La oposición calienta motores para largar la semana próxima el debate del Presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados. Mientras exigen la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, para ahondar en las explicaciones que no dio el presidente Javier Milei, los legisladores buscan alternativas para financiar el déficit cero sin tocar otras partidas, como el fin de los “privilegios” que concede el Estado a través del gasto tributario.
En paralelo, la Casa Rosada fue sede, este lunes, de un encuentro entre diputados de La Libertad Avanza, el PRO y el MID con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para elaborar un cronograma de tratamiento y seguir coordinando la agenda legislativa.
En los últimos días, el Gobierno tanteó el terreno entre diputados de la oposición dialoguista para realizar una reunión reducida donde Caputo (reacio a hablar en público) pueda exponer sobre el proyecto del Poder Ejecutivo y que sean los secretarios de la cartera económica los que se presenten en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que encabeza José Luis Espert, junto a ministros de otras áreas.
Aunque el encuentro “VIP” aún no fue concertado, en la oposición reclaman que Caputo (quien se encuentra con Milei en Nueva York) dé la cara en el Congreso.
Unión por la Patria, que no formaría parte del encuentro reservado, se puso a la cabeza del tema y pidió por nota que el responsable de Economía asista a Diputados, al tope de un listado de 25 funcionarios. En otros bloques más amigables con el Gobierno también requieren la presencia de Caputo.
“Motosierra”
En el Presupuesto, Milei pasó la “motosierra” por partidas sensibles. En educación, se suspenden los pisos mínimos de financiamiento y se otorga a universidades nacionales la mitad de lo que reclaman los rectores. En salud, se reduce un 18,2% el presupuesto del ministerio, según un informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina). Y en jubilaciones, no se contempla la recomposición del 8% que establecía la ley vetada por el presidente por el ensamble entre fórmulas.
En cambio, se duplicaron las partidas destinadas a financiar dependencias como la Secretaría General de la Presidencia, que comanda Karina Milei (hermana del presidente y parte del tridente de poder junto con Santiago Caputo), y para la Secretaría de Inteligencia (SIDE).
A su vez, se mantiene prácticamente inalterable el gasto tributario, es decir, la recaudación que el Estado deja de percibir por otorgar facilidades o exenciones impositivas, o beneficiar a determinados sectores o zonas geográficas a través de regímenes de promoción, como el que rige en Tierra del Fuego hace más de medio siglo (y con vigencia hasta 2038) para la producción de artículos electrónicos.
En total, el gasto tributario representará en 2025 el 3,54% del PBI ($27,03 billones). De ellos, $23,7 billones corresponden a tratamientos especiales establecidos en las leyes de los respectivos impuestos, y $3,3 billones a los diversos regímenes de promoción económica. Para beneficiar a Tierra del Fuego, el Estado resignará el año próximo más de $1,3 billones, lo que representa un 0,18% del PBI (0,03% más que este año).
“Están bastante tranquilas todas las corporaciones que tienen regímenes especiales para pagar menos impuestos que el resto: los gastos tributarios suman 3,5% del PIB, según dice el Gobierno. Ahí adentro están los jueces que no pagan Ganancias, importadoras como la de Caputo y -por supuesto- (Marcos) Galperín”, denunció el economista Itai Hagman (Unión por la Patria), quien remarca la necesidad de que asistan funcionarios al debate.
En la UCR también piden revisar el tema, aunque con más cautela. “El gasto tributario es uno de los frentes a atacar, absolutamente, pero recién están abiertas las negociaciones “, dijo el diputado y economista de la UCR Martín Tetaz. “Vamos a esperar las informativas antes de cualquier planteo, pero el gasto tributario es un tema que planteamos siempre, sobre todo considerando muy injusto que a ciertos sectores no se los haya hecho contribuir en el esfuerzo y otros muy vulnerables expliquen gran parte de la baja del gasto real”, afirmó Lisandro Nieri, exministro de Hacienda de Mendoza.
