La causa por violencia de género contra Alberto Fernández, denunciado por Fabiola Yañez, avanza hacia su etapa final, con el fiscal Ramiro González preparando el pedido de elevación a juicio oral. Esta solicitud podría ser presentada en las próximas horas, marcando un paso decisivo en el proceso contra el exmandatario.
En abril de este año, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del expresidente por “lesiones leves agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género”, además de “lesiones graves” y “amenazas coactivas” contra Fabiola Yañez. La relación entre Fernández y Yañez se extendió desde al menos 2016 hasta mediados de 2024.
Tras un año de investigación, el fiscal cerró la etapa instructoria y ahora tramita el pedido de juicio oral ante el juez Julián Ercolini. La ex primera dama, Fabiola Yañez, ya presentó un escrito en el que solicitó una pena de 12 años de cárcel para Fernández, rechazando cualquier tipo de compensación como la probation.
La investigación determinó un “contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder” entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez. Según el fallo que confirmó el procesamiento, firmado por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, existió un vínculo caracterizado por una “desigualdad de poder” y “violencia habitual y constante”, que incluyó episodios físicos recurrentes y, especialmente, violencia psicológica.
Se destacó también que los ataques ocurrieron en un entorno de “aislamiento forzado” dentro de la Quinta de Olivos, donde Fernández ejercía plena autoridad. Los jueces señalaron que los hechos acreditados fueron la “causa de un marcado deterioro en las condiciones de salud de la víctima”. Además, se remarcó que la situación de vulnerabilidad de Yañez era conocida por el imputado desde el inicio de la relación, lo que demuestra una situación de desigualdad de poder.
Por su parte, la defensa de Alberto Fernández intentó dilatar el proceso con una serie de planteos y solicitudes de nuevas medidas de prueba, pero el juez Ercolini rechazó todas estas solicitudes. En febrero de este año, Ercolini ya había dispuesto el procesamiento de Fernández, el embargo de sus bienes por diez millones de pesos y una orden de restricción que le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de su expareja o contactarla por cualquier vía.
El expresidente apeló su procesamiento en un documento de 59 páginas, rechazando todas las acusaciones y solicitando su sobreseimiento. Fernández argumentó que la resolución judicial carece de pruebas directas y se basa en interpretaciones subjetivas, además de cuestionar la autenticidad de los supuestos chats en los que Yañez relataba situaciones de violencia. Su defensa insiste en que la “ausencia de evidencia directa no puede ser reemplazada por construcciones subjetivas”.
En un hecho paralelo, mientras avanza esta causa, la Justicia dispuso un régimen de visitas presencial provisorio entre Alberto Fernández y su hijo Francisco. Los encuentros serán en la ciudad de Buenos Aires, una semana al mes, por un período de tres meses, dado que el niño reside en España con su madre.
