A más de un mes de que el Congreso declarara la emergencia nacional por los incendios forestales en las sierras cordobesas, el diputado Oscar Agost Carreño, del bloque Encuentro Federal, presentó un pormenorizado pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer cuánto dinero destinó la Nación a la provincia para atender las consecuencias de la catástrofe, que afectó en el mes de septiembre más de 70.000 hectáreas.
La ley, que lleva el número 27.782, declaró la emergencia ambiental, económica y habitacional en Córdoba por el término de 180 días, prorrogables por igual plazo. Fue sancionada en la Cámara de Diputados por unanimidad el pasado 2 de octubre, pero el Ejecutivo demoró la promulgación, que recién se hizo efectiva el 25 de ese mes con la publicación en el Boletín Oficial.
“Es fundamental conocer cómo se han asignado y ejecutado los recursos presupuestarios destinados a la emergencia, qué medidas específicas se han implementado para atender las necesidades de las comunidades afectadas y cuáles son los instrumentos legales adicionales que se han dictado en este contexto”, sostuvo Agost Carreño, autor del primer proyecto de emergencia.
El legislador, también titular del PRO cordobés, afirmó que “la emergencia no solo implica la extinción de los focos ígneos, sino también la reconstrucción de las comunidades afectadas, la recuperación de los ecosistemas dañados y la implementación de políticas públicas que prevengan futuros desastres de esta naturaleza”.
En su proyecto, Agost Carreño solicitó un informe detallado de la asignación presupuestaria destinada a programas de asistencia a la población, de mitigación de los efectos económicos y ambientales de los incendios, o cualquier otra. También pidió detalles del nivel de ejecución y el plan, contemplando plazos, organismos responsables y mecanismos utilizados para las erogaciones.
El diputado también quiere conocer si los fondos revisten una asignación específica o una disponibilidad limitada; si revisten carácter de libre disponibilidad de uso por parte de la administración pública de la provincia de Córdoba; y si son recursos de carácter extraordinario.
El pedido de informes abarca además las medidas adoptadas por el Ejecutivo nacional para apoyar a la población y a las economías regionales afectadas, como líneas de crédito, moratoria tributaria y suspensión de juicios y procedimientos administrativos de cobro de acreencias vencidas antes de la emergencia.
“El Congreso dictó la norma necesaria para asistir en los incendios en mi provincia, por lo que estimo necesario que el Poder Ejecutivo informe, a un mes de esa sanción, sobre las acciones llevadas a cabo en razón de esa delegación. Los daños ocasionados por los focos ígneos necesitan de una expedita acción no solo para evitar perjuicios mayores, sino también para dar mayor eficacia a las acciones que tienen por objeto mitigar los ya presentes”, concluyó Agost Carreño.
