Por segundo año consecutivo, la oposición volvió a desafiar a Javier Milei y aprobó en la Cámara de Diputados una nueva ley de financiamiento universitario, similar a la vetada por el presidente en 2024. Tras un debate con cruces, el proyecto recibió un amplio aval: 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones. Ahora la discusión pasa al Senado, donde estarían los números para sancionar la norma.
El resultado de la votación debería preocupar a Milei: faltó un solo voto afirmativo para que fuera aprobada por dos tercios, la cifra necesaria para voltear un futuro veto. Fue gracias al apoyo de la mayor parte de la UCR, incluido el del jefe del bloque, Rodrigo De Loredo. Se sumó el respaldo de varios gobernadores que siguen tomando distancia del presidente, como el cordobés Martín Llaryora, el tucumano Osvaldo Jaldo y el salteño Gustavo Sáenz.
El PRO, que acaba de cerrar un acuerdo electoral con los libertarios en la Ciudad de Buenos Aires, no dio quórum y votó, en su gran mayoría, en contra. Hubo solo tres a favor y uno de ellos fue el del cordobés Héctor Baldassi. Los gobernadores de ese partido Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) promovieron dos de las cinco abstenciones.
La iniciativa que obtuvo luz verde fue consensuada entre Unión por la Patria, Encuentro Federal, los radicales críticos de Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Tiene como prioridad resolver el atraso salarial de docentes y no docentes, que según la oposición acumula un 31%. También se actualizan los gastos de funcionamiento y las becas estudiantiles.
La Libertad Avanza advirtió que la ley no se podrá financiar. No existen cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre su impacto fiscal, por lo que los números varían según la fuente. En la oposición estimaron un 0,14% del PBI para 2025 ($1.059.662 millones), pero para el oficialismo “supera ampliamente el billón y medio de pesos”.
“Lo único que busca el kirchnerismo con sus aliados de buenos modales es romper el equilibrio fiscal de Milei. Son todos lo mismo, son todos kirchneristas. Solo les importa decir en sus provincias que defendieron causas nobles, pero ninguno dice de dónde iban a sacar la plata”, advirtió en el cierre del debate el líder del bloque libertario, el cordobés Gabriel Bornoroni, en un discurso breve pero subido de tono.
Los cordobeses de Encuentro Federal Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Natalia De la Sota (quien acaba de formalizar un espacio político propio) aportaron al quórum y a la aprobación. La actitud de esos diputados fue una nueva muestra de la confrontación con Milei, luego de que Llaryora conformara junto a otros gobernadores un espacio crítico del presidente, bautizado Provincias Unidas.
La UCR también hizo un aporte. Con la excepción del ala mendocina, que acaba de acordar con La Libertad Avanza en esa provincia y no aportó quórum ni votos, el bloque había decidido bajar al recinto, aunque finalmente lo hicieron solo seis de los 14. De Loredo ingresó después de que la oposición lograra abrir la sesión.
Entre los que sí estuvieron en el momento clave figuró la también cordobesa Gabriela Brouwer de Koning. “Tenemos que tener orden fiscal. Es indispensable el equilibrio fiscal. Pero las oportunidades deben abrazar a todos. La educación universitaria no es un gasto ni un privilegio, sino una inversión”, sostuvo la riotercerense.
Cruces
“El primer responsable de que hoy estemos discutiendo este tema es el Gobierno nacional, que por segundo año consecutivo no cumple con su obligación de traer la ley de Presupuesto para que sea debatida y aprobada”, advirtió al inicio del debate Danya Tavela (Democracia para Siempre), diputada que hace de nexo con los rectores.
Tavela advirtió que “llevamos dos años de un atraso histórico en el sistema universitario” y agregó que “nunca habíamos atravesado esta situación, ni siquiera en los años 90, cuando Carlos Menem intentaba privatizar y arancelar el sistema universitario”.
Desde La Libertad Avanza, el mendocino Álvaro Martínez le salió al cruce. “Es insólito que sigan insistiendo y sigan tratando de poner palos en la rueda e intentar que el Gobierno se caiga atacando el equilibrio fiscal”, respondió, al señalar que la oposición no consigna cómo se solventará la ley.
Tavela recogió el guante. “De dónde lo financia decídalo usted. No ha bajado un solo impuesto desde que es gobierno”. Pero Martínez no se quedó callado: “El impuesto que más hemos bajado, el que más pega en el bolsillo, es el impuesto inflacionario. Cuando ustedes gobiernen y tengan que tomar decisiones y no presenten proyectos para la tribuna, podremos discutir cuáles proyectos son serios y cuáles no”, dijo.
¿Qué dice el proyecto aprobado al respecto? El artículo 9 indica que el Ejecutivo podrá “disponer de créditos presupuestarios”, pero sin impactar sobre la distribución de la coparticipación federal de impuestos a las provincias ni los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Asimismo, proponen utilizar “los incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados (o prorrogados) como ingresos”.
Desde Unión por la Patria, el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, apuntó al atraso salarial: “Los empleados públicos nacionales y los universitarios perdieron el 31% de sus ingresos en el gobierno de Milei. Es una cifra enorme, un verdadero desastre en términos de ingresos, que se refleja en el éxodo que hoy existe en muchas universidades. Estamos perdiendo los mejores cuadros, y esto tiene que ver con el deterioro salarial”.
Germana Figueroa Casas, una de las diputadas del PRO que se abstuvo, coincidió en que “los salarios tocaron un piso” pero aclaró: “El Congreso no negocia paritarias: eso le corresponde al Ejecutivo. Pero ante la falta de diálogo y de un Presupuesto vigente, se termina legislando lo que debería resolverse con gestión. La salida es institucional: manden el Presupuesto 2025”.
Por Encuentro Federal, Brügge explicó que “la universidad pública es un legado histórico de los argentinos que tenemos que cuidar. Ese legado histórico habla del prestigio que tiene la universidad argentina, que es único en el mundo. Un prestigio de más de 400 años: la Universidad de Córdoba fue fundada en 1613. La universidad pública es parte del AGN argentino”.
Qué dice el proyecto
El Poder Ejecutivo Nacional tendrá que actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley, en un porcentaje que no podrá ser inferior a la inflación del mismo período. El aumento será remunerativo y bonificable, y deberá hacerse efectivo al mes siguiente de la publicación de la ley en el Boletín Oficial.
Un mes después de la sanción de la ley, el Ejecutivo estará obligado a convocar a paritarias del sector docente y no docente, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no menor a la inflación.
Por otra parte, el Ejecutivo deberá actualizar el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades al 1ro. de enero de 2025, según la variación acumulada de la inflación entre mayo y diciembre de 2024. Este monto además se deberá actualizar desde enero a diciembre de 2025, de forma bimestral, también según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los aumentos ya otorgados este año deberán tomarse a cuenta para el cálculo.
En otro orden, deberán recomponerse todos programas de becas estudiantiles por la variación acumulada del IPC entre el 10 de diciembre de 2023 y la fecha de sanción de la ley. También se establece el incremento progresivo de los estudiantes beneficiarios acorde a la matrícula de las instituciones públicas de los niveles superior y secundario.
