En un contexto de muchas complicaciones en todos los niveles de gobierno y con una ciudad que arrastra complicaciones crónicas, los problemas en la Municipalidad de Córdoba parecen subir por el ascensor mientras que las reacciones en busca de una solución se arrastran lentas por la escalera.
Hay un esquema en la toma de decisiones y en la ejecución que no está acorde a la magnitud de las situaciones que deben resolverse a diario en una urbe que tiene una población superior a la de buena parte de las provincias argentinas.
Hace un tiempo se vienen dando algunas señales de parte del gobernador Martín Llaryora hacia el intendente Daniel Passerini, vinculadas con una necesidad de dinamizar la gestión municipal.
Llaryora ya había dejado su gente en áreas clave del Palacio 6 de Julio pero ahora el involucramiento aparece como más directo.
Una de las primeras cuestiones tuvo que ver con el diseño comunicacional del plan de bacheo y mejora de la deteriorada red vial urbana.
Ahora, el gobernador le encomendó a uno de sus ministros de mayor confianza, Guillermo Acosta, que ponga a alguien de su equipo en Finanzas de la Municipalidad.
El ministro de Economía de la Provincia se ocupa de encargos especiales del mandatario provincial y ya ha participado de otras negociaciones vinculadas con servicios municipales.
El desencadenante de esta decisión relacionada con las cuentas del municipio es la situación en organismos municipales que tienen una mora considerable en temas tributarios y previsionales.
Todo precario
En estos días saltó a la luz otro tema del atraso que tiene la Municipalidad con sus números y fue la decisión de la empresa Coniferal –la única prestataria del sistema de transporte que llegó por concesión en un servicio cada vez más cuestionado– de cortar por un día los abonos municipales.
La compañía reveló que hay deudas que datan de 2023 para estos abonos que en algunos casos son subsidios del 50 por ciento y en otros del 100 por ciento del precio del boleto. Es decir, arrastran una deuda de la época en que Llaryora era intendente.
En el esquema de boletos gratuitos o a mitad de precio, hay programas provinciales (como el Educativo, el Social, Adulto mayor, etcétera) y estos municipales, que son de la época de la pandemia.
Todos tienen un justificativo social o humanitario pero la cuestión es que el reclamo ante la abultada acreencia desató el debate sobre la equidad que implican algunos de estos programas.
Es que hay algunos que fueron negociados con los gremios de aceitada llegada con el poder político en el contexto especial de la cuarentena y dejan afuera a amplios sectores de la economía informal, que según los datos oficiales supera el 40 por ciento de los trabajadores.
Así, en cualquier colectivo del transporte urbano capitalino se da todos los días que una persona que paga en boleto completo de 1.200 pesos está sentada al lado de alguien que no paga pese a que los ingresos del que no paga sean superiores del que paga.
Más allá que no haya situación de privilegio, porque nadie que use el transporte urbano cordobés, pague o no pague, puede considerarse un privilegiado.
Pero estas cuestiones parecen discusiones de fondo demasiado a largo plazo cuando las urgencias de servicios que se prestan en forma precaria, como el del transporte, ni siquiera tienen respuesta en el día a día.
