Recalibrar. Dícese del proyecto personal que emprenderá el ministro Martín Guzmán desde este lunes, cuando vuele a Washington para participar de la tradicional reunión boreal de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Con ese eufemismo, lo que Guzmán quiere negociar es una laxitud de las metas que ya sabe que Argentina no podrá cumplir. Las del primer trimestre sí, pero las que siguen están complicadas. El argumento es irrefutable: el acuerdo se cocinó antes de la invasión rusa a Ucrania y, por ende, se subestimó el aumento de alimentos y de energía, las dos enormes dificultades de coyuntura que hoy atraviesa la Argentina.
El punto en sí mismo ya era demasiado complejo, dada la cosmovisión kirchnerista que entiende que los servicios públicos deben ser gratis. O casi. No importa si para sostener esa presunta gratuidad la emisión se desboca y cabalgamos al 55 por ciento de inflación anual: lo que importa es que no impacte en el bolsillo de los usuarios, en especial de los 16 millones que viven en el conurbano y el único reducto firme que le queda al Frente de Todos en términos de votos, a juzgar por los resultados de las elecciones de 2021.
Este año, el país se comprometió a bajar de 2,3 a 1,7 puntos del producto interno bruto los subsidios que en 2021 destinó para mantener bajas las tarifas residenciales de electricidad y de gas; y para el conurbano bonaerense, las de agua, colectivos y trenes. El año pasado, esa cuenta explicó el 75 por ciento del déficit fiscal, que fue del 3,1 por ciento si se cuenta el impuesto “excepcional y por única vez” que se impuso a las grandes riquezas y el agregado que aportó la soja, arriba de 500 dólares la tonelada.
La suba propuesta implicaba achicar 26 por ciento la cuenta de subsidios energéticos. Ahí fueron 11.043 millones de dólares. Para ofrecer esa baja, calculaba Guzmán, alcanzaba con un aumento del 40 por ciento en dos tramos a los usuarios de luz y de gas, más la segmentación. Pero el petróleo y el GNL se dispararon a precios exorbitantes. La propia Cammesa proyectó entre mayo y octubre costos de abastecimiento 82 por ciento más altos en pesos y 49 por ciento más en dólares.
Hay analistas que hablan de un costo para el Estado, contando incluso el aumento tarifario del 40 por ciento, de entre 15 mil y 20 mil millones de dólares para este año. Una locura, básicamente porque esos dólares no están. No hay.
15 mil millones de dólares anuales es todo lo que el país tiene como saldo remanente para venderles a sus ciudadanos que ahorran (aun a cuentagotas de 200 dólares) o que viajan al exterior, pagar sus deudas públicas y girarles a los privados para pagar también sus propias deudas. Aun inhibiendo la gira de utilidades al exterior y pisando las importaciones, ese saldo no alcanza.
Guzmán esbozó la idea de que la tarifa de los servicios públicos evolucionará a la par de los salarios. Hoy es consciente de que no tiene margen político de aumentar más que el 40 por ciento. Si se detonó la coalición de Gobierno por eso, no hay mucho por imaginar qué pasaría si intentase ir por más. Tampoco hay margen en las familias para pagar eso.
Tampoco le lleva Guzmán al Fondo la segmentación tarifaria, esa idea más o menos racional que busca que quien tiene capacidad de pago abone las tarifas sin subsidios. Pero como el Estado no sabe qué argentino tiene capacidad de pago y quién no, lo marcó según countries y barrios cerrados. Más prejuicioso no se consigue.
Aunque es muy aventurado aún decirlo, es probable que parte del excedente de la cuenta en subsidios a los servicios se pague con el excedente que provenga de los granos, que aumentaron sustancialmente tras la guerra. Es “la renta inesperada”, según Guzmán. Habrá qué ver qué dice el FMI ante esa pulsión irrefrenable argentina de crear impuestos tras impuestos (ahora, alícuota especial de Ganancias) para seguir incrementando el gasto.
Pero Guzmán tiene otros deberes que llevarle al FMI, además de tarifas. Uno es no dejar que se atrase el tipo de cambio frente a la suba de precios, como pasó en 2021, que quedó 22 por ciento atrás. Eso significa que tiene que acelerar el ritmo de devaluación; por goteo, pero devaluación al fin. Ese impacto ha sido marginal en la inflación del primer trimestre. De acelerarse, les agregará presión a los precios.
Lo tercero es que las tasas de interés sean positivas. Todavía no lo son, porque el Central corre desde atrás, pero el esfuerzo va en ese sentido: ya los plazos fijos pagan 46 por ciento, que anualizado llega al 57 por ciento. Por detrás de lo que se espera de los precios, aunque no tanto. Podría Guzmán evitar el bochazo: un 4, capaz.
Y lo cuarto está en las transferencias a provincias. No la coparticipación, que es automática e hiperregulada, sino las discrecionales. Lejos, Axel Kicillof ha sido el gran ganador los últimos dos años. ¿Devolverá gentilezas Alberto? ¿Se animará a pisarle esas cajas?
Lo cierto es que no llega tan mal Guzmán al primer examen con el FMI. Pero, claro, el éxito dependerá de la “recalibración” que logre. Pido gancho, una vez más.
