Luego de la cuarentena por la pandemia de Covid, las organizaciones piqueteras ejercieron sobre los distintos gobiernos un gran poder de presión, con permanentes protestas callejeras. La crisis social se agudizó, con más del 50% de la población por debajo de la línea de la pobreza. Además, el gobierno del presidente Javier Milei tomó medidas fuertes en contra de los piqueteros; sin embargo, el resultado es una disminución sensible de los cortes de calles.
Esta situación generó una conclusión política de funcionarios libertarios, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que habrá que ver si la gestión libertaria la puede sostener en el tiempo: “Les ganamos la calle a los piqueteros”.
Se tomaron decisiones que incidió para disminuir la conflictividad en las calles, pese al aumento de la pobreza: en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) hay un protocolo antipiquete que la ministra Bullrich aplica con mano de acero.
Además, el Gobierno nacional liberó a los beneficiarios del Potencial Trabajo de una contraprestación, que mayoritariamente cumplían en cooperativas de trabajo o comedores comunitarios que administraban los propios piqueteros.
La Nación también eliminó el financiamiento de las cooperativas y comedores que funcionaban con recursos estatales.
En el plano judicial, referentes piqueteros como Eduardo Belliboni (Polo Obrero), terminaron imputados por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Por el mismo presunto delito, sobre Emilio Pérsico, exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Social, y referente del Movimiento Evita, también pesa un pedido de indagatoria del fiscal Gerardo Pollicita.
Aunque lo no lo admiten, las organizaciones piqueteras perdieron los fondos que llegaban del Estado nacional, con los cuales se financiaban las manifestaciones callejeras.
En cada protesta, las organizaciones proveían de comida y transporte a los manifestantes. Esos recursos estatales que en muchos casos se utilizaban para reclamarle más fondo al propio Estado, ya no existen.
También hubo más de 20 mil denuncias al 134 que habilitó el Gobierno nacional para realizar denuncias de probable “extorsión” de las organizaciones a los beneficiarios de planes sociales para que concurrieran a las protestas.
Estas causas están siendo investigadas por jueces federales, que apuntan a líderes piqueteros.
La merma en la capacidad de movilización de las organizaciones sociales tiene que ver directamente con las políticas de mano dura de la gestión libertaria, que los piqueteros denuncian como “estigmatización”.
Córdoba, con menos reclamos
Dirigentes piqueteros cordobeses argumentan que se “creó” un clima social en contra de las organizaciones piqueteras, que perdieron capacidad de movilización y de presión.
“Hay mucho miedo. En Buenos Aires, la Policía te muele a palos si salís a protestar. En Córdoba, la situación es algo diferente, pero el Gobierno nacional generó un clima muy denso en contra de nuestras organizaciones. Hay miedo hasta para salir a reclamar alimentos que la Nación dejó de entregar”, expresó Emanuel Berardo, líder local del Polo Obrero.
El 22 de agosto pasado, el PO lideró la última protesta en Córdoba, denominada “Ollas vacías”. Se hizo frente al Patio Olmos, pero no hubo cortes de calles.
Por su parte, Pablo Montes, uno de los líderes del Movimiento Evita local, también aportó su visión sobre este “nuevo paradigma”, como suele calificar la ministra Bullrich.
“Es cierto que pudo haber un abuso de la protesta callejera, ante un gobierno sin rumbo como fue el anterior, que trató de evitar de quedar como represor. Los reclamos en las calles son para darle visibilidad algunas situaciones, pero si se abusa se genera el efecto contrario”, manifestó Montes, sin dar nombres, pero apuntando a las organizaciones de izquierda, opositoras al anterior gobierno kirchnerista.
No obstante, para Montes, el clima social se puede volver a recalentar. “No hay que perder de vista que este Gobierno nacional busca enemigos internos para tapar otras cosas más graves, como la entrega de los recursos naturales a corporaciones extranjeras. En este contexto, somos responsables y no buscamos la confrotación, pero tampoco bajamos nuestras banderas. No descartamos volver a las calles”, argumento el dirigente del “Evita”, que en Córdoba está alineada con el gobierno de Martín Llaryora.
En la ciudad de Córdoba, durante mucho tiempo, la Cámara de Comercio reclamó a la Provincia por los constantes cortes de calles.
Ahora, José Viale, titular de la cámara que aglutina a los comerciantes, reconoce que las protestas bajaron “sensiblemente”.
