Con la “tolerancia cero” a los piquetes convocados por las organizaciones sociales como norte, la Legislatura comienza a analizar la conveniencia de aprobar modificaciones en el Código de Convivencia para, en la práctica, regular las marchas y erradicar los “acampes”.
La regulación contaría con el aval explícito de Juan Manuel Delgado, el fiscal General, quien en el marco de las audiencias convocadas por la Justicia para analizar un habeas corpus presentado por los vecinos del Centro, expresó que “el Ministerio Público Fiscal va a acompañar con firmeza” la normativa.
En ese sentido, Delgado sostuvo: ”Lejos de criminalizar la protesta, hay que restablecer el orden”; un guiño a la ley cuya letra chica comenzaría de debatirse la semana próxima.
De todos modos, hay “prudencia” en el schiarettismo respecto de la conveniencia de aprobar la nueva normativa. Ocurre que las sanciones previstas también lo serán para los gremios, una de las patas del peronismo. A esa bancada pertenecen José Pihen (histórico líder del SEP) y la docente Sara García (Amet).
Pese a esto, Juan Manuel Cid, el legislador que impulsa la norma y preside la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales, planea avanzar con el tratamiento. No pasa inadvertido que Cid responde directamente a Martín Llaryora .
El proyecto de ley de Cid sería consensuado con uno similar presentado por los radicales Dante Rossi y Verónica Garade. El borrador que se está consensuando establece multas y días de trabajo comunitario para quienes corten calles y puentes. Aunque el proyecto no lo establece, el criterio sería enfocar las sanciones en los “cabecillas” de las protestas.
El juez de Control Juan Manuel Fernández López, quien tramita el habeas corpus presentado por los vecinos, dijo en las audiencias del trámite judicial que las “cabezas deben cortarse” y sugirió al Ministerio Público Fiscal que cuando haya más de tres organizadores se los trate como una asociación ilícita.
El texto de ley propuesto fija sanciones de hasta 12 días de trabajo comunitario y hasta 24 unidades multas para quienes “organicen manifestaciones o reuniones públicas que alteren o interrumpan el normal tránsito de personas y vehículos sin notificar previamente”. Sobre este último punto, establece que el preaviso a la Policía provincial deberá hacerse con 48 horas de antelación, precisando el lugar que se realizará, la duración y el motivo de la manifestación o reunión.
El mismo proyecto fija que deberá establecerse un corredor sanitario y de seguridad, la liberación media calzada liberada; y agrega que “los montos recaudados por la aplicación de las sanciones serán destinados a resarcir a los comerciantes, instituciones y actividades laborales perjudicados”.
Siguiendo las directrices trazadas por el juez Fernández López, el proyecto de ley habilitaría a sancionar a quienes provean de logística, en particular el alquiler de vehículos para trasladar a los manifestantes, al sancionar a quienes se estacionen en doble fila o lugares que pueden significar un potenciar peligro para otros conductores.
Fundamentos
Al fundamentar la regulación de las protestas a través del Código de Convivencia, Cid sostuvo que “se trata de un reclamo mayoritario de la sociedad, que aspira a una sana convivencia social”.
“Se introducen reformas destinadas a mejorar la convivencia, la tranquilidad de las personas y la higiene en los distintos espacios de la provincia. Se incorporan sanciones para quienes no cuiden la limpieza de los lugares públicos o privados”, dice Cid, quien sostiene que no habrá una limitación al derecho a manifestarse sino una “regulación al uso del espacio público” durante las protestas.
Para el radical Rossi, quien impulsa un proyecto similar, dice que “Córdoba tiene que avanzar rápidamente en la regulación de las marchas y protestas en el micro centro; no para prohibirlas, pero sí para legislar a los efectos de que los reclamos no produzcan que comerciantes no trabajen, que los trabajadores pierdan el presentismo, que se pierdan turnos médicos y que se altere la circulación de los vecinos que nada tienen que ver con reclamos legítimos, pero que los afecta varias veces a la semana”.
La Policía tiene identificados a los líderes
La jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate, reconoció que las áreas de inteligencia tienen identificados a los “cabecillas” de las organizaciones sociales, a quienes el juez de Control Juan Manuel Fernández López pidió cercar penalmente.
Zárate aseguró en las audiencias judiciales que la Policía “está en condiciones” de identificar a los líderes de los movimientos sociales ya que “ellos mismos hacen alarde de su función”.
“Estamos en condiciones (de identificarlos) y poner a disposición los datos ya; y en caso de surgir alguno nuevo, estamos en condiciones de ‘trabajar’ las nuevas figuras”, señaló Zárate ante la consulta puntual del juez.
En el marco de la audiencia, la jefa de la Policía informó que además de los efectivos desplegados en las manifestaciones también hay “policías que no se ven”, quienes registraron cuando los organizadores “toman lista” a los manifestantes.
En ese contexto, el fiscal General Delgado hizo una diferenciación entre quienes manifiestas y los dirigentes. “Mucha gente está en los acampes y no sabe por qué; tenemos testimonios de gente que dice trabajar en el Polo Obrero: trabajar es estar presente (en las protestas)”, dijo Delgado, quien aclaró que para él “no hay dolo suficiente” en el manifestante, aunque sí en quien organiza la protesta.
“Víctimas”
En las audiencias judiciales que abordaron la problemática de los cortes, el juez Fernández López presentó al Estado como “víctima” porque “está siendo coaccionado” por las agrupaciones sociales.
En ese sentido, el asesor letrado de la Municipalidad, Daniel Varizat, dijo que la comuna capitalina es una “víctima indirecta” del accionar de las organizaciones que reclaman con piquetes y acampes.
El secretario de Seguridad de la Provincia, Claudio Stampalija, también compartió que el Gobierno es “una especie de víctima”: ”Padecemos esta problemática porque queremos la paz social”, dijo el funcionario provincial.
