Las políticas asistenciales estatales siempre están en tela de juicio. Los programas sociales son cuestionados a menudo por su ineficacia, pero para los distintos gobiernos se convierten en un muro de contención muy costoso, pero imprescindible para mantener la paz social.
Al kirchnerismo se le achaca haber expandido el gasto social hasta números escalofriantes. Mauricio Macri asumió la presidencia con la promesa de “ordenar” los planes sociales. Su gestión terminó duplicando el número de beneficiarios que heredó de las dos gestiones de Cristina Fernández.
Después del estallido social de 2001, todos los gobiernos (salvo los primeros años de Néstor Kirchner) quedaron atrapados en una encrucijada, en la cual está hoy el presidente Alberto Fernández: el gasto social consume un presupuesto enorme, pero no resuelve el problema de la pobreza, que crece al ritmo de la imparable inflación.
Las organizaciones sociales –denominadas piqueteras– se han convertido en actores sociales y políticos, que hoy tienen más influencia que los propios sindicatos. Desde hace casi dos décadas, los gobernantes de turno negocian más con los piqueteros que con líderes de la CGT.
Los movimientos piqueteros surgieron a fines de la década del ‘90, producto de las privatizaciones que impulso el entonces presidente, Carlos Saúl Menem.
Los despedidos de las empresas estatales cobraron sus indemnizaciones y nunca pudieron reinsertarse en el ámbito laboral privado. Así surgieron las organizaciones de desocupados, que luego se convirtieron en piqueteros por el particular modo que tenían de protestar: piquetes que cortaban calles y rutas. Primero en el sur y en el norte, y luego en todo el país.
La crisis de 2001 convirtió a estas organizaciones en nuevos actores políticos, que hoy tienen más influencia que nunca.
Actualmente, a estas agrupaciones se las puede dividir en dos grades grupos: las oficialistas, que están cerca del Gobierno nacional, y las de izquierda, criticas de los oficialismos, que son las que más reclaman en las calles.
Los dos grupos tienen estrategias distintas, pero con un mismo resultado: reciben financiamiento del Estado. Las oficialistas negociando; las rebeldes con presión, protestando en las calles.
Orgánicas
Entre las primeras, hay cuatro grandes agrupaciones: el Movimiento Evita; Barrios de Pie; Corriente Clasista y Combativa (CCC), y el Frente Patria Grande, que conduce Juan Grabois. Estas organizaciones son las que lideran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), cuyo principal reclamo es un salario universal para desocupados.
Los referentes de estas agrupaciones tienen cargos en el Gobierno nacional. Los más emblemáticos son Emilio Pérsico, en los hechos el segundo del Ministerio de Desarrollo Social, y Fernando “Chino” Navarro, funcionario político de la Jefatura de Gabinete. Son los más conocidos, pero no los únicos dirigentes sociales que son funcionarios.
En la otra vereda, la contestataria, están las agrupaciones de izquierda que lidera el Polo Obrero –brazo piquetero del Partido Obrero–, acompañado por Libres del Sur (un desprendimiento de Barrios de Pie); el Movimiento Teresa Rodríguez; Teresa Vive; el Movimiento Darío Santillán; Frente de la Resistencia, y otras tantas agrupaciones, que integran un nuevo grupo: Unidad Piquetera, que tiene como referente a Eduardo Belliboni, del Polo Obrero.
Unidad Piquetera fue la que impulsó las últimas protestas en Córdoba y en todo el país, bajo el rótulo del “piquetazo nacional”. Están organizando una marcha federal para mediados de abril, con la que esperan llenar la Plaza de Mayo.
En Córdoba, se replica este mapa de piqueteros. Con un dato llamativo: el Movimiento Evita es la principal columna de apoyo del presidente Alberto Fernández, pero en la provincia tiene un acuerdo con el gobernador Juan Schiaretti, que es crítico del Gobierno nacional.
Después de estallido de 2001, los programas sociales no escapan a una lógica que parece de acero: cada vez se destinan más fondos públicos al asistencialismo, pero la pobreza aumenta sin freno. Las organizaciones piqueteras se han convertido en un muro de contención costoso, pero imprescindible para los gobiernos. Una realidad que no cambiará si no hay expansión de la economía.
