La lucha contra la violencia de género ha sido un tema central en la agenda de políticas públicas en Argentina desde 1992, cuando se creó el Consejo Nacional de las Mujeres en el ámbito de la Presidencia de la Nación. En 2017, este organismo se transformó en el Instituto Nacional de las Mujeres, adquiriendo autonomía financiera y presupuesto propio. Finalmente, en 2020, se dio un paso más al elevar su estatus con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Este avance en Argentina se alinea con una tendencia regional: según el BID, para 2022, el 44% de los países de América Latina ya contaban con un Ministerio de la Mujer, mientras que en los demás existían estructuras institucionales de menor rango.
El reciente descubrimiento de que el principal promotor del Ministerio en nuestro país estaría involucrado en actos de violencia ha generado indignación en todo el arco político y en la sociedad. Sin embargo, más allá de destacar la ironía de la situación, lo realmente difícil es hacer una autocrítica sobre la baja eficacia de las políticas públicas para prevenir estos delitos. Un primer paso en ese sentido es conocer cuántos fondos públicos se han destinado a esta temática.
Un presupuesto cada vez más alto
Considerando únicamente el gobierno nacional y utilizando datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía ajustados a precios actuales, se observa lo siguiente:
Entre 2013 y 2015, el Consejo Nacional de las Mujeres ejecutó un presupuesto anual de aproximadamente $ 4 mil millones.
Entre 2016 y 2019, el Instituto Nacional de las Mujeres invirtió cerca de $ 9 mil millones por año.
Entre 2020 y 2023, el presupuesto anual del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad ascendió a $ 212 mil millones.
Esto evidencia un creciente compromiso presupuestario del Estado nacional con el objetivo de proteger a las mujeres, independientemente del color político. El aumento más significativo se produjo en los últimos cuatro años, cuando el presupuesto del gobierno actual se incrementó 24 veces en comparación con las cifras del gobierno de Cambiemos.
La principal conclusión es que la lucha contra la violencia de género no ha carecido de recursos. Más bien, como suele ocurrir en el Estado, los fondos no se asignaron de manera eficiente.
Los déficits de gestión
Al igual que en otras áreas de la política pública, como educación, salud o desarrollo social, el principal problema radica en los déficits de gestión. La estrategia es recurrente: ante las deficiencias de un organismo, en lugar de resolver el problema, el Estado crea nuevos organismos con responsabilidades similares. Esto no solo incrementa el gasto, sino que rara vez mejora los resultados.
En el caso de la lucha contra la violencia de género, la competencia recae en el Poder Judicial, al igual que la lucha contra cualquier tipo de delito. Sin embargo, ante sus falencias, el Estado nacional intenta compensarlas creando un Ministerio de las Mujeres, cuyas funciones se superponen con las de los ministerios provinciales y secretarías municipales de la Mujer. El resultado es la creación de tres estructuras superpuestas, derivadas del mal funcionamiento del Poder Judicial.
El rol del Ejecutivo nacional
Para luchar contra la violencia de género, es fundamental ordenar el Estado. En primer lugar, en este caso, la intervención de los gobiernos subnacionales resulta más efectiva que la intervención del gobierno nacional. Esto se debe a la proximidad con los ciudadanos, que permite un mejor conocimiento de sus problemáticas y un mayor despliegue en el territorio.
El actual gobierno nacional debería concentrar sus esfuerzos en generar y difundir estadísticas de violencia de género que permitan monitorear los resultados de esta lucha en cada provincia. De esta manera, cada una de ellas rendiría cuentas de sus avances o retrocesos, y se generaría una presión desde la sociedad para mejorar la gestión de los fondos asignados a tales fines.
En la actualidad, existe el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género, aunque su alcance es limitado, ya que solo registra las intervenciones de acompañamiento, y no incluye datos cruciales como la cantidad de casos o sus características. En lugar de seguir superponiendo estructuras burocráticas, la prioridad a nivel nacional debería ser mejorar este sistema. Sólo con datos precisos se puede evaluar la eficacia de estas políticas públicas y, de ser necesario, ajustar su dirección.
