Representantes de entidades de prensa y dirigentes políticos argentinos coincidieron este jueves en la importancia de preservar la libre expresión, aunque surgieron diferencias sobre los riesgos que esta enfrenta y los límites que tiene.
El encuentro buscó promover el diálogo entre las partes involucradas y reconstruir el clima de respeto a la libertad de expresión, como sustento para consolidar la institucionalidad
democrática.
La apertura estuvo a cargo de Agustín Garzón, integrante de la asociación civil Bases Republicanas, y José Crettaz, coordinador del think tank Convercom, entidades que organizaron el debate.
Un primer panel analizó el estado de situación en materia, tanto en la Argentina como en la región. Con la moderación de la periodista Alicia Miller, fueron expositores Daniel Dessein, por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), Fernando Stanich, del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y Carlos Jornet, director de La Voz y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Dessein destacó que en los últimos 12 meses ocurrieron dos episodios de gravedad que representaron “atropellos a la libertad de prensa”. Recordó el ataque al diario Río Negro y “el deteriorio de la libertad de expresión” en Formosa, por las constantes medidas restrictivas para el trabajo periodístico. Y resaltó: “La situación de los medios es frágil, en un clima de libertad de prensa dañado”.
Jornet dijo que en el continente se observa un “escenario oscuro, sombrío”, con 22 periodistas muertos entre abril de 2020 e igual mes de 2021, acosos judiciales y legislativos, persistentes trabas para el acceso a información pública, y estigmatizaciones a periodistas y medios de parte de políticos autoritarios e intolerantes, lo que en muchos casos deriva en hechos de violencia física desde el propio Estado o desde militantes cooptados por esos discursos.
Y agregó: “Se multiplican los casos de gobiernos que no sólo no diseñan políticas de Estado para fortalecer el periodismo, sino que aprovechan la crisis sanitaria para acentuar las presiones tendientes a coartar el derecho a informar y ser informado. Y es que cuando un gobierno quiere avanzar contra las instituciones democráticas lo primero que hace es intentar debilitar a medios y periodistas para impedir el control ciudadano”.
“Quienes compran el discurso anti periodismo –remarcó Jornet– muchas veces son las primeras víctimas cuando avanzan el autoritarismo, la intolerancia y la corrupción”.
Fernando Stanich, a su vez, detalló las cifras que arroja el Monitoreo de la Libertad de Expresión de Fopea. “En 2020, año de la pandemia, se produjeron 82 ataques contra la libertad de expresión en todo el país, un 41% más que el año anterior. Equivale a un ataque algo más de cuatro días”, dijo.
Precisó que “además de las agresiones físicas y materiales, muchos periodistas fueron atacados mediante las redes sociales para afectar su reputación. Y también se utilizó al Poder Judicial para callar las voces del periodismo independiente, con casos emblemáticos como el que afecta a Daniel Santoro”.
Un segundo panel, moderado por la periodista Carolina Amoroso, reunió a los dirigentes Oscar Martínez (Frente Renovador), Hernan Lombardi (PRO), Karina Banfi (UCR) y Mónica Frade (Coalición Cívica).
Lombardi sostuvo que “el ataque a la libertad de expresión es ahora más sofisticado” que en el anterior gobierno kirchnerista. “Se utiliza a los medios públicos políticamente y sin ninguna diversidad de ideas”, continuó, al tiempo que planteó: “El Estado debe financiar el funcionamiento de la libertad. La pregunta es cómo lo hace. Si es de forma discrecional, ese financiamiento se vuelve un mecanismo de sumisión”.
Sostuvo asimismo que “en Argentina buena parte de las noticias falsas respecto de la cuarentena y otros temas son emitidas por el propio Gobierno”.
Karina Banfi convocó a formadores de opinión y a la ciudadanía a trabajar para fortalecer la democracia. “El grupo gobernante tiene planteos distintos de lo que fueron las bases de nuestra constitución y cuál es el lugar que esta le da a la libertad de expresión”, afirmó. Y agregó: “El relato populista necesita del dominio de la expresión, para controlar la escena política a través de los medios de comunicación”.
El massista Oscar Martínez planteó algunas diferencias al sostener que “los derechos no son absolutos”. “El derecho a la libre expresión –dijo– tiene límites. Uno debe ejercer su libertad sin dañar al otro. No se deben permitir escraches a los periodistas, ni tampoco hacia los funcionarios públicos. Debe establecerse ese límite a la libertad de expresión”.
En respuesta a estas afirmaciones, Mónica Frade subrayó: “Es cierto que no hay derechos absolutos, pero el derecho a la libertad de expresión tiene un trato preferencial porque es inescindible de nuestro proceso democrático”.
