El juez federal N° 1 de Córdoba capital, Alejandro Sánchez Freytes, sobreseyó a todos los imputados por asociación ilícita fiscal, insolvencia fiscal fraudulenta y apropiación indebida de recursos de la seguridad social, y cerró así la “causa Cotreco” a partir de los beneficios de la ley de blanqueo sancionada a mitad de este año.
El magistrado declaró la extinción de la acción penal en beneficio de Horacio Fabián Busso, ex-CEO de Cotreco; Marcelo Elio Debernardo; Flavio Néstor Cavallieri; Jorge Héctor Pedro Pereyra Córdoba Campos; David Emanuel Druetta; Mario Severo Garzón; Diego Gustavo Pellarín; Juan Martín Pasquali; Omar Bernardo Bottoso; Carlos Vaquero, e Iván Vaquero.
La causa Cotreco
La causa comenzó a partir de la denuncia de Juan Carlos Delgado, apoderado del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) y la obra social (Ossurrbac), ante el fiscal federal de Córdoba capital N° 1, Enrique Senestrari.
Según la investigación fiscal, entre 2009 y 2019, Busso y los contadores Debernardo y Cavallieri habrían liderado una presunta banda delictiva dedicada a la evasión, apropiación de recursos de la seguridad social y de tributos, insolvencia fiscal fraudulenta, quiebra fraudulenta, y presunto lavado en el marco de licitaciones de servicios de higiene y recolección de residuos.
La banda se habría valido de las firmas Guba SA, Cotreco SA y Urbacor SA para eludir impuestos mediante la omisión de presentación de declaraciones juradas, la generación y la renovación de planes de pagos de los tributos adeudados y el cómputo de facturación apócrifa emitida por empresas controladas por aquellas compañías (División Protonic SA, Nueva Serie SA, Futuro Sustentable SRL, Vanesin SA e Intruder Service SA).
Siempre según la acusación, ante la posible finalización de los contratos de concesión o del conocimiento del fisco (para determinar sus deudas), Busso, Cavallieri y Debernardo habrían ordenado que allegados constituyeran los fideicomisos Guba, Garantía Cotreco y Más Recurso para incumplir las obligaciones de Guba y Cotreco.
Habrían utilizado los fideicomisos para darle un “marco jurídico”, según Senestrari, al desvío de los principales activos de Guba y Cotreco, frustrando así el cumplimiento de sus obligaciones, al transformar a los responsables del cumplimiento de las firmas en personas jurídicas sin capacidad económica para hacerlo.
La banda –decía la investigación– habría cambiado los domicilios fiscales, alternando entre Capital Federal y Córdoba, para dificultar las acciones de fiscalización. Busso, Cavallieri y Debernardo habrían dado instrucciones a los “firmantes” con cargos directivos en las empresas y “apoderados”, Druetta (expresidente de Cotreco), Pereyra Córdoba, el contador Pellarín (exdirector de Cotreco) y Garzón.
También habría dado órdenes a los “responsables” de la Mutual Red Solidaria, Pasquali y Bottoso (realizaron operaciones de asistencia financiera a través de mutuos y cesiones de facturación con Guba y Cotreco, colaborando presuntamente para desviar fondos de la facturación) y a Carlos Vaquero e Iván Vaquero, encargados de constituir las demás SA.
A fin de frustrar el cobro de las obligaciones fiscales recaídas sobre Guba y Cotreco, Busso, Debernardo y Cavallieri, mediante los fideicomisos, habrían provocado o agravado la insolvencia de las firmas, según el fiscal..
Busso y Cavallieri nombraron a Néstor Rubén Alabi (sobreseído) como nuevo presidente de Guba, manteniendo el control al nombrar a Pereyra Córdoba Campos como síndico titular y al propio Cavallieri como suplente.
Alabi y Pereyra Córdoba Campos celebraron el contrato de fideicomiso Guba, en el que la empresa ocuparía el lugar de fiduciante y beneficiaria, y Pereyra Córdoba Campos, el de fiduciario.
Según su objeto, el fideicomiso fue creado para que Guba transfiriera al fiduciario la administración de la totalidad de los derechos sobre la facturación y a emitir por Guba con la obligación de aplicar lo producido a todos los gastos.
Sin embargo, el fiscal planteó que, con el fideicomiso, la banda habría buscado montar una “pantalla” para sustraer los principales activos de Guba del alcance del fisco. Busso y Cavallieri habrían dispuesto que el fideicomiso (administrado por Pereyra Córdoba Campos) no contara con las acreditaciones bancarias suficientes para pagar sueldos y aportes.
De esta manera, la asociación ilícita habría eludido sus obligaciones fiscales, haciéndolas recaer en Pereyra Córdoba Campos. El imputado nunca tuvo capacidad económica para afrontarlas, “configurando un claro acto de desapoderamiento en beneficio de Guba”, dijo Senestrari. Por la maniobra fraudulenta, se declaró la quiebra de la empresa, con créditos a favor del fisco por casi $ 72 millones.
