Según los datos publicados por Indec, en el tercer trimestre de 2022 la tasa de desempleo volvió a estar en torno al 7%, por cuarto trimestre consecutivo. Dichos valores mínimos, alcanzados con posterioridad a la pandemia, comparados con el 13% del año 2020 en el que más fuertemente se sintió el parate del confinamiento, pueden parecer a simple vista alentadores.
Sin embargo, mirando con más detalle se observa que estos valores reflejan también importantes problemas en el mercado laboral.
Ocupados demandantes
En primer lugar, existen personas que si bien ya cuentan con un trabajo, están en búsqueda activa de otro. Aunque estos trabajadores son considerados como ocupados, es decir, personas que trabajan al menos una hora a la semana, muy probablemente presenten problemas laborales debido a que no están conformes con su empleo o ingresos. En la actualidad, el porcentaje de ocupados demandantes de más trabajo es del 16%.
Este grupo involucra a informales, monotributistas, beneficiarios de planes de empleo, trabajos mal pagos y subocupados (personas que trabajan pocas horas), es decir, trabajos de baja productividad y calidad, y ganan en promedio la mitad del salario que ganan los trabajadores conformes con su empleo.
En total, son 3,6 millones de personas en edad de trabajar, es decir, entre 14 y 60/65 años (según sea mujer u hombre).
Inactividad
Otro punto a considerar es que la tasa de desempleo tiene en cuenta a quienes no tienen empleo y buscan uno de manera activa. Por lo tanto, ignora a los inactivos, que son las personas que no tienen un empleo ni lo buscan activamente. Actualmente, el 30% de las personas en edad de trabajar se encuentran inactivas, lo cual no es un problema nuevo sino estructural.
En particular, la inactividad suele afectar a mujeres, con escasa experiencia laboral y educación, que no aspiran ni siquiera a un empleo informal. Se dedican a actividades de crianza o domésticas, y probablemente dependen de planes sociales o del ingreso de otro familiar. Lo cual las coloca en una situación de mucha vulnerabilidad que se transforma en crónica. En total, este grupo está compuesto por 9,3 millones de personas en edad de trabajar.
Sumando desempleados, ocupados demandantes e inactivos, tenemos a 14,4 millones de personas con problemas laborales. Es decir, el 47% de la población en edad laboral. En consecuencia, los desempleados (1,5 millones) son apenas una pequeña porción del problema.
Hacia un mejor mercado laboral
En primer lugar, que los jóvenes no caigan en la inactividad forma parte de los principales desafíos y, para esto, no hay que perder de vista la importancia de la educación y su vinculación con el mercado de trabajo (mejorar la empleabilidad).
Respecto a educación, tanto en primaria como en secundaria, los resultados de calidad dan mal y gran parte de estos magros resultados provienen de la mala gestión en distintas esferas. A nivel gobierno, el problema está en no coordinar con las provincias acciones para mejorar los resultados. A nivel docente, el principal problema se suscita por la cantidad de días de paros en establecimientos públicos y en que los directores no tienen incentivos para ser eficientes porque saben que, independientemente de los resultados de los alumnos, van a recibir financiamiento mes tras mes. Como la educación es potestad de las provincias, lo mejor que debería hacer el gobierno nacional es evaluar y exponer a quienes estén por debajo del rendimiento.
Respecto a la empleabilidad de los jóvenes, hay mucho por hacer en el secundario para que sirva como transición al mercado laboral. Desde más oportunidades de pasantías hasta contemplar planes de estudios diferentes para quien quiera seguir la universidad o ingresar al mercado laboral. Los planes como PPP suelen tener buen resultado, sobre todo para que la persona tenga su primera experiencia, debido a que tienen dos características deseables: se le exige a la persona que se forme y es temporal.
Pero la solución no solo pasa por allí. Con reglas de contratación tan rígidas, es muy difícil generar empleo, por lo que es importante contar con instituciones laborales que no castiguen a las empresas que generan trabajo.
Entre los puntos claves se encuentran: la reducción de cargas sociales, la reducción de los costos de despido (las indemnizaciones actuales junto con sus agravantes generan un pasivo contingente que puede superar el valor de la empresa misma) y el dar a cada empresa la posibilidad de negociación por fuera del contrato sectorial de actividad, sobre todo para las pymes.
