Un grupo de diputados nacionales del PRO presentó en las últimas horas dos proyectos de Ley con el fin de quitarle al expresidente Alberto Fernández la pensión de privilegio, los honores y la custodia que tiene por haber sido Presidente.
Todo lo publicado sobre el expresidente Alberto Fernández
Las iniciativas son impulsadas por los diputados Silvana Giudici, Damián Arabia y un grupo de 12 legisladores del bloque.
La presentación surgió a partir de la denuncia que Fabiola Yánez, ex primera dama, le realizó a Fernández por violencia de género.
Los legisladores pidieron la modificación de la Ley 24.018, de Jubilaciones y Pensiones, que en su artículo primero hace referencia a, “el Presidente, el Vicepresidente de la Nación y los Jueces de la Corte Suprema de la Nación quedan comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias que se establecen en el presente capítulo a partir del cese en sus funciones”.
La diputada Silvana Giudici dijo que “la norma se ha fundamentado no sólo en aspectos fácticos vinculados al desgaste propio y específico en las personas que se desempeñaron como cabeza de los poderes del Estado, sino que lleva implícito el reconocimiento de todo el pueblo argentino de la dignidad y honor propios de aquellas altas investiduras”.
Condena firme en segunda instancia
El proyecto señala que se quitarán los privilegios mencionados cuando haya condena firme en segunda instancia. Y enumera los siguientes delitos cometidos por el exmandatario que fuere condenado: causas de corrupción, incumplimiento de deberes de funcionario público, delitos contra la integridad sexual.
El proyecto tomó estado parlamentario y se espera que sea girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Previsión social y Legislación Penal.
Inhabilitación para ejercer cargos públicos
El proyecto agrega la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a quienes ejerzan violencia de género o violaciones (también cuando exista una condena en segunda instancia judicial). “Es necesario evaluar los privilegios otorgados en función de la condena a la que se arribe en ámbito judicial”, argumentan los legisladores en los fundamentos.
