La crisis desencadenada por el cierre de las exportaciones cárnicas se clavó como una daga también en el ánimo del empresariado de otras actividades ajenas a la agroindustria. Sin nada para festejar, ahora observa cómo el Gobierno vuelve a incumplir convenios o decide medidas unilaterales enmascaradas en aparentes consensos.
Desde que asumió, Alberto Fernández motorizó una serie de acuerdos sectoriales para atacar problemas urgentes de la economía, pero luego, con la irrupción de la pandemia, la Casa Rosada empezó a torcer la letra de lo escrito, extendió plazos, impuso condiciones y planteó controles por fuera de lo convenido.
El caso del conflicto cárnico sonó como una alarma para el mundo empresario en general y disparó múltiples reacciones.
Los frigoríficos exportadores habían renovado el 10 de mayo un acuerdo de precios que, a los tres días, quedó sin efecto por la decisión de cerrar las ventas externas en busca de más volumen para las góndolas (en particular las del Conurbano bonaerense donde el oficialismo juega su próxima elección).
Para ello, asesorado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, entre otros funcionarios, el presidente Fernández –que le puso el cuerpo en la medida–, usó dos argumentos: el costo de la carne en el mostrador y la evasión tributaria de un muy reducido grupo de exportadores para nada representativos del conjunto de la actividad.
En el primer caso, le trasladó a la industria los problemas que debe resolver la macroeconomía para contener a la inflación, ya que Fernández insiste en que la desbocada emisión no es la causa.
Y en el segundo argumento, el de la evasión, usó un obús para matar unas moscas. Detectó evasión en menos de seis mil toneladas de carne pero detuvo exportaciones por 900 mil toneladas y, por la evolución del conflicto, pone en vilo al conjunto mercado interno con un eventual desabastecimiento.
Demoledor
“Son cosas demoledoras para el clima empresario y de inversión”, alerta Marcelo Uribarren, presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC). Y lo explica así: para exportar más carnes el Estado alentó inversiones importantes que las empresas realizaron. “Ahora se encuentran con una marcha atrás”.
Este mensaje, señala el directivo, “cala hondo en la confianza en el resto de las actividades” que ve la inexistencia de reglas de juego aún para un sector “estrella”, con enorme potencialidad y que ya tiene sus mercados abiertos.
“La pregunta que sigue –reflexiona Uribarren– es cuándo me va a tocar pasar a mí por lo mismo. Por eso la industria láctea se adelantó a un acuerdo. Pero con estas situaciones nadie invierte. En términos de producto bruto las inversiones son ínfimas”, apunta.
La Provincia tampoco ahorró críticas al cierre exportador, al cual ubicó en un contexto de imprevisibilidad para las decisiones. La última correspondió a la secretaria de Ganadería de Córdoba, Catalina Boetto.
Tras enumerar las acciones para poner a la exportación cárnica en un estándar de “altísimo nivel” se encuentra con el abrupto cierre de los envíos. “De repente aparece esto y es un mazazo, inentendible”, definió la funcionaria.
Desde entidades empresarias también destacan que Fernández incumplió otros acuerdos, algunos firmados en difundidos actos políticos, otros de palabra o simplemente “tolerados” para no caer en fricciones.
A los ponchazos
Uno de los más destacados es el de “Precios Máximos”. Al principio de la pandemia organizaciones como la Copal aceptaron una lista de precios de artículos de primera necesidad con topes en sus valores, como una manera de complementar al programa de “Precios Cuidados”.
Luego, los fabricantes de alimentos, bebidas y artículos de higiene, entre otros rubros, se encontraron con que la vigencia del congelamiento fue extendida en siete ocasiones por el Gobierno, con un desfasaje superior al 30% en los costos, indicó la Copal.
Ahora, el titular de esa entidad, Daniel Funes de Rioja, se apresta para asumir el 8 de junio también como presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) donde ya hay aprestos para un “diálogo crítico” con el gobierno, según dijeron a La Voz fuentes de la organización.
Ese posicionamiento se alejará de la paciencia oriental demostrada en el primer año y medio del Frente de Todos en el poder por el presidente que se va, Miguel Acevedo.
La industria láctea dio un paso “preventivo”
La industria láctea acaba de inaugurar una nueva categoría de acuerdos de precios: la preventiva.
Para evitar que, como sucede con la carne, el Gobierno nacional disponga un cierre de exportaciones de leche en polvo (un viento de cola mundial que Argentina intenta aprovechar) se comprometió a suministrar productos por el equivalente a 21 millones de litros de leche por mes a precios rebajados.
El sector también había quedado atrapado por los “Precios Máximos”. En todo 2020 le autorizaron a subir en dos etapas el cinco por ciento los valores de la mercadería contra una inflación del 36%.
“Los productos incluidos en el acuerdo tendrán una revisión de precios periódica, esperamos que sea trimestral”, se esperanza Ercole Felippa, titular de una de las entidades firmantes, el Centro de Industria Lechera (CIL).
Pero en realidad todo depende de la voluntad del Gobierno, que sobre la base del monitoreo de precios del resto de los artículos no sujetos a ningún acuerdo, como un gran número de especialidades, puede cumplir o no con el compromiso.
Sector automotriz
Un acuerdo que sí funciona es el anunciado para la eliminación de las retenciones a las exportaciones incrementales de la industria automotriz.
Según adelantó para Córdoba el presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, al final del año los envíos de vehículos argentinos al exterior de las diferentes fábricas habrán aumentado un 40% en un año de pandemia.
Está pendiente, sin embargo, el visto bueno del Gobierno a un proyecto más ambicioso que es el plan estratégico del conjunto de la industria (incluyendo a autopartistas y gremios) con la mira puesta en 2030. Corto de dólares, por ahora hay un silencio de radio.
Otros convenios suscritos corren por distinta suerte. Algunos a título de empresas individuales (como Petroquímica Río Tercero que se comprometió a mantener sin aumentos el precio del diisocianato de tolueno 80/20, para hacer colchones) hasta fin de año.
La industria electrónica también firmó para congelar precios a cambio de que se le garanticen los insumos importados. Por cierto, en el mercado hay faltantes de productos de este segmento.
