Algunos debates se van solapando en la política cordobesa, como el que está planteado por estos días respecto de las dimensiones tecnológicas y el otro más clásico referido a la institucionalidad.
La reciente sentencia por las muertes de bebés en el Neonatal ha dejado secuelas e impactos que se siguen expandiendo a otros casos en los que se cruzan el poder y la Justicia.
De manera muy tenue y casi vacilante, hubo intentos de réplica tanto desde las estructuras judiciales como de las del Gobierno provincial por intentar desligar la incidencia del poder en la absolución del exministro de Salud de la gestión schiarettista Diego Cardozo.
El argumento fue que la suerte de Cardozo quedó resuelta por el voto de los jurados populares, no de los técnicos. Cuando tanto el oficialismo como el Poder Judicial buscaban darle un poco de contenido a ese intento de desligar las decisiones judiciales de los intereses del poder, ocurrieron como una catarata algunos hechos que se podrían agrupar alrededor de una cifra aproximada: 20 años.
Más de dos décadas, exactamente 22 años, pasaron para que la Justicia fallase en las denuncias por abuso sexual en ejercicio de su cargo contra el exjefe comunal de El Brete y exlegislador radical José Eugenio Díaz, al que se lo encontró culpable pero se le dio la irrisoria pena de tres años de prisión en suspenso, sin inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Veintidós años para determinar que alguien exigía sexo a cambio de empleo o planes sociales. Dos décadas victimizando y revictimizando a las víctimas, casi una especialidad en varias instancias judiciales.
Ahí nomás se reflotó el otro tema, que es probablemente la mayor vergüenza del Poder Judicial cordobés: el impune asesinato de Nora Dalmasso.
La serie de Netflix vino a poner de nuevo en agenda que nos encaminamos a los 20 años del hecho y que se cometieron todo tipo de errores que nos llevan al complejo debate de si están o no prescriptos los hechos.
Un tercer hecho judicial trajo a la mesa el tema de los casi 20 años. Fue el dictado de la prisión preventiva para el exsubjefe de la Policía de Córdoba Alejandro Mercado.
En un extenso pronunciamiento, el fiscal Enrique Gavier narra una serie de hechos delictivos que habrían cometido Mercado y los demás policías imputados y sostiene que los llevaron a cabo en “un lapso que no se ha logrado precisar con exactitud, pero ubicable aproximadamente desde 2007 y hasta la fecha de sus respectivas detenciones”.
Casi 20 años estuvo Mercado ascendiendo en la estructura de la Policía con una serie de acciones fuera de la ley. Pero lo que más sorprende es que la actual gestión lo nombró subjefe a fines de 2023. En ese momento, ya había presentaciones contra él y actuaciones en el Tribunal de Conducta de la fuerza.
Funcionalidad
Mientras el pasado acecha como una sombra, el futuro con formato de presente se instaló en la discusión política cordobesa con el video falso del gobernador Martín Llayora que subió el líder radical Rodrigo de Loredo, a partir del uso de inteligencia artificial
En el coro de voces que se sumaron a la discusión y condenaron la acción del diputado nacional, sorprendió que algunos oficialistas lo relacionaron con acciones de servicios de inteligencia y alertaron por nuevas maniobras en ese sentido.
No se aportaron datos concretos respecto de si es una simple prevención o si el oficialismo provincial cuenta con elementos más detallados sobre esas posibles acciones.
Lo cierto es que el video falso no interrumpió la cordialidad entre oficialistas y la oposición radical cordobesa, ya que la Provincia le entregó fondos esta semana al intendente de Río Tercero y presidente del radicalismo, Marcos Ferrer, y legisladores peronistas y deloredistas compartieron fotos sonrientes y distendidos en una misión conjunta por Chile.
Entre tantas lecturas, surgen algunas vinculadas con que el episodio bien puede traerles beneficios a las dos partes, y De Loredo ha honrado la tradición del radicalismo cordobés de tener cierta funcionalidad hacia el gobernante peronismo.
