Unas 150 personas que integran partidos políticos (algunos cercanos al Gobierno nacional), sindicatos y organizaciones civiles presentaron en la Justicia Federal una acción de amparo que declare la “inconstitucionalidad y nulidad insanable” de la deuda con el FMI.
Esta acción colectiva es impulsada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma que lidera el sindicalista Ricardo Peidro y cuyo segundo jefe es Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Asimismo, forma parte de quienes impulsan el amparo el partido Unidad Popular, cuyo presidente es el economista Claudio Lozano y actual Director del Banco Nación, designado durante el gobierno de Alberto Fernández.
También firman el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), La Defensoría de Laburantes y Casa Cultural Pepa Noia.
La demanda quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Cecilia Gilardi Madariaga de Negre.
La difusión de la demanda fue acompañada con un video de un taller brindado por Lozano con un análisis del nuevo acuerdo con el FMI, en el que el economista critica con dureza los términos del entendimiento.
En la acción de amparo colectivo, estos referentes políticos y sindicales piden que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable de cada una de las Cartas de Intenciones y de los Acuerdos Stand-By firmados por el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional durante el año 2018 y 2019.
Entienden que todo lo firmado por el Gobierno de Mauricio Macri viola la Constitución de la Nación Argentina (arts. 4; 75 inciso 4, 7 y 22; 76; 99, inciso 3); el artículo 53 de la Ley N° 24.156; los artículos 3 y 14 de la Ley N° 19.549; y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes.
Asimismo, el amparo pide que se ordene al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional a abstenerse de emitir actos o aprobar leyes que tengan por objeto, directo o indirecto, sanear, legalizar, subsanar, convalidar, cancelar los vencimientos o reconocer, el endeudamiento del Estado Argentino con el Fondo Monetario Internacional realizado durante el año 2018.
En esa línea, solicitan que se ordene al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional a abstenerse de proseguir con la ejecución de estos acuerdos llevados adelante con el Fondo Monetario Internacional y, por ende, interrumpir los pagos al FMI que derivan de dichos acuerdos.
También piden que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable de toda normativa o ley, ya sea emitida por el Poder Ejecutivo o el Congreso Nacional, que tenga por objeto, directo o indirecto, sanear, legalizar, subsanar, convalidar, cancelar los vencimientos o reconocer, el endeudamiento del Estado Argentino con el Fondo Monetario Internacional realizado durante el año 2018 (art. 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, arts. 3 y 14 de la Ley N° 19.549, art. 1711 del Código Civil y Comercial).
