Uno de los problemas estructurales que ha caracterizado a la gestión pública en los últimos ¿20 años? ha sido la confusión de competencias. La Nación se inmiscuye en incumbencias provinciales, y las provincias, en las de los municipios.
A su vez, los municipios avanzan sobre áreas que les competen a las provincias, lo que hilvana una larga cadena de recursos gastados de modo ineficiente.
La justificación es que “el otro no lo hace o lo hace mal”. Entonces, se solapan programas creados por urgencias electorales, sin medir resultados ni auscultar lo que ya hay.
Esto ha servido, en la mayoría de los casos, para justificar la cantidad de empleados públicos contratados en las dos últimas décadas. El denominador común es mostrar “que algo se hace”. Y, como se busca la escala de la campaña, la cantidad va en desmedro de la calidad.
Bajo esta lógica ha actuado Nación, que en buena parte de los últimos años distribuyó medicamentos, arregló escuelas, repartió libros y computadoras, hizo cordones cuneta en los pueblos o pagó adicionales a los maestros.
En lugar de avanzar, por ejemplo, en la autopista 19, puso plata para 189 obras en 137 municipios en el marco del plan Argentina Hace, de Alberto Fernández. Todo chiquitaje, moldeado bajo la lógica de la campaña electoral, con carteles más grandes que la obra misma.
Pero la salud, la educación y la seguridad competen a las provincias. Nación debe cuidar las fronteras y la seguridad nacional; organizar la previsión social y las relaciones exteriores; proveer del andamiaje jurídico general; coordinar la infraestructura nacional, y velar por una política económica sana.
Por hacer lo ajeno descuidó lo propio. El cordón cuneta lo tiene que hacer el intendente; la escuela es un asunto del gobernador.
Cantidad, no calidad
En Córdoba ha pasado mucho de esto. La ciudad capital tiene 36 escuelas propias, que le llevan el 20% de su presupuesto, y buscó con la Guardia Urbana, al menos en sus inicios, suplir tareas de prevención del delito que le competen a la Policía de Córdoba.
El ejemplo más cabal de esto lo constituyen los polideportivos sociales que construye el Gobierno provincial y que por estos días están en el ojo de la tormenta porque uno de ellos, en barrio Los Álamos de la ciudad de Córdoba, fue derribado por el viento y golpeó a dos niñas.
Constan de grandes techos de chapa sostenidos por vigas de cemento, sin paredes y con una carpeta asfáltica de alrededor de 600 metros cuadrados. Algunos tienen una pequeña sala para guardar elementos; los del interior provincial generalmente no. Obvio: todos sí cuentan con una cartelería gigantesca que reza “Gobierno de Córdoba”, con el agregado del nombre de quien estaba al frente del Ejecutivo al momento de la construcción.
La idea original es buena: allí donde no hay infraestructura deportiva, el Estado montó instalaciones para que la comunidad realizara actividades deportivas y pudieran ser un espacio de encuentro vecinal. Cada polideportivo cuesta alrededor de $ 500 millones. Pero se buscó cantidad: baratos, pero malos.
Problemas
Primer problema: en pleno invierno o en días de lluvia o pleno calor, no se pueden usar. Son tinglados de chapa, descubiertos. Y ahora se advierte que –al menos los de tipología similar a la del de barrio Los Álamos– tienen anclajes de dudosa seguridad.
Segundo problema: no son clubes. Ya hay 178 polideportivos en la provincia, de los 220 que se prevé levantar. Los primeros 100, de 2022, que anunció Schiaretti, costaban $ 3.500 millones, algo menos de U$S 35 millones en aquel entonces. Hubiera alcanzado para hacer, fácil, 35 “señores clubes” de cero, con todos los chiches. O darles una buena plata a los 155 clubes que ya existen en la ciudad de Córdoba. O a otras decenas en el interior provincial.
Esos clubes ya consolidados tienen necesidades de a montones. En muchos no funcionan los baños, están inhabilitados los vestuarios, las ventanas se rompieron, los pisos no dan más o la luminaria es mala. Hubiera sido más eficiente fortalecer eso que montar alguno nuevo desde cero.
Barrio Los Gigantes es un ejemplo claro: está el polideportivo inaugurado durante la intendencia de Ramón Mestre padre, a medio terminar (con paredes de dos metros, que no llegan hasta el tinglado) y con reclamos desde hace 20 años de los vecinos para que se cerrara. En lugar de poner a full ese que ya existe, hicieron uno nuevo a seis cuadras, con tinglado y sin paredes. Encima, ambos compiten por captar gente.
Seguramente algunos barrios carecen de un club y este espacio es muy bienvenido, pero es altamente recomendable primero fortalecer lo que ya funciona. Ahí hay grupos ya formados, una comisión activa y un club en marcha. Cohesionar el tejido social no se hace de un año para otro; menos sin gente trabajando en el territorio. En realidad, gente hay: los punteros de la política, que de sentido de pertenencia a un club tienen poco.
Tercer problema: muchos son inseguros. En un origen, tenían una posta policial, pero en Córdoba capital se les levantó la guardia y hay al menos seis que no se pueden usar porque los asaltan. Algunos fueron vandalizados y les robaron la luminaria y los tableros. Un tinglado a campo abierto no es un club ni invita a la comunidad a quedarse.
Cuarto problema: los hizo la Provincia, los gestiona la ciudad. La “política de polideportivos” la decidió la Provincia, que los puso donde le pareció, pero el año pasado Martín Llaryora se los pasó a la ciudad para que los gestionara. Ahora, Daniel Passerini tiene 74 polideportivos a su cargo, y en cada uno trabaja un coordinador (con una beca de alrededor de $ 700 mil mensuales) y un referente del barrio, que también recibe una beca y que es siempre el militante de la zona.
Además, se les paga a los estudiantes del Ipef (Instituto Provincial de Educación Física) alrededor de $ 160 mil por mes para que vayan a dar clases ahí unas horas, algunos días.
¿Cómo se hace para gestionar gestionar 74 polideportivos? ¿Con qué gente, con qué profesionalismo, con qué control, con qué resultados?
El problema de esto está en el inicio: no corresponde a un Gobierno provincial hacer espacios deportivos. Es el intendente el que sabe –al menos, debe saberlo– dónde hace falta uno de cero y dónde hay que apuntalar lo existente.
De última, puede darles los fondos con asignación específica a espacios deportivos, con alguna tipología sugerida. Gestionar bien es lograr los mejores beneficios sociales posibles. Y, en general, la calidad es mejor que la cantidad.
