El juez federal N° 1 de Córdoba capital, Alejandro Sánchez Freytes, procesó al exintendente de Saldán Cayetano del Valle Canto; la entonces contadora del municipio y actual jefa comunal, Hebe Carolina Cristori, y el exintendente de Mendiolaza, Néstor Daniel Salibi, junto a otras 32 personas, por una causa de presunta megaevasión a través de “usinas” de facturas apócrifas, administración fraudulenta y lavado de dinero.
“Usinas” de facturas truchas en Córdoba
La megacausa se remonta a 2019 y 2020, cuando los fiscales N° 1, Enrique Senestrari, y N° 3 de Córdoba capital, Maximiliano Hairabedian, y su entonces par de San Francisco, Luis Viaut, abrieron causas paralelas a raíz de denuncias por una multiplicidad de delitos y actores.
Pudieron establecer que Diego Alberto Vieyra Ferreyra (40) habría sido el organizador de la estructura criminal (procesado en 2021) por supuesta alteración dolosa de registros fiscales, asociación ilícita fiscal y lavado agravado.
Varios de los imputados habrían conformado la asociación ilícita para perpetrar delitos tributarios a través de la emisión y venta de facturas apócrifas a su nombre, a nombre de otras personas físicas (con o sin su consentimiento) o de personas jurídicas, utilizando sus claves fiscales y sin tener la capacidad económica para brindar servicios (“usinas”) o, en particular, los servicios o productos facturados (“usinas mixtas”).
Así, el mecanismo habría funcionado con una estratificación y una diversificación de roles: el organizador, los prestanombres, los intermediarios y los vendedores.
A su vez, la banda habría actuado también copiando facturas verdaderas de contribuyentes con capacidad económica, a las cuales les habrían cambiado los datos del cliente y los valores de la operación, en realidad inexistente.
La finalidad era, según la investigación, generar crédito fiscal espurio, en parte para disminuir la base imponible de los clientes de la organización con relación a IVA y Ganancias, y también para disimular la falta de capacidad económica de las “usinas” utilizadas para emitir facturas apócrifas, con excepción de los municipios y las comunas (exentos de esos impuestos).
Como supuesto líder, Vieyra Ferreyra se habría encargado de obtener por sí o por otras personas el Cuit y la clave fiscal de las “usinas” y las “usinas mixtas”, para emitir miles de facturas apócrifas. Habría coordinado la emisión desde otros domicilios y las habría vendido directamente o a través de intermediarios a los “clientes” de la organización.
La banda habría generado un doble perjuicio: por un lado, fiscal, por la evasión de impuestos presuntamente cometida por sus “clientes”; por otro, un daño para algunas “víctimas” de la organización que habrían perdido el control de sus claves fiscales, vieron alterados sus registros ante la Afip y quedaron sujetos a fiscalizaciones y sanciones administrativas (ingreso a la base Apoc del fisco, suspensión o bloqueo del Cuit).
Nuevos procesamientos en Córdoba
El juez Sánchez Freytes dictó nuevos 35 procesamientos, sin preventiva, que alcanzan a:
- Diego Vieyra Ferreyra
- Natalia Soledad Vieyra Ferreyra
- Mauricio Andrés Pizzi
- Lucas Fernando Zopetto
- Ruth Noemí Díaz
- Rodolfo Luis Tapiero
- Jorge Daniel Cuevas
- Cristian Debarre
- Mario Ernesto Casco
- Gastón Ezequiel Pereyra
- Sergio Gabriel Sosa
- Marcelo Rubén Gaido
- Rocío Flores Morán
- Jonatán Nahuel Suárez Cavalieri
- Carlos Antonio Paredes
- Alejandro Martín Ventrone
- Jorge Héctor Sidero
- Eduardo Gleser
- Patricio Rolando González
- Corphone SA
- Nesat SRL
- Aloo SA
- Marster Red SA
- Germán Daniel Destéfanis
- César Eduardo Capella
- Fernando Sciarra Villalba
- Pablo Darío Barbieri
- Federico Carlos Dellamaggiore
- Leandro Paolo Srur
- Eduardo Mauricio Pinto
- Cayetano del Valle Canto
- Daniel Osvaldo Barón
- Hebe Carolina Cristori
- Daniel Salibi
- Paola Andrea Arévalo.
Respecto de Pizzi y Díaz, el magistrado sostuvo que su participación como “intermediarios” habría consistido en entregar sus datos y datos de terceros que habrían reclutado para que Diego Vieyra elaborara las facturas truchas.
Cuevas, a su vez, habría sido el firmante de cheques, apoderado y también representante de clave fiscal del administrador de Grupo TMIV.
Zopetto no sólo había dado sus datos y de terceros a Vieyra Ferreyra, sino que también las habría generado. Así, Pizzi, Díaz, Cuevas y Zopetto fueron procesados por alteración dolosa de registros fiscales agravada.
El juez, asimismo, procesó por evasión tributaria agravada por el uso de facturación apócrifa a Debarre, Casco, Pereyra, Sosa, Gaido, Morán, Suárez Cavalieri, Pared, Ventrone, Sidero, Gleser, González, Zoppeto, Tapiero, Díaz, Pizzi, Corphone, Nesat, Aloo y Marser Red.
Tras el reclutamiento de claves fiscales, a través de engaños u ofreciendo dinero a personas carenciadas, luego se modificaba su registro fiscal y se emitían facturas falsas. Así, las cuatro empresas y los contribuyentes computaban un crédito fiscal espurio para evadir.
Por el presunto lavado, el juez procesó a Debarre, Casco, Cuevas, Destéfanis, Capella, Sciarra, Barbieri, Dellamaggiore, Srur, Pinto, Patricio González y Gaido. En relación con los multimillonarios réditos producto de las actividades ilegales, los empresarios habrían lavado dinero en el mercado económico, bancario, financiero y bursátil.