Por su parte, Busso, Debernardo y Cavallieri se habrían valido del fideicomiso de Garantía Cotreco, en el marco de la concesión de los servicios de barrido y recolección que Cotreco habría obtenido con diferentes municipalidades, como las de Córdoba, Río Tercero y Río Cuarto, para evitar afrontar los compromisos fiscales.
Pereyra Córdoba Campos, como fiduciante, celebró el contrato del fideicomiso con Pasquali, en carácter de fiduciario, y la Mutual Red Solidaria, en el carácter de beneficiaria, representada por Bottoso, Hugo Enrique Michaut y Marcela Claudia Ferreyra (estos dos últimos luego sobreseídos).
Este fideicomiso le cedió y transfirió a Pasquali todos los derechos crediticios actuales y futuros derivados de la facturación de Cotreco a la Municipalidad de Río Tercero (quedaron afectados en garantía de deudas contraídas y a contraer por la fiduciante con el beneficiario).
Luego se incorporaron al fideicomiso los derechos crediticios derivados de la facturación a la Municipalidad de Córdoba por recolección hasta cubrir $ 52,5 millones para asegurar las obligaciones de Cotreco con Mutual Red Solidaria.
A través de este mecanismo, Cotreco pudo financiarse con mutuos celebrados con esa mutual, entregó en garantía los derechos de facturación mencionados, y dió prioridad a esta última para el pago de las operaciones financieras en detrimento de sus obligaciones fiscales.
Asimismo, Busso, Debernardo y Cavallieri firmaron el contrato de fideicomiso Más Recurso, con Cotreco como fiduciante y beneficiaria, y Lelio Néstor Dardati (luego sobreseído) como fiduciario. La finalidad era la administración de personal, para lo cual el fiduciario registraría a los empleados a su exclusivo cargo y efectuaría el pago de remuneraciones y cargas sociales.
Pero, según el fiscal, la verdadera finalidad de los imputados con este fideicomiso fue desviar recursos de Cotreco a destinos desconocidos, posiblemente en beneficio propio o de terceros, eludiendo el pago de las cargas sociales y demás obligaciones.
Luego de que el entonces juez federal de Córdoba capital Ricardo Bustos Fierro (su subrogante actual es Sánchez Freytes) ordenara al fisco la determinación de deuda en la causa, Cotreco se presentó a concurso de acreedores por acreencias cercanas a los $ 1.000 millones.
El fiscal también detectó que durante las presidencias de Druetta y Pereyra Córdoba Campos en Cotreco, por disposición de Busso, Debernardo y Cavallieri, se habrían retenido aportes de los empleados y no se habrían depositado los fondos fiscales. También bajo la gestión de Druetta se habría retenido Ganancias e IVA de contribuyentes, sin transferirlos al fisco.
Sobreseimientos de todos
Tras ser procesado, Busso planteó al juez Sánchez Freytes su adhesión como “responsable solidario” de Cotreco a la moratoria prevista en la nueva ley 27.743 (blanqueo), sancionada en julio.
La normativa establece que el acogimiento producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y de la seguridad social, siempre que no hubiera sentencia firme. Es decir que la cancelación total de la deuda producirá la extinción de la acción penal.
Cotreco y Busso cancelaron tres planes de pago, dos de ellos a cargo del empresario como responsable solidario (por los demás imputados), por lo que pidió la extinción de la acusación y su sobreseimiento por la apropiación de los aportes y la asociación ilícita fiscal e insolvencia fiscal.
No obstante, el fiscal dictaminó el pedido y sostuvo que asociación ilícita, asociación ilícita fiscal e insolvencia fiscal fraudulenta no están alcanzados por el blanqueo y por la sospecha de la ilicitud de los fondos utilizados para cancelar las deudas.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca, ex-Afip) confirmó la cancelación total de los planes de pago, mientras que la Unidad de Información Financiera sostuvo que debía dictarse el sobreseimiento no sólo de Busso, sino del resto de los imputados.
El juez declaró la extinción de la acción penal contra todos los imputados y los sobreseyó. Al respecto, sostuvo que, de acuerdo con la nueva ley, la cancelación total produce la extinción de la acción penal por delitos tributarios, cambiarios y aduaneros. El beneficio normativo alcanza a socios administradores y a gerentes, a directores, a síndicos y a cargos equivalentes en fideicomisos, etcétera.
De ese modo, rechazó el planteo del fiscal que se había opuesto a la suspensión de la acción penal de Busso al señalar que el decreto reglamentario de la ley de blanqueo era “inconstitucional”, porque el Ejecutivo se excedió en sus facultades al incluir delitos fiscales comunes.
Para el juez, el decreto sí tiene validez “en concordancia con lo que la ley impone”. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema, al remarcar que “cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa aplicación”. “Los jueces no deben sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal cual este la concibió”, indicó.
Sobreseyó a todos y cerró la causa.
