El escándalo de los contratados de la Legislatura de Córdoba sigue su curso como si nada hubiese pasado: no se conoció que nadie haya renunciado tras la difusión de los 1.054 nombres. Ni los 85 exintendentes, ni los familiares de legisladores, ni los centenares de militantes que viven a cientos de kilómetros de la Unicameral y sin embargo cobran como asistentes parlamentarios, con salarios que en promedio oscilan en torno del millón de pesos.
Quienes prefirieron dejar esos cargos antes de la difusión de los nombres para no quedar expuestos –todos tuvieron la posibilidad de hacerlo– conforman una minoría absoluta. Unos cuantos siguen cobrando, aunque por alguna maniobra todavía inexplicable sus nombres no se hicieron públicos: una alternativa es que hayan pasado a otras reparticiones del Estado provincial; otra posibilidad es que alguien haya decidido mantenerlos ocultos.
¿Acaso hay alguna certeza de que los contratados de la Legislatura no sean más que los informados?
¿Será distinto en otras áreas del Estado?
En la edición de este domingo, La Voz informa lo que ocurre en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, donde tras un cuarto de siglo de mayoría peronista, ahora la mayoría es del juecismo. Lo que se observa es que a todas las estructuras estables del peronismo –muchos designados en cargos concursados luego de la elección de 2023, en la que el oficialismo perdió el control de ese estratégico organismo– ahora se suman decenas de contratados de las filas del Frente Cívico, fuerza que desde esos comicios tiene mayoría en el cuerpo colegiado. Nada que sorprenda.
Eso es lo que también pensó el viceintendente de Córdoba, Javier Pretto, cuando el viernes reconoció que buena parte del empleo transitorio en el Concejo Deliberante se justifica por la necesidad de financiamiento de la política.
A diferencia de la vicegobernadora Myrian Prunotto, que después de dos meses sigue dilatando la entrega de información sobre el empleo legislativo, Pretto aseguró que esta semana publicará las listas de más de 600 contratados, monotributistas y becarios.
En la Legislatura se pagan cerca de 25 sueldos por cada legislador, en el Concejo capitalino son cerca de 20 por edil, aunque de menor cuantía y precariedad extrema: hay sólo 31 empleados de planta permanente.
Aparato precarizado
El peronismo cordobés introdujo en la última década un cambio relevante en ese esquema histórico de financiamiento del aparato político: en el pasado, pertenecer a esa estructura garantizaba un ingreso de por vida –empleo estable y luego una beneficiosa jubilación de la Caja, en los tiempos del 82% móvil– y ahora se ofrece precariedad para ese staff que no responde a necesidades operativas del Estado sino de la próxima campaña política.
Así, ese ejército numeroso se integra de contratos de bajo monto, monotributistas de 300 mil a 500 mil pesos –como los casi 300 de la Legislatura–, becarios o planes sociales.
Todo eso ocurre mientras la Municipalidad de Córdoba tiene su bien remunerada planta de personal congelada desde que Martín Llaryora asumió la Intendencia y la Provincia de Córdoba hace gala de tener el índice de empleados públicos más bajo de todas las provincias argentinas.
Junto a la escandalosa exposición de este esquema de financiamiento del aparato político, se exponen también las indigestas sociedades que la cúpula del peronismo conformó con mínimos sectores del radicalismo y del PRO para terminar armando las fórmulas multipartidarias que pusieron a Prunotto y a Pretto como vices de Llaryora y del intendente Daniel Passerini, respectivamente.
El peronismo cordobés domina casi en forma íntegra dos de las administraciones públicas más grandes del país, pero están bajo la lupa las dos reparticiones legislativas en manos de los “socios” indigeribles para el peronismo.
Que este problema político del oficialismo quede expuesto junto al manejo de cargos, el acomodo y el conchabo, dice mucho del modo en que se conformaron esas alianzas cordobesistas. Todo es más agudo en la Legislatura, porque los votos que le faltan al oficialismo se consiguen con estas herramientas.
Hay que agradecerle a la cuestionada cláusula de gobernabilidad de la Carta Orgánica Municipal –que siempre garantiza mayoría al oficialismo en el Concejo– el hecho de que no sean más los cargos políticos en ese cuerpo que conduce Pretto.
Conflictos multiplicados
Lo que se observa por estos días en la Provincia es que con la conducción de Llaryora el peronismo no sólo impuso cláusulas de precariedad a la amplia base del aparato político. También ajustó notoriamente los salarios de los trabajadores que sostienen las funciones básicas del Estado.
Pese al desgano de las conducciones gremiales, se multiplican los conflictos en sectores críticos: surgió un movimiento de autoconvocados en el Poder Judicial, obstetras y ginecólogos paran en las principales maternidades, y la inquietud se generaliza en los sectores profesionales de la administración provincial.
Los números del primer año de la administración Llaryora explican con claridad esta situación. Para acomodar el cuerpo a la motosierra libertaria y preservar el superávit operativo, el ajuste provincial del primer semestre de 2024 fue rotundo. En la segunda mitad del año pasado la inversión pública recuperó su ritmo, pero la caída real de la masa salarial fue del 18%. La conflictividad actual es hija de esa realidad.
Las negociaciones con los estatales no serán sencillas. La incertidumbre total de la economía nacional y la enigmática negociación con el FMI –con complicaciones adicionales por la eclosión mundial ocasionada por Donald Trump– demoran los planes provinciales de emisión de U$S 600 millones para garantizar el pago de los vencimientos en dólares de este año y la normalización de los ritmos de la administración.
Pese a que el ajuste en las jubilaciones provinciales fue todavía mayor que en los sueldos, la Caja sigue drenando recursos, sin soluciones inminentes para la restitución de los fondos de Anses. Recién en tres semanas será la audiencia de conciliación convocada por la Corte. Las expectativas del Panal son mínimas y el año electoral acecha.
