¿Es para los importadores? Poco y nada. “La principal fuente de pérdida de reservas es para comprar los títulos que con esta mano vende a contrapeso para bajar el numerador del contado con liqui y con esta otra mano gasta reservas para que no se destroce la paridad. Seis mil palitos se fueron con esto, no tenemos reservas y nos damos este lujo costosísimo para lo que viene”, describió Broda.
Las reservas netas cerrarían en el 2023 en torno de los 8.500 a 10.000 millones de dólares abajo, con todas nubes negras encima: el juicio de YPF (que en algún momento habrá que pagar), la deuda monumental con importadores y vencimientos en dólares por 10.922 millones (U$S 6.577 con el FMI y 4.345 millones con acreedores privados por los bonos del canje de 2020). Las lluvias mejorarían las exportaciones para el 2024 y habrá algo de alivio, pero esas divisas deberán usarse para cancelar vencimientos de deuda y pagar la deuda que los importadores han contraído con proveedores del exterior.
Atraso del tipo de cambio. La competitividad ganada tras la devaluación de las Paso bajará a cero para cuando lleguen las elecciones, por lo que quedará nuevamente atrasado. Cuando Massa devaluó el 14 de agosto, el peso estaba apreciado 20% respecto del promedio histórico de enero de 1997 a julio del 2023. Actualizado por inflación, esa cifra está hoy en $ 375,8 pesos y los $ 350 del 14 de agosto equivalían entonces a $ 378, lo mismo que el promedio. Hoy ya está en $ 350 reales y para las elecciones generales estará otra vez en $ 314 por el rápido pase a precios. O sea, apreciado otra vez 21%.
Deuda comercial. Hay U$S 38.71 millones adeudados por bienes importados y 11.311 millones por la importación de servicios. El Gobierno próximo debe afrontar un rojo comercial de U$S 49.382 millones, lo que equivale al 60% del total de las importaciones, cuando el promedio histórico es 39%.
Deuda indexada. En el acuerdo con el FMI hay un compromiso expreso de limitar la emisión de deuda indexada. Sin embargo, en la primera licitación de septiembre, el 60% se lo llevó un bono dual y 9% un instrumento atado a la evolución del dólar: justo lo que se prometió que no se iba a hacer más. Un dato adicional: en el primer trimestre del 2024 vence deuda pública en pesos por 5,1 billones y 24,3 billones en todo el año que viene. El 99% de los pagos serán por instrumentos indexados (dollar-linked, duales o CER). Es probable que quien asuma deberá hacer una corrección cambiaria, lo que generará un fogonazo inflacionario e impactará en esa “muralla” pateada para el que venga.
Plano congelador. Se congeló todo lo que se pudo: los combustibles hasta octubre, medicamentos, cuotas de las prepagas y tarifas de servicios públicos, deliberadamente atrasadas pese a que con el FMI se acordó actualizarlas en septiembre. Esto agravó aún más la distorsión de precios relativos que predomina en la economía y contribuirá también al fogonazo inflacionario.
Más pobreza y recesión. La actividad económica que venía hasta hace cuatro meses aguantando (descontando el campo) acentuará la recesión. La inflación agravará la pobreza: el PBI per cápita en 2023 es 16% menor al de 2011.
