“La ciudad no puede ser tierra de nadie frente a las continuas marchas que se dan de manera ilegal. No tiene explicación que las organizaciones que no permiten circular y laburar sean financiadas con lo que pagan de impuestos los comerciantes y vecinos afectados por las marchas”, escribió en Twitter el concejal por la UCR, Juan Negri.
Acaba de presentar en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba un proyecto de ordenanza para que las organizaciones sociales que provocan ese caos casi cotidiano reciban fuertes multas. Propone, incluso, que se les retiren los planes sociales.
El propio intendente Martín Llaryora admitió que los cortes permanentes en el centro de la ciudad son una preocupación en el Palacio 6 de Julio. “Hay que encontrar una manera en la que todos puedan ejercer sus derechos libremente, estas manifestaciones nos molestan a todos muchísimo”, dijo Llaryora justo un día de “calles tomadas”.
“Podemos poner multas, pero la solución es cumplir la ley para no causar mayores inconvenientes”, agregó el intendente, que prometió poner toda la capacidad técnica y operativa del municipio para garantizar que se cumpla la liberación de media calzada durante las marchas, una alternativa teórica que la propia Justicia encontró para garantizar el derecho a protestar con el justo derecho a trabajar y circular libremente.
El propio fiscal Ernesto De Aragón, que tiene jurisdicción en esas protestas, reconoció que no es posible cumplir esa garantía cuando las marchas son masivas. Se les pide entonces que circulen, y la Policía va habilitando las calles tras las manifestaciones. El proceso lleva horas.
La propuesta de Negri exhibe sentido común, pero tropieza con algunas cuestiones prácticas insalvables para quienes están del otro lado, es decir, quienes debieran hacer cumplir esa eventual ordenanza que sancione a las organizaciones.
Dificultades
La primera dificultad tiene que ver con las multas. Ya están pautadas y no son baratas. El Código de Convivencia de la ciudad establece de 100 a 400 unidades económicas de multa, que a precios de hoy son entre 86.720 a 433.600 pesos.
Negri habla de endurecerlas, pero fuentes oficiales confiaron a este diario que nunca se le aplicó una multa a una organización social, aunque sí a los gremios.
Aquí aparece la primera diferencia: buena parte de las organizaciones no tiene personería jurídica y muchas, aunque las tuvieran, no cuentan con ingresos propios, al menos de manera oficial, como sí tienen los gremios, que reciben cuotas de sus afiliados y contribuciones patronales varias.
Las organizaciones ganan poder territorial en la calle: se arrogan la gestión para que alguien cobre un plan social y a cambio, le exigen participación activa en la calle, con toma de asistencia y todo. Hay versiones de que se les piden una contribución de lo que percibe el beneficiario.
El plan de mayor peso es el Potenciar Trabajo, que paga Nación, hoy de 16.500 pesos al mes y 19.470 desde el mes que viene.
La otra cuestión es si sólo los cortes totales generados por las organizaciones sociales deberían ser sancionados. ¿Si protesta el campo o hay una manifestación espontánea no habría penalidad?
La segunda parte del proyecto de Negri alude a la posibilidad de caducar los planes de quienes corten calles. Hace unos días, el ministro de Desarrollo Social Juan Zavaleta admitió que la persona que había arrojado piedras y bombas molotov al despacho de Cristina en el Senado era beneficiario del Potenciar Trabajo desde noviembre de 2018. “Ya lo dimos de baja”, indicó en Twitter.
Enseguida, hubo quienes reclamaron que se aplique la misma medida en las múltiples marchas que atentan también contra el trabajo de muchos.
La primera dificultad para aplicar esa sugerencia tiene que ver con la identificación de los manifestantes. En el caso de Santillán, hubo una pronta investigación judicial, hasta que por un tatuaje en la mano se logró dar con el autor.
¿La Justicia debería ponerse en esa artesanal tarea?
Los inspectores, por caso, no tienen la potestad de pedirle a un ciudadano que se identifique: al DNI sólo lo puede pedir el personal policial. ¿Cómo hacer eso cuando hay una calle tomada o tres mil, cinco mil personas agolpadas en una esquina?
