El juez federal N° 2 de Córdoba capital, Alejandro Sánchez Freytes, sobreseyó a la piquetera Mónica Patricia Calisaya (44) que en 2022 impulsó el bloqueo de la ruta 9 norte un día antes del comienzo del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, por un reclamo contra el entonces intendente de Colonia Caroya, Gustavo Brandán.
La queja de la mujer y otras personas desató por entonces un caos vehicular, desvíos y las imputaciones de Calisaya y de otro manifestante, Fernando Darío Arrieta, luego procesados por el delito de entorpecimiento de servicios públicos.
En 2023, la mujer realizó 48 horas de trabajo comunitario no remunerativo en el comedor “Corazoncitos Felices” y el juez ahora la sobreseyó.
Protesta en la ruta y escándalo
La causa penal nació a partir del corte de ruta acaecido el 5 de enero de 2022, alrededor de las 7. El fiscal N° 3 del Córdoba capital, Maximiliano Hairabedian, achacó a Calisaya y a Arrieta haber dirigido a unas 50 personas que cortaron de manera total la circulación por la ruta 9 norte, a la altura del kilómetro 749 y calle 128, en Caroya.
Luego del aviso de la Policía sobre el corte, la Gendarmería constató el bloqueo de los vecinos de Malabrigo en reclamo por mejoras en el suministro de luz y agua potable. Debido a la interrupción, los vehículos debieron ser desviados solo un día antes del inicio del festival.
El juez Sánchez Freytes ordenó a Gendarmería el desalojo. Los efectivos constataron que Calisaya oficiaba de “vocera” de los manifestantes y Arrieta, como incitador de la continuidad del bloqueo.
Los vecinos se manifestaron por seguir con la medida hasta tanto el fiscal se hiciera presente, argumentando que el instructor ya había mediado entre ellos y la Municipalidad en 2021 y por el mismo tema.
Hairabedian llegó al lugar y Arrieta comenzó a cuestionar al entonces intendente, Brandán, porque no les proveía de agua y luz, y culpó a la Justicia por resultar cómplice de la falta de los servicios.
Exaltado y a los gritos, le advirtió al fiscal que solo por la fuerza los iban a poder desalojar. Hairabedian les explicó la razón de su presencia y las posibles consecuencias legales de su accionar; además, les señaló que la Justicia federal no tenía facultades para proveerles los servicios.
Adujeron que el corte era la forma que tenían para protestar y que si el intendente les proveía agua y electricidad, levantarían el boqueo.
Brandán explicó al fiscal que no podía recibirlos por estar enfermo y advirtió que los manifestantes días antes habían tomado la Municipalidad, y que Arrieta era un usurpador de tierras junto con otras familias ocupas. Negó tener la potestad de proveerles agua de red y luz, pero aclaró que la Municipalidad les proveía agua con camiones y bidones.
La conflictividad fue in crescendo, con la advertencia de vecinos de Caroya que amenazaron con cortar ellos también las calles en repudio hacia el corte principal.
Hairabedian les comunicó a los manifestantes la respuesta negativa del intendente y les solicitó despejar media calzada para equilibrar su derecho de protesta y el de los automovilistas para circular.
Un grupo significativo de manifestantes se mostró favorable al diálogo y a una solución al corte total, pero Arrieta siguió arengando a los demás para que mantuvieran el bloqueo. A pesar de la disposición del fiscal para interceder ante el juez, Arrieta se opuso a la idea de despejar media calzada y se tiró debajo un patrullero.
Se generaron disturbios entre los vecinos pacíficos –liderados por Calisaya–, a favor de liberar la media calzada, y los comandados por Arrieta, quien fue detenido. Los manifestantes fueron desalojados.
Arrieta manifestó que Calisaya le pidió que participara y alegó que era una manifestación pacífica. Ambos fueron procesados, y ahora el juez Sánchez Freytes sobreseyó a Calisaya tras cumplir con las tareas comunitarias.
En tanto, Arrieta no solicitó la probation, por lo que no fue sobreseído.
