Dos movilizaciones confluyeron este miércoles en el centro de la ciudad de Córdoba y volvieron a poner sobre la mesa el debate por la regulación de la protesta social. Por carriles separados, trabajadores de los hospitales provinciales y la Unidad Piquetera ocuparon las principales avenidas durante la mañana de ese día, lo que generó demoras en el tránsito, cambios en el recorrido de los ómnibus y el cierre de algunos comercios.
Si bien el operativo diseñado por la Policía –en coordinación con el Ministerio Público Fiscal– impidió el acampe (que fue el método que se utilizó en Buenos Aires), el Centro volvió a quedar “sitiado” durante varias horas de la mañana. El adjetivo parece un despropósito, ya que es una característica derivada del cerco puesto por un enemigo.
En este contexto, los vecinos del Centro, representados por el abogado Eduardo Bittar, iniciaron a fines de 2022 un habeas corpus que transita sus últimos días de trámite: se espera que en los próximos 10 días el juez Juan Manuel Fernández López haga pública la resolución en la que se dejaría asentado que el corte de calle (aunque sea media calzada) por parte de las organizaciones sociales deberá ser neutralizado por la fuerza pública y el Ministerio Público Fiscal.
En las audiencias previas a la resolución, Fernández López ha sostenido que el acampe (o la marcha permanente) es un “ataque directo” de los piqueteros a “conciudadanos, no al gobernante”, y que tal acción quebranta derechos constitucionales y es una conducta cuya persecución es explícita en el Código Penal y en el Código de Convivencia Provincial, por lo que ambas leyes “pueden dar respuesta adecuada” al pedido de los vecinos y comerciantes.
Los lineamientos que redactaría el juez no prohibirán el reclamo, sino que buscará que las manifestaciones sean notificadas con 48 horas de anticipación y que no impliquen “la toma del espacio público” por parte de las organizaciones sociales.
En el caso de las protestas gremiales no estarían alcanzadas por la resolución del juez, ya que el derecho a huelga de estas organizaciones tienen una regulación (y protección) específica.
En principio, el habeas corpus exhortaría al Ministerio Público Fiscal y a la Policía que deben tener presente el respeto y aplicación de las normas que surgen de los códigos Penal y de Convivencia; lo que el juez llamó en las audiencias previas como un “catálogo de normas” existentes para “no consentir el corte de calles, ni siquiera media calzada”.
El abogado Eduardo Bittar –que representa al centro vecinal del barrio Centro– entiende que “el plexo constitucional en la República Argentina es suficiente para resguardar la paz social, libertad de trabajo y de circulación por las calles conjuntamente con el respeto al derecho a la protesta y a la movilización”.
Con su acción, intenta que las manifestaciones “respeten protocolos policiales con aspectos tales como la media calzada sin invasión de veredas, corredores sanitarios, y egreso/ingreso de vehículos”. Ese es el foco de la discusión en el juzgado de Control N° 10, donde se tramita el habeas corpus.
Ley “antipiquete”
En la Legislatura espera el tratamiento en comisión la llamada ley antnipiquetes, que en realidad es una modificación al Código de Convivencia para imponer sanciones específicas a los manifestantes de organizaciones sociales que realicen realicen movilizaciones sin notificación previa, piquetes y/o acampes.
El proyecto compatibilizado –hubo propuestas del llaryorista Juan Manuel Cid y de los radicales Dante Rossi y Verónica Garade– es resistido por legisladores schiarettistas y los aliados de Hacemos por Córdoba, como el Socialismo y el Movimiento Evita, además del rechazo de las bancadas de izquierda y las organizaciones sociales que la consideran una criminalización de la protesta.
Sin embargo, la comisión de Asuntos Constitucionales –presidida por Cid– mantiene la discusión en agenda. Espera citar en los próximos días a la Fiscalía General para escuchar de boca de la Adjunta Bettina Croppi la opinión formal respecto la posibilidad de sancionar una ley específica.
En las audiencias desarrolladas en el marco de la tramitación del habeas corpus, Juan Manuel Delgado, el fiscal General de la Provincia, se mostró a favor de una norma quirúrgica.
“Ojalá que una reforma legislativa nos sea un puntapié para que la doctrina dé un giro “, dijo Delgado respecto de posibles cambios para “regular el uso del espacio público”.