Unas de las formas habría sido a través de la adquisición de bonos, acciones y letras del mercado de capitales, exentos del Impuesto sobre Bienes Personales (Pinto, Srur y Sciarra, etc.); plazos fijos (Destéfanis, Arevalo, Dellamaggiore); compraventa de moneda extranjera (Destéfanis, Debarre, Capella, Sciarra, Dellamagiore, Srur y Pintos), y adquisición de autos de alta gama, motos de agua, lanchas, motos o inmuebles (todos los imputados).
En muchos casos, estos bienes no estaban a nombre de los imputados, por lo que emergieron personas jurídicas o familiares directos interpuestos entre el bien y el imputado, con lo que los empresarios buscaban mantenerse “ocultos” respecto de las operaciones.
Esos terceros no habrían tenido capacidad contributiva para la adquisición de bienes a valores exorbitantes. En otros casos, se sospecha que ninguno de los bienes fue registrado, para imposibilitar así la trazabilidad de las ganancias.
Citando jurisprudencia, el juez recordó que los fondos evadidos pueden ser considerados “procedentes” de un ilícito a los fines del lavado, con lo que descartó planteos defensivos.
Los casos de Del Valle Canto, Salibi, Cristori y otros
Del Valle Canto, exintendente de Saldán; la entonces contadora del municipio y actual jefa comunal, Cristori; Salibi, exintendente de Mendiolaza; Diego Vieyra Ferreyra y Barón fueron procesados por administración fraudulenta contra la administración pública.
Valle Canto; su entonces secretario de Gobierno, Barón; la contadora del municipio de Saldán, Cristori (hoy, intendenta), y terceros habrían sustraído de las arcas de la Municipalidad $ 9,6 millones.
Para lograrlo, habrían contabilizado en sus cuentas gastos ficticios por el pago de servicios que no habrían sido efectivamente prestados, utilizando facturas apócrifas emitidas por los hermanos Vieyra Ferreyra y otros. De esta forma, los imputados habrían defraudado a la Municipalidad.
Por su parte, Valle Canto, como intendente de Saldán y presidente de la Comunidad Regional Colón, y Salibi, como intendente de Mendiolaza y secretario General de la entidad, junto con otros, habrían sustraído $ 9,3 millones de la Comunidad Regional.
Para eso, habrían contabilizado en sus cuentas gastos ficticios por el pago de servicios (no prestados) mediante facturas apócrifas provistas por los Vieyra Ferreyra.
Para el juez, Del Valle Canto (también se lo investiga por presuntas negociaciones incompatibles y lavado en casinos), Salibi, Cristori y Barón “se habrían valido de su posición funcional dentro de las entidades públicas” para consumar la defraudación.
Los investigadores detectaron que se habría registrado las “usinas” de facturas falsas (que los Vieyra Ferreyra habrían generado y entregado a los imputados) como “proveedores” ficticios de los entes públicos, a pesar de no prestar tareas. Es decir, habrían buscado desviar fondos públicos ya que, luego del pago a esos “proveedores”, se realizó un “pase de fondos” entre terceras personas.
Entre otras irregularidades, nunca se encontró coincidencia entre las órdenes de los pagos realizados (firmadas, en su mayoría, por los imputados) y las obras concretadas. Los pagos, se sospecha, se realizaron en efectivo para evitar la utilización de cheques que pudieran haber precisado de más personas de confianza para consumar las maniobras. Del Valle Canto, Barón, Cristori y allegados habrían realizado las extracciones del dinero de las cuentas del municipio.
A su vez, Casco, Debarre, Gaido, Destéfanis, Dellamagiore, Arévalo y Diego Vieyra Ferreyra fueron procesados por defraudación por administración fraudulenta contra los intereses parcialmente ajenos confiados.
Como apoderado y directivo de Corphone, Debarre habría planificado defraudar a la firma y a sus asociados emitiendo facturas falsas a la empresa para documentar supuestas prestaciones de servicios que no se habrían llevado a cabo.
Para eso habría contado con la colaboración de Casco, intermediario entre Debarre y los falsos proveedores. Gaido, como asesor de Corphone, habría gestionado los falsos contratos de locación de obra/servicios que respaldaban las facturas. Así, Debarre habría ordenado realizar pagos a Vieyra Ferreyra sin brindar contraprestaciones reales.
Por otro lado, Destéfanis, como apoderado y directivo de Softkey, habría emitido facturas truchas por presuntos servicios no realizados para estafar a su empresa y los asociados. Dellamagiore, como asesor contable, habría actuado como intermediario entre Destéfanis y los falsos proveedores, mientras que la CEO de la firma, Arévalo, habría gestionado los falsos contratos respaldatorios de las facturas.
Destéfanis habría ordenado pagos a Vieyra Ferreyra sin contraprestaciones a cambio, defraudando a la empresa. Los fondos habrían sido utilizados, en parte, para cubrir gastos personales de los imputados y aumentar sus patrimonios.
Finalmente, el juez dictó los sobreseimientos de Silvina María Valeria Rincón y, por diversos hechos, de Patricio Rolando González; Fernando Ricardo Lozano; Corebi; Pinto; Srur; Martín Alejandro Sarmiento; Mario Eduardo Morselli; Augusto Boero; Ricardo Alberto Rodríguez Díaz de Tuesta; Mario Alajandro Leikin; Paola Virginia Sayago; María José Marengo; Jessica Yamila Bodes; Sebastián Toranzo; Pizzi; Casco; Arévalo; Leuterio Carlos Bonetto; Cinthya Constanza Vega, y Gastón Ezequiel Pereyra.
