“Acá estamos discutiendo subsidios, no tarifas”, lanzó ayer el gobernador Juan Schiaretti.
Se sumó así a la disputa política entre Nación y Provincia que se desató tras un informe que publicó La Voz, el cual reflejó que hoy las tarifas de electricidad y de agua son 70% más baratas en el Área Metropolitana de Buenos Aires que en la provincia de Córdoba.
A diciembre de 2019, esa brecha se había achicado al 20% y hoy vuelve a ser escandalosa: los cordobeses pagan entre el 100% y el 250% más que los usuarios metropolitanos.
En realidad, nadie discute subsidios. Los subsidios los direcciona el Gobierno nacional a Edenor y Edesur sin que las provincias ni siquiera se enteren de cuánta plata va y bajo qué concepto.
Sí se sabe que asume las inversiones para el mantenimiento del sistema, paga la tarifa social de un tercio de los seis millones de usuarios, permite la acumulación de deudas con Cammesa (que luego terminan condonadas) y transfiere recursos para gastos operativos, dado que entre 2019 y octubre de 2021 sólo les autorizó nueve por ciento de aumento a sus clientes residenciales.
Pampa Energía, de Marcelo Midlin, era dueña de Edenor y se la vendió en febrero de este año a José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, quienes compraron la mayor distribuidora eléctrica de la Argentina en tiempo récord, barata y en cuotas.
Lo mismo pasa con el servicio de aguas y cloacas de Aysa, con los trenes y con los colectivos metropolitanos.
La brecha volvió a ampliarse porque, en diciembre de 2019, el gobierno de Alberto Fernández anuló quizá la decisión más federal que había llevado adelante el macrismo, no por impulso genuinamente propio, sino por presión de los gobernadores, especialmente el de Córdoba.
En julio de 2019 se formalizó el traspaso de Edenor y Edesur al Ente Metropolitano del Servicio Eléctrico (Emse), del que participarían la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Ambos distritos debían poner recursos propios (la entonces gobernadora María Eugenia Vidal había calculado 25 mil millones ese año) para tarifa social, inversiones y cobertura del atraso tarifario.
Así, la Nación dejaba de tener injerencia en esa porción geográfica y de alta implicancia electoral. Pero en diciembre de 2019, amparado por la emergencia económica, Fernández dio marcha atrás con esa medida y volvió a poner a Edenor y Edesur bajo la órbita del Enre, que es nacional.
Los gobernadores, tan combativos y federales durante el macrismo, no dijeron ni mu. Argumentaron que había que garantizar la gobernabilidad; que el Gobierno recién asumía; que era difícil plantarse.
Después de dos años de mutismo y a días de las elecciones, Schiaretti ahora asume un reclamo tan histórico como estructural y archiconocido: el interior del país subsidia con sus impuestos los servicios baratos de los que goza el Amba.
Difícil de entender la postura desde el cristal federal: los cuatro legisladores de Córdoba votaron a favor de quitarle 1,18 puntos de copartipación a Horacio Rodríguez Larreta para dárselos directamente a Axel Kicillof.
No habría sido objetable el aval cordobés al kirchnerismo si esa quita se hubiera distribuido entre todas las provincias.
Cómo viene la mano
La energía es uno de los tres ítems que componen la boleta. El segundo es el valor agregado de distribución (VAD) que maneja libremente Epec. Y el tercero, los impuestos, tasas y cargos, que en Córdoba son también más altos que en el Amba. La tasa que cobra Martín Llaryora es 55% más cara que la de Rodríguez Larreta.
Ante el informe de La Voz, la Secretaría de Energía tuiteó que “la diferencia tarifaria responde estrictamente a una decisión de la propia Epec”.
Cristina Fernández lo retuiteó.
La Secretaría aseguró que el precio del megavatio es igual en todo el país porque el Gobierno “hace un gran esfuerzo para que el sector económico acompañe la recuperación”, pero no se refirió a lo que pasa en el VAD. Edenor y Edesur le cargan apenas un peso al kilovatio más barato y 1,80 al más caro, cuando Epec suma $ 4 y $ 10, respectivamente, además de un cinco por ciento de cargo para obras.
Edenor y Edesur hacen patria porque Nación les compensa la diferencia, algo que no pasa con ninguna de las distribuidoras que operan en las 23 provincias argentinas. Epec no puede cobrar menos porque todavía es un gigante ineficiente.
El problema que ve venir Schiaretti es un déjà vu de lo que le pasó en 2016, cuando el macrismo descongeló el precio de la energía. Entonces, el usuario residencial pagaba el 15% de lo que costaba producirla y, al cabo de cuatro años, quedó en el 69%.
Hoy está otra vez en el 27%: producir un mega cuesta $ 7.580 y el usuario paga $ 2.010. Pronto habrá que revisar esa ecuación insostenible, y él paga los costos.
Mauricio Macri empezó a ajustar cuando asumió, pero Córdoba desde 2008 venía subiendo tarifas, alimentando una empresa estatal cara y cogestionada por un gremio que manejaba fondos de manera tan espuria que hoy es objeto de investigación judicial. Nadie veía nada entonces.
Cuando Nación aplicó los aumentos, la tarifa local se convirtió en una bomba que puso en jaque la supervivencia de Unión por Córdoba. Fue entonces cuando Schiaretti emprendió una cruzada para bajar los costos de Epec: metió mano en el convenio colectivo hasta donde pudo, achicó en 19% la planta de personal, cerró oficinas y usinas ineficientes y tercerizó servicios.
Si bien avanzó en inversiones postergadas, nada de eso se tradujo en una rebaja para el usuario: apenas alcanzó para frenar la inercia de aumentos sin pausa que el Ersep autorizó desde 2008 sin haber realizado jamás una objeción.
Ni el jefe porteño ni el gobernador de Buenos Aires pierden un minuto en gestionar la política energética. No es su problema. Tampoco ponen un peso ni se comen el enojo ciudadano ante un apagón.
Por eso la discusión excede los subsidios. Se trata de construir un federalismo justo y equilibrado, lo que no podrá hacer Schiaretti en solitario. Habrá que mirar al resto de los gobernadores. A ninguno parece molestarle demasiado que el Amba se quede con todo.
