La Justicia, a través de un Juzgado de Buenos Aires, hizo lugar este viernes 8 al pedido de apertura de concurso preventivo de acreedores que presentó la empresa Petroquímica Río Tercero SA (PR3) el pasado 27 de julio, en un contexto de conflicto por despidos de personal y de reclamos por pago de sueldos y de indemnizaciones.
Fue la propia empresa la que a través de un comunicado informó este viernes que la Justicia abrió su concurso de acreedores que había presentado ante el Juzgado Comercial 23 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si el juzgado aprobó la apertura del concurso es porque la empresa ha podido demostrar que se encuentra en problemas para afrontar sus pagos.
La empresa viene señalando que desde comienzos de 2024 viene arrastrando dificultades, cuyo mayor impacto se sintió en octubre pasado cuando cerró su planta de diisocianato de tolueno (TDI), que representaba más del 70% de su facturación. Con esa decisión, desvinculó de 125 operarios. Luego, el 14 de julio de este año despidió a 124.
En nueve meses, la industria pasó de 375 empleados a tener 130.
Los últimos despidos
Mientras tanto, los últimos 124 despidos siguen en suspenso a partir de una conciliación obligatoria que vencerá el 18 de este mes.
En ese marco de incertidumbre los trabajadores siguen apostados en la industria, organizados en turnos de hasta 12 horas para no dejar la planta sin personal en ningún momento.
Aún en un marco de conciliación obligatoria, temen que se les impida el ingreso.
Frente a esto, los directivos de Petroquímica han planteado “la necesidad de que se desocupe la planta por parte del personal que no tiene asignada tareas, permitiendo que la empresa comience el proceso de regularización y acondicionamiento para el reinicio de la operación en un clima seguro, y así pueda convocar planificada y progresivamente al personal no afectado por las desvinculaciones realizadas el 14 de julio pasado”.
Cuánto cobrarán los despedidos
La pregunta entre los 124 cesanteados ahora es qué pasará en esta instancia con el pago de sus indemnizaciones.
La situación es compleja. “Un concurso de acreedores implica quitas y esperas para los que quieren cobrar”, comentaron los abogados Carlos Pajtman y Franco Garbarino.
Ambos señalaron que todos los acreedores que tiene la empresa, entre ellos los trabajadores y los proveedores, además de los estados nacional, provincial y municipal, deberán presentarse ante el Juzgado que atiende la quiebra y demostrar cuánto les debe la empresa.
Petroquímica hizo conocer que tiene una deuda de 30 millones de dólares y ahora habrá qué ver cuánto puede afrontar de ese pasivo.
Los letrados comentaron que la empresa y sus acreedores entrarán en una etapa de negociación.
Los acreedores, entre ellos los trabajadores despedidos, recibirán una oferta de pago. “Ellos la analizarán y podrán hacer una contraoferta”, explicaron los abogados.
En esta instancia, Petroquímica expuso que quiere volver a producir en su planta riotercerense mientras va acomodando el pago con sus acreedores.
En un comunicado difundido este viernes, la industria expresó: “Es importante recordar que PR3 presentó su Concurso Preventivo de Acreedores el pasado 17 de julio, cuya apertura aprobó el Juzgado interviniente en el día de la fecha. En este marco, se buscará encontrar una solución a la delicada situación económico-financiera que atraviesa la compañía, producto de la crisis generada por la evolución del precio a nivel mundial de su principal producto TDI, que socavó exponencialmente sus ingresos, y derivó en el cierre de su planta de hidrocarburos (TDI), así como la retracción del acceso al crédito y un flujo negativo de sus operaciones, insuficiente para afrontar los costos de producción de su línea química (cloro y policloruro de aluminio), única unidad de negocios que mantiene con capacidad operativa”.
Qué dice la empresa sobre el pago de salarios
En un comunicado, este viernes, PR3 afirma que “en este contexto, con gran esfuerzo, se le propuso a los representantes sindicales el pago inmediato de un 60% de esos salarios (de julio) en concepto de adelanto, y saldar el restante 40% a lo largo del mes en curso, planteando la necesidad de que se desocupe la planta por parte del personal que no tiene asignada tareas, permitiendo que la empresa comience el proceso de regularización y acondicionamiento para el reinicio de la operación en un clima seguro, y así pueda convocar planificada y progresivamente al personal no afectado por las desvinculaciones realizadas el 14 de julio pasado”.
Señala luego la firma: “Lamentablemente este ofrecimiento ha sido injustificadamente calificado como una maniobra extorsiva y provocado el rechazo por parte de la asamblea de colaboradores, lo que ha motivado que la empresa haya depositado en el día de la fecha los haberes correspondientes conforme las limitaciones que le impone el marco legal que regula el proceso concursal que se encuentra atravesando”.
