¿Cómo pudo pasar lo que sucedió en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba? Es la tragedia sanitaria más fatal y espantosa de la salud pública provincial: en una aparente acción dolosa, murieron cinco bebés recién nacidos, sanos y vigorosos, y otros ocho se descompensaron de modo inexplicable y estuvieron al borde de la muerte, aunque pudieron ser salvados.
Esto ocurrió en un hospital de tercer nivel, de altísima complejidad, que recibe a mamás de buena parte del norte del país. Se especializa en casos extremos, con patologías severas detectadas en el embarazo. Pero 11 de los 13 bebés afectados superaban con creces los tres kilos de peso. Los otros dos rozaban los tres kilos.
Las 13 mamás se habían hecho todos los controles. La mayoría había pagado de manera particular las ecografías, sacando de donde no tenían. Todas estaban ajustadísimas con la plata. Una de ellas, Ludmila, caminó 60 cuadras, con trabajo de parto iniciado, para llegar a atenderse al hospital. Un taxi era imposible para ella.
La Justicia determinará en pocas semanas las responsabilidades. Pero todo indica que la tragedia del Neonatal pudo pasar por la manera en que se trataba a las mamás en ese centro de salud.
En otras palabras: lo que pasó en el Neonatal seguramente tiene varias explicaciones, pero el denominador común es que las consideraron invisibles. Las sabían solas, sin red, pobres. Sin voz.
A marzo de 2022, todavía las hacían parir en soledad, alegando riesgo de Covid. No dejaban que nadie de su entorno íntimo pasara con ellas a la sala de parto.
Muchas aseguraron que mientras parían escucharon descalificaciones espantosas. Las retaban por gritar. Ninguna pudo recordar el nombre de una enfermera o una médica que las atendió: alumbraron en soledad, sin una mano de apoyo en el momento quizá más conmocionante de sus vidas.
“El sistema” que se anudó puertas adentro del Neonatal fue incentivado por una conducción verticalista al extremo, con responsabilidades diluidas, poco control, historias clínicas laxas y –sobre todo- voluntad elocuente de no querer ver lo que estaba sucediendo: se descompensaban bebés vigorosos; morían bebés sanos.
En algún momento advirtieron que podía haber una mano humana. De hecho, movieron la sala de incubadoras para que los bebés no quedaran solos y rehabilitaron el ingreso de un acompañante a la sala de parto (no durante el trabajo de preparto), de modo que hubiera un tercero que vigilara al bebé. Brenda Leiva, el 11 de mayo, es la primera parturienta de la serie que logro pasar con su mamá, María. Fue el caso ocho de 13.
Nunca les dieron explicaciones de nada. Los ocho bebés que sobrevivieron estuvieron internados varios días. No les detallaron la medicación que estaban recibiendo: ninguna mamá supo cuál fue el tratamiento indicado a sus hijos ni por qué fueron tratados.
A Justine, por ejemplo, no la dejaron tocar ni una sola vez a su beba durante los nueve días que estuvo en terapia. Fueron nueve días en incubadora en los que esa beba no recibió nunca un abrazo, un contacto humano.
El 24 de abril ocurrieron dos descompensaciones a la vez –las bebas de Justine y de Tamara– y dos días después, la beba de Gabriela. Tamara y Gabriela encontraron en el pantalón aureolas de sangre extrañas. Al bebé de Yasmín, cuyo bebé nació el 1 de mayo, le apareció como un huevo duro en la pierna derecha. La vitamina K fue colocada en la izquierda. Nueve días estuvo internado su hijo. Silencio absoluto.
El 23 de mayo fallece Ibrahim, el bebé de Julieta Guardia. Eran tan evidentes las irregularidades, que la médica jefa de terapia intensiva no quiso firmar el certificado de defunción. Según lo investigado, lo hizo Martha Gómez Flores, por pedido de la entonces directora del hospital, Liliana Asís.
El presunto ataque siguiente fue el 6 de junio, cuando ocurrieron cuatro casos en simultáneo. Dos bebas fallecieron, dos sobrevivieron. Al día siguiente, Asís fue hasta el despacho de Pablo Carvajal, entonces secretario de Salud, y le admitió que el hospital se le había ido de las manos. El 8 desembarcaron las autoridades del Ministerio de Salud y empezaron a hacer entrevistas al personal que había estado en esa fatídica guardia, con la intención de reconstruir los hechos.
