A pesar de los intentos del Frente de Todos por volver a sesionar, el Congreso continúa paralizado y peligran algunas leyes importantes para el Gobierno. La tensión política atravesada por el plano judicial y el escaso tiempo que queda hasta fin de año juegan en contra para la aprobación de varios proyectos pendientes.
La condena a la vicepresidenta a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, la revelación de un viaje de jueces, funcionarios y empresarios mediáticos al Sur y el conflicto por la integración del Consejo de la Magistratura no hacen más que embarrar el terreno para realizar nuevas sesiones en lo que resta del año.
Los tiempos tampoco colaboran: el Gobierno decretó asueto para los empleados estatales los días 23 y 30 de diciembre, lo cual acorta la cantidad de días operativos. Y como el 31 vence la prórroga de sesiones ordinarias, el Congreso recién podría reanudar la actividad en febrero, en una convocatoria a extraordinarias.
A eso se suma la alta expectativa por la próxima aparición de Cristina el lunes 19, sobre todo después de lo que dejó su último descargo, donde reveló que no será candidata en 2023. El acto iba a realizarse este lunes pero se pospuso porque la expresidenta contrajo Covid.
A pesar del diagnóstico positivo, Cristina estuvo el lunes en el Senado y recibió en su despacho a su par de Diputados, Cecilia Moreau. No trascendieron detalles del encuentro, pero se especula con que abordaron la agenda parlamentaria.
“Plan austero”
En Diputados, el Frente de Todos intentó algunos acercamientos con la oposición después del escándalo del 1ro de diciembre. Sostienen que el diálogo iba encaminado, aunque se interrumpió el fin de semana largo. Los contactos siguieron por teléfono, pero todavía no se llegó a ningún acuerdo concreto.
“Nosotros tenemos un plan austero, con un temario acotado. Estamos dispuestos a construir el ámbito para sesionar. Pero da la sensación de que ellos no tienen ganas de destrabar el tema”, dijo a este medio una importante fuente oficialista, que sostiene que la pelota está del lado de Juntos por el Cambio.
Un tema de interés para la Casa Rosada, y sobre todo para el ministro de Economía, Sergio Massa, es el blanqueo de una amplia gama de capitales no declarados, en el marco del acuerdo de intercambio de información financiera y tributaria firmado con Estados Unidos. Pero ese proyecto todavía no ingresó a Diputados.
Según el texto publicado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el convenio entraría en vigencia el 1° de enero de 2023, con lo cual la información no llegaría al país hasta el próximo mandato en 2024. Esto debilita la posición de Economía, que busca una adhesión amplia al plan de exteriorización de capitales para obtener recursos adicionales. Además, es muy difícil que una ley de esa talla sea sancionada en tan solo dos semanas y con este contexto político.
La hoja de ruta del oficialismo también incluye un proyecto para prevenir, perseguir y castigar los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; la nueva moratoria previsional; la creación de universidades nacionales (que fracasaron en la última sesión); la ley de agroindustria; y el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030.
En el Senado
Si bien en el Senado hay agenda de comisiones para esta semana, la posibilidad de sesionar también es incierta.
El jefe del interbloque oficialista, José Mayans, fue dado de alta recientemente pero continúa la recuperación en su domicilio, mientras que otro integrante de la bancada, el salteño Sergio “Oso” Leavy”, viajó a Qatar a ver el Mundial. Por eso, el Frente de Todos hoy no tiene garantizado el quórum para sesionar.
El clima político en la Cámara alta tampoco es el mejor. “Hay mucha desconfianza mutua. Cuando acordamos tratar el Presupuesto, terminaron metiendo por la ventana los pliegos de los jueces de Santa Cruz”, comentó a este medio un senador de la oposición que ve difícil la posibilidad de construir consensos.
El Senado tiene en carpeta varios proyectos con media sanción de Diputados. Algunos de ellos son el alcohol cero al volante; el reconocimiento de la lengua de señas; la no renovación del Certificado Único de Discapacidad en casos irreversibles; la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios; y la exención del pago de Ganancias para médicos que realicen más de cuatro guardias.