Pero supongamos que se pudiera dar con esa identificación. Hay otro problema: ni la Provincia ni el municipio implementan planes que supongan transferencias monetarias.
“Si quitar la ayuda se debate y esa decisión queda plasmada en una ordenanza, se podrá aplicar, pero hoy no estamos pensando en eso, porque sabemos que las personas asisten porque las convocan”, sostiene Raúl La Cava, secretario de Políticas Sociales del municipio.
El funcionario apuesta a la participación en serio y no declamada de los actores de la economía social: asegura que así han dejado el reclamo de alimentos porque acceden a ellos con el fruto del trabajo.
Un ejemplo, entre otros, es la cooperativa de trabajo Robi Santucho, que asumió el desafío de construir en madera una primera tanda de 200 bibliotecas para rincones literarios en los comedores comunitarios. “Cuando hay trabajo el acampe se termina”, asegura.
Un subrayado: en Córdoba, ni Provincia ni municipio admiten la participación de organizaciones sociales en el reparto de fondos. Ambas jurisdicciones aseguran que se trabaja mucho en conjunto, pero que atienden caso por caso después de verificar la situación.
“Va una asistente social, comprueba y le damos nosotros la ayuda”, explican en la Casa de Gobierno. Aseguran que si ceden a la presión de la calle, deberán ceder siempre.
“Pero también hay una realidad: ¿cómo, con esta situación social tan delicada, un Gobierno va a sacar la ayuda social? Es inviable eso”, agregan.
La ayuda local no tiene intermediarios
La ayuda social de Provincia y del municipio no es poca, pero llega a los beneficiarios de modo directo y mediante mecanismos diferentes a los de los planes nacionales.
Por caso: en el 2021, la Provincia presupuestó casi 28.037 millones de pesos en diferentes programas que suponen ayuda social.
El de mayor peso es el Paicor, el programa alimentario escolar que se lleva el 37% de la asistencia, y que está bajo la órbita de la Secretaría General.
Los diferentes programas de boletos de colectivos subsidiados –el Boleto Educativo Gratuito es el más importante– suman una inversión de 1.711 millones de pesos, el 6,5% de total, con altísima subejecución en 2020 y 2021 por la pandemia.
Curiosamente, el ministerio que más fondos para ayuda social maneja en la Provincia no es Desarrollo Social, como podría suponerse, sino el de Empleo, a cargo de Laura Jure.
El programa de fortalecimiento habitacional contempla 5.243 millones de pesos: sobresalen los créditos Vida Digna a tasa cero, de entre 40 mil y 80 mil pesos, para la compra de materiales y las becas de Empleo, con el Programa Primer Paso y similares, que insumen 1.900 millones, más que todos los boletos sociales.
En tanto, Desarrollo Social maneja la Tarifa Solidaria, que otorga 150 kilovatios al mes liberados o al 50% del costo, según el caso, con 1.728 millones de pesos al mes y 2.099 millones de la Tarjeta Social, en la que se acreditan cinco mil pesos para alimentos, que perciben 45.361 beneficiarios.
La asistencia de la Municipalidad de Córdoba es más acotada: en este 2022, se destinarán a asistencia a personas en situación de vulnerabilidad 2.414 millones de pesos, de los cuales la mitad se asigna a comedores comunitarios.
Casi mil millones se destinan al programa Servidores Urbanos, conocidos como “chalecos celestes”: son 1.985 beneficiarios que cobran 10 mil pesos al mes en efectivo, más cinco mil pesos que se acreditan en la tarjeta Activa, muy similar a la Social de la Provincia o Alimentar de Nación. La Tarjeta Activa también la reciben 1.077 encargadas de comedores.
Los chalecos celestes tienen que prestar cuatro horas de servicio que efectivamente se cumplen –realizan numerosas tareas de cuidado del espacio urbano en la Capital– además de tener la obligación de terminar el secundario y tomar cursos de capacitación en oficios.
El Potenciar Trabajo de Nación, por caso, también exige la realización de tareas comunitarias, pero la diferencia es que nadie controla.