“Los cortes de los piqueteros eran una extorsión a los gobiernos de turno, que afectaban a los comercios y a la gente. En el año 2022, los comercios del centro de Córdoba perdieron un promedio de cinco días mensuales de ventas. Era una barbaridad. Eso bajó sensiblemente, porque el Estado ahora actúa en favor de la mayoría”, reconoce Viale, uno de los primeros “indignados” por los cortes de calles.
Sin protocolo
A diferencia de Buenos Aires, en Córdoba no hay un protocolo antipiquete. Aunque el Ministerio Público Fiscal que conduce Juan Manuel Delgado puso en dos fiscales (Guillermo González y Ernesto de Aragón) la responsabilidad actuar ante las manifestaciones callejeras.
“En Córdoba no hay un protocolo antipiquete. Lo que se aplica es la ley, teniendo en cuenta el contexto, dialogando con quienes impulsan las protestas. Lo que se trata es de garantizar el derecho a protestar, pero también el derecho a circular. Parece muy genérico, pero es lo que hacemos. Han disminuido mucho la conflictividad en las calles”, aclaró el fiscal Guillermo González.
En esa línea se expresó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros. El funcionario llaryorista asegura que el diálogo “funciona”, en Córdoba.
“La Policía de Córdoba se subordina a lo que indican los dos fiscales que intervienen cuando hay protestas en las calles. La decisión política del gobernador Llaryora es poner orden, pero sin reprimir. Para eso hay que dialogar con los distintos sectores, bajo las ordenes de los fiscales. La realidad es que hay menos protestas”, manifestó Quinteros.
De obstante, el responsable de la Seguridad de Córdoba reconoce que disminuyeron las protestas piqueteras, pero advirtió que si se profundiza la recesión económica pueden surgir manifestaciones de otros sectores, que habitualmente no salen a reclamar en las calles.
“Es cierto que a nivel nacional se tomaron medidas para contener las protestas de actores determinados, como pueden ser los piqueteros. La duda para el futuro inmediato es si salen a reclamar sectores que habitualmente no protestan en las calles. Es un interrogante y no hay que incentivar la conflictividad. Por eso en Córdoba, el diálogo nos da buenos resultados”, concluyó Quinteros.
Miño: Demonizan a las organizaciones sociales
Fernanda Miño fue secretaria de Integración Socio Urbana, un organismo que administró el Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu), que durante el gobierno anterior manejó 480 mil millones de pesos para mejorar barrios populares. Gran parte de esos recursos provinieron del impuesto Pais.
Por decreto, el Gobierno nacional redujo al 1% los recursos que ahora recibe el Fisu.
Hubo denuncias mediáticas sobre presuntas irregularidades en el manejo de estos fondos, pero hasta el momento no hay denuncias judiciales. “El propio (Nicolás) Pareja quien me reemplazó ha dicho públicamente que la secretaria es la única que funcionó bien en el Gobierno anterior”, dijo Miño.
Cercana al dirigente Juan Grabois, Miño fue contundente al referirse al rol de las organizaciones sociales. “El gobierno de Milei demoniza a los movimientos sociales. Hay mucho temor. No reparten más alimentos, pero si salen a protestar hay una represión feroz. Los libertarios nos acusan de ser gerentes de la pobreza, pero este Gobierno arregla con otros intermediarios mucho más poderosos y sin sensibilidad social”, describió Miño, quien el miércoles pasado estuvo en Córdoba, en un encuentro que llegó el contundente título: “Estado o narcotráfico. Participaron referentes de la iglesia católica, como los obispos Ángel Rossi y Oscar Ojea.
“Las organizaciones sociales nos tenemos que hacer cargo de nuestros errores, pero es evidente que hay una estigmatización desde el Gobierno nacional, para acordar con sectores muy poderosos. Pese a todo esto, seguimos trabajando al lado de los que más sufren. La solidaridad es el único camino para enfrentar a este Gobierno insensible”, refirió Miño.
La dirigente bonaerense se mostró en Córdoba junto a la referente local del Frente Patria Grande, Constanza “Coty” San Pedro, quien remarcó que las organizaciones sociales deben persistir en el trabajo social.
“Es evidente que hay un Gobierno nacional que nos demoniza, pero la resistencia está en el trabajo con la gente más necesitada, que hoy tiene miedo hasta para salir a reclamar por alimentos. La solidaridad y la mano extendida a los sectores populares es la mejor manera de resistir a un gobierno que aplica la represión para callar a los que menos tienen”, aseguró la dirigente cordobesa.
