Tras más de 45 días de tensas negociaciones, bajo el paraguas de la conciliación obligatoria, este miércoles se puso fin a la incertidumbre. El intendente Daniel Passerini y el gremio de los municipales (Suoem) lograron llegar a un acuerdo salarial que, según se definió, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.
El entendimiento establece un incremento del 13,5% para los empleados municipales de la ciudad de Córdoba, que se aplicará de forma escalonada entre julio y diciembre próximo.
Tanto desde el Ejecutivo municipal como del Suoem evitaron dar los detalles del acuerdo, porque la propuesta debe ser aprobada por las bases de los empleados municipales, los incrementos impactarán en los salarios de julio, septiembre, noviembre y diciembre, serán del orden del 3,5%.
Con este nuevo aumento, y sumado al 9% que ya habían recibido hasta marzo pasado, los trabajadores municipales alcanzarán un incremento total del 22,5% para el corriente año, siempre que la inflación no arroje sorpresas que vuelvan a tensar la cuerda.
El acuerdo fue rubricado en la última audiencia celebrada en la Secretaría de Trabajo de la provincia, luego de que se extendiera por un día más la conciliación obligatoria.
En representación del Ejecutivo municipal estuvo presente el secretario de Administración Pública y Recursos Humanos, Sergio Lorenzatti, quien estampó su firma, junto al líder del Suoem, Rubén Daniele.
Precisamente, Lorenzatti se mostró conforme con el acta firmada en la secretaría de Trabajo. “Hemos llegado a un acuerdo, que ahora deberá aprobar las bases del gremio. Por eso no daremos los detalles del acuerdo, para respectar la decisión del gremio. Creemos que fue un acuerdo importante, en línea con mantener el equilibrio fiscal del municipio y que los salarios de los trabajadores no pierdan poder adquisitivo”, dijo el funcionario de Passerini.
Aunque el conflicto salarial parece haber encontrado un cauce, no todo está resuelto. El gremio mantiene abiertos otros reclamos, algunos en vías de solución
Otros reclamos
Si bien el foco estaba puesto en la discusión salarial, no era ése el único reclamo sobre la mesa. El Suoem impulsó otros tres pedidos puntuales que podría resolverse en los próximos meses.
Uno de los principales tiene que ver con el pase a la categoría de contratados de trabajadores que ingresaron en año 2020 como becarios o monotributistas, durante el primer mandato de Martín Llaryora como intendente.
Aún sin cifras oficiales, el sindicato estima que serían alrededor de 300 empleados municipales en esa situación. El municipio no admitió esa cifra, pero se comprometió a pasar a contratados (artículo 8) “de manera gradual” a los que ingresaron durante la pandemia, en las áreas de salud.
Otro de los reclamos apunta directamente a la estructura del poder municipal: el gremio exige que los inspectores continúen bajo la órbita del municipio y no sean trasladados al nuevo Ente de Fiscalización y Control, impulsado por intendente Passerini, y creado mediante una ordenanza aprobada casi por unanimidad.
En este punto no hay acuerdo total. Para el intendente Passerini se trata de cumplir una ordenanza que fue aprobada por 30 de los 31 ediles en el Concejo Deliberante de la ciudad.
Mientras desde el gremio aseguran que en el acta firmada en la secretaría de Trabajo quedó claro que “nuestras compañeras y compañeros de las diferentes areas de fiscalización y control continúan dentro del ámbito municipal cumpliendo sus funciones habituales”, dijo una fuente del Suoem.
El tercer punto de conflicto es más reciente, pero no menos sensible: la negativa del Suoem a que los integrantes de la Guardia Urbana estén habilitados para labrar actas de infracción, una medida que consideran fuera de su función específica.
Los funcionarios municipales dejaron constancia en las actas que se firmaron en la secretaría de Trabajo, que los integrantes de la Guardia Urbano “nunca labraron, ni labrarán actas de infracción”.
En este caso, el reclamo del gremio apuntó más a que quede registrado ante el organismo de trabajo que esos trabajadores no labrarán actas de infracción.
Luego del acuerdo firmado, el único punto de conflicto entre el municipio y el gremio es el pase de los inspectores municipales al Ente de Fiscalización de Control. El gremio lo resiste y la gestión de Passerini dice que cumplirá la ordenanza.
Por ahora, el acuerdo salarial logró descomprimir un clima que amenazaba con volver a tensarse, con el final de la conciliación obligatoria. Con el acuerdo paritario, luego de dos meses (abril y mayo) de ásperas protestas, no deberían haber conflictos callejeros, al menos hasta fin de año.