La Coalición Cívica, en tanto, tiene presentado un proyecto para eliminar el régimen fueguino de manera progresiva. “Compartimos los principios de lucha contra la inflación, déficit cero y cómo mejorar la eficiencia en el gasto, pero lo que no compartimos es el gran déficit que se está teniendo con los jubilados, la salud, la educación, y en cómo terminar con el gasto tributario de privilegios”, dijo a La Voz el diputado Maximiliano Ferraro.
Ferraro sostuvo que “las prioridades, la hoja de ruta de un gobierno, se expresan en el Presupuesto. Es por eso que nos parece importante debatir nuestra propuesta sobre gasto tributario”.
Desde Encuentro Federal, el cordobés Oscar Agost Carreño advirtió que en la isla “tres empresas producen tecnología sin pagar prácticamente impuestos, sin siquiera la contrapartida de que los productos sean vendidos a un precio razonable (basta con cruzar a Chile para conseguirlos hasta tres veces más baratos)”. Además, sembró sospechas sobre un reciente aumento del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina.
“Debatir seriamente sobre fideicomisos y gasto tributario es esencial para que todos los argentinos afronten de manera equitativa el ajuste que propone el gobierno de Milei. No es aceptable que los jubilados o las universidades asuman el costo que grandes empresarios amigos del poder no pagan”, señaló Agost Carreño.
Además del caso de Tierra del Fuego, hay otros puntos del gasto tributario que también son mirados con lupa. Por ejemplo, la exención del pago del impuesto a las Ganancias para magistrados y funcionarios del Poder Judicial le costará al Estado $766.864 millones (0,10% del PBI) el año próximo. En la misma proporción se ubica la exención del mismo tributo para asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas, con un costo de $731.344,5 millones.
Tema “blindado”
En el último Presupuesto aprobado, el de 2023 (que rige este año tras la prórroga de Milei), el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, anexó una “separata” con el impacto detallado del gasto tributario en las cuentas públicas. El peronismo intentó incorporar en el proyecto un artículo para que todos los integrantes del Poder Judicial pagaran Ganancias, pero la oposición lo volteó en el recinto.
Ya bajo la gestión Milei, en el marco del paquete fiscal que complementó la Ley Bases, la oposición introdujo en Diputados un artículo que instaba al Poder Ejecutivo a proponer una ley para recortar el gasto tributario en un 2% del PBI en un plazo de 60 días. Pero el Senado lo rechazó con una mayoría aplastante, que superó ampliamente los dos tercios: 64 votos en contra (se unieron La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y hasta Unión por la Patria) y solo 7 a favor. En la Cámara baja ni siquiera atinaron a insistir.
Ahora, en su proyecto de Presupuesto, Milei dejó un mensaje para los diputados que intenten volver sobre el tema: “Es necesario advertir que, si se desea utilizar el informe de gasto tributario como herramienta para evaluar cambios en la estructura tributaria (como eliminar o incluir exenciones), deberán efectuarse los ajustes necesarios para medir la reacción de los agentes involucrados con el fin de cuantificar el impacto efectivo de los cambios sobre la recaudación”.
“Implica, por lo tanto, contar para estos casos con información adicional, tal como elasticidades de oferta y demanda, el comportamiento con relación a la evasión, entre otros aspectos”, indicó el Ejecutivo en el mensaje que acompaña al proyecto de ley.
Sin tantos reparos, el oficialista Espert declaró abiertamente en contra del régimen fueguino hace seis meses. “La manera de hacerte millonario en la Argentina es una gran cagada para el país, porque es una manera prebendaria, corrupta, de negocios truchos como Tierra del Fuego. ¿Hasta cuándo vamos a promocionar Tierra del Fuego?”, cuestionó el economista en marzo, en una entrevista a Radio Rivadavia.
Espert consideró entonces que “a la provincia le iría mucho mejor de lo que le va sin la promoción industrial que con ella, porque con la promoción se dio el lujo de prohibir una actividad que le generaría mucha plata de manera genuina, como es la cría de salmones”.