A Brenda Agüero, que trabajaba en la guardia del lunes, la dispensaron de prestar servicio, junto a otros 22 empleados. Todos se fueron reincorporando, menos ella.
Mientras todo eso pasaba, Ludmila y María, las mamás de las bebas sobrevivientes del 6 de junio, estaban en el hospital porque sus hijas seguían internadas. La de Ludmila estuvo 14 días; la de María, 16. El 21 de junio dieron de alta a esta última beba. Ese día, una enfermera le susurró a María antes de irse: “Hacé la denuncia porque acá están pasando cosas raras; asesorate con un abogado, porque no es la primera vez que pasa esto”.
En todos esos días, según la causa judicial, nadie del hospital ni del Ministerio de Salud fue con la verdad a esas dos mamás, que pasaban todo el tiempo en terapia. Al parecer, nadie pensaba decirles una sola palabra. Es más: la presunción es que esa “investigación interna” que el Ministerio ordenó dentro del Neonatal nunca debía ser ventilada. Se mancillaría al hospital.
La enfermera Agüero recién sabría de su situación de sospechosa cuando el 11 de agosto la tragedia fue ventilada por los medios de comunicación y el 19 la detuvieron. El fiscal Guillermo González –quien conoció los hechos el 16 de mayo, en la famosa reunión con el entonces subdirector de Gestión Administrativa del Neonatal, Alejandro Escudero Salama- se lamentó por la difusión del caso en Radio Mitre. “Desde el hospital y el Ministerio se estaba trabajando muy seriamente; es algo que se intentó cuidar mucho. Al hacerse público, va a ser muy difícil investigar”, se quejó.
Ninguna mamá fue citada después del 6 de junio para explicarles, aunque fuera tarde, lo que había pasado con sus hijos. Nadie las llamó, nadie siquiera les preguntó –a las que tenían bebés vivos- si todo marchaba bien.
En el juicio que se está llevando adelante en la Cámara Séptima del Crimen de la Capital provincial, las mamás fueron otra vez victimizadas. Las acusan de querer lucrar con la tragedia, como si por ser pobres e indefensas no tuvieran derecho a una reparación económica que jamás podrá compensar el bebé que no está.
En el fondo, sigue actuando el mismo sistema: las saben pobres, solas, sin red. Las declaraciones de Juan Manuel Rivero, quien insinuó que cambiaron sus declaraciones por plata, las atravesaron otra vez. Parece que, en el fondo, el dolor de esas mujeres vale poco y nada. “Ninguna madre debería tener que defender su dolor. Ninguna madre debería soportar que, encima de la pérdida, le pongan en duda su verdad”, escribieron en una publicación.
Vanessa, Damaris, Justine, Tamara, Gabriela, Yazmín, Brenda, Julieta, Yoseline, Brisa, Ludmila y María han peregrinado desde enero en Tribunales esperando justicia. No sólo para que se determine quién actuó, sino también quiénes hicieron la vista gorda y permitieron que eso pasara.
La política sanitaria implementada durante 26 años del mismo partido en el poder logró hacer el traspaso de una gestión a otra sin que sea cuestionada la manera de ejercer la salud. Como si por ser pobre debieras mendigar atención y parir con dolor extremo y en soledad. Como si por no haber terminado el secundario no merecieras una explicación médica sobre lo que le pasa a tu bebé. Como si por no pagar el parto debieras estar calladita la boca.
Desde el momento en que el Ministerio Público Fiscal decidió cómo debía conformarse la acusación, garantizó que la política sanitaria no fuese juzgada. El fiscal Sergio Ruiz Moreno cumplió la encomienda: ensalzó a Cardozo y dijo que es un buen hombre. “Nos dio una lección de integridad”, elogió en plena audiencia. Podrá serlo, pero está acusado de encubrir lo que sabía. La Justicia tiene en sus manos ahora mucho más que resolver el caso. Deberá, más que nunca, demostrar que todas las víctimas valen igual, aunque sean pobres y estén solas y sin red.
