El funcionamiento técnico del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba recae sobre un grupo de profesionales –contadores y abogados– conocido en la jerga como “la Línea”: directores y jefes de área, quienes a fuerza de resoluciones y auditorías pueden convalidar cualquier gasto hasta empantanar el funcionamiento del Estado.
“La Línea” es, en la práctica, más poderosa que las vocalías que cubren los tres tribunos electos cada cuatro año; es “la que tiene el verdadero control del Gobierno provincial”. ¿Por qué? Porque refutar un dictamen técnico realizado por los profesionales le demandaría a un vocal tanto tiempo que lo volvería abstracto. Hay un dato más de contexto: serán estos técnicos quienes controlarán el último año de Juan Schiaretti en el poder.
“La Línea” funciona bajo la comandancia de dos secretarios y dos prosecretarios; con una fiscal general como quinta pata. Estos cinco funcionarios son designados por la mayoría de los vocales, que siempre respondió al gobernador. Hasta ahora, que el oficialismo perdió ese tramo por 4.567 votos. Esta vez serán designados por Luis Juez, seguramente con alguna negociación con el peronismo.
En un segundo escalón están las direcciones, subdirecciones y algunas jefaturas, el corazón técnico del Tribunal de Cuentas. Son los encargados del control preventivo y la correcta ejecución de cada una de las miles de partidas que conforman el entramado de la burocracia.
Por un “acuerdo” entre las dos fuerzas que integran el Tribunal de Cuentas, estos cargos se cubrieron por fuera del escalafón, es decir con un “criterio de confianza política de los vocales” con los técnicos. En otras palabras: estos técnicos actuaban como planta política, por fuera de las reglas de la carrera administrativa.
En marzo de ese año, el Tribunal de Cuentas decidió aprobar una nueva estructura orgánica y convocar a un concurso abierto para cubrir las 45 bacantes de “la Línea”. Pero el proceso de selección se dilató.
Concurso público
De acuerdo con la presidenta del Tribunal de Cuentas, Andrea Abramo, la selección “se vio interrumpida por reclamos de los gremios (SEP y UPS), que reclamaban que dicha estructura era inferior a la actual y no reflejaba la realidad” del organismo, por lo que, ante las solicitudes de ambos gremios, se incrementó la cantidad de cargos, llevando la órganica a 64 cargos para “la Línea”.
Casualidad o no, lo cierto es que el nuevo proceso para integrar “la Línea” comenzó en agosto, después de la elección que ganaron los juecistas Beltran Corvalán y Fernanda Leiva, lo que implica que la schiarettista Silvina Rivero será minoría. Ese no era el plan, por lo que generó para el peronismo un problema político y funcional.
Así, mientras a los secretarios y prosecretarios van a ser designados por el juecismo, los 64 cargos técnicos, entre ellos el director General de Modernización y Control, un rol nuevo y central en el funcionamiento del organismo, serán nombrados durante la actual gestión, en el marco de un concurso público que la oposición cuestiona por los pocos días de antelación con el que se convocó.
El llamado al concurso se hizo público el viernes 18 de agosto; y el aviso en diarios anoticiando a la población se hizo el viernes 25 de ese mes. El lunes 28 comenzó la inscripción, trámite que suele ser engorroso e implica adjuntar información académica, la cual no siempre está a disposición de los interesados. La “antelación suficiente” en el llamado es, entonces, una de las claves.
Para la titular del Tribunal de Cuentas, “el llamado a concurso se realizó conforme la ley vigente”, ya que se hizo no sólo a través del Boletín Oficial sino “en tres medios de comunicación masiva durante tres días (Canal 12 Córdoba, Radio Mitre y La Voz del Interior)”.
“Se dio por cumplimentado la publicidad de los actos que rigen la administración pública, y el derecho del libre acceso a la información de todos los aspirantes al concurso público”, dijo Abramo.
Quienes se inscribieron concursaron el 7 de octubre, en el marco de un convenio entre el Tribunal de Cuentas y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Para la presidenta del organismo de control, la UTN “brindó y certificó las condiciones previas y durante el examen”.
“Esta universidad dejó constancia que la jornada se desarrolló sin ningún tipo de inconveniente y con absoluta trasparencia. No se presentaron amenazas de seguridad, no se observaron movimientos extraños en los sistemas en uso ni en la red, no se reportaron ningún problema de logueo y conexión, funcionando normalmente todas las aplicaciones”, indicó la funcionaria.
Sí reconoció que las preguntas del examen “fueron las mismas para cada participante del mismo cargo”; un punto que podría abrir un reclamo judicial si una vez que cambien las autoridades del Tribunal de Cuentas éstas decidieran revisar los concursos y analizar cuál fue la “cadena de custodia” desde que la comisión responsable de los exámenes armó el cuestionario hasta que las preguntas se cargaron en el sistema informático provisto por la UTN.
Aún no se sabe si quienes ganaron los concursos se desempeñan actualmente en el Tribunal de Cuentas. Desde el Tribunal de Cuentas, sin embargo, se informó que de los 64 cargos concursados quedaron 11 vacantes “por no cumplir los con lo normado en las bases y condiciones y/o no haber aprobado el examen”.
