El 9 de octubre pasado, Martín Llaryora terminó de convencerse de que la negociación con el Gobierno nacional no es colectiva, sino caso por caso, gobernador por gobernador, y que cada provincia llega a la mesa con sus propias urgencias.
Aquella madrugada, en la Cámara de Diputados, naufragó el proyecto que los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño habían logrado acordar para modificar el reparto del Impuesto a los Combustibles, con mayor beneficio para las provincias.
La iniciativa requería una mayoría especial, pero el Gobierno nacional jugó sus cartas: logró persuadir a algunos mandatarios provinciales para que sus diputados votaran en contra. El proyecto apenas reunió 126 votos, muy lejos de lo esperado.
Y todo ocurrió en el peor momento de la gestión del presidente Javier Milei, cuando la inestabilidad sacudía los mercados financieros y estallaba el escándalo por la candidatura bonaerense de José Luis Espert, envuelto en cuestionamientos por su vínculo con un empresario acusado de lavar fondos del narcotráfico.
Apoyo en las urnas
Tras el vendaval de votos libertarios que recorrió casi todo el país, incluida Córdoba, Llaryora entendió que debía recalibrar su estrategia y replantear su relación con la Nación.
El gobernador se muestra dispuesto a acompañar la aprobación del Presupuesto nacional. Su prioridad es lograr que el ministro de Economía, Luis Caputo, autorice a Córdoba a tomar deuda en el exterior para financiar obras de infraestructura, quizá después del próximo verano, cuando el riesgo país brinde un respiro.
En el presupuesto provincial que se tratará en la Legislatura, Llaryora puso un umbral de casi 1.800 millones dólares para tomar endeudamiento en el exterior para obras de infraestructura. Allí está su prioridad con la Nación.
En cuanto a la Caja de Jubilaciones, el gobernador confía en que la controversia se resolverá en la Corte Suprema de Justicia, donde se tramitan los dos juicios que en su momento impulsó Juan Schiaretti en 2022.
La deuda histórica de la Nación con la caja previsional provincial seguramente pasará al régimen de “Compensaciones recíprocas” de deudas entre el poder central y las provincias.
Lo que Llaryora va a discutir individualmente con la Casa Rosada es el flujo mensual que la Anses envía a la Caja de Jubilaciones, que hoy es de 5.000 millones de pesos. En el Centro Cívico aspiran a que sean 15 mil millones, desde mayo próximo.
El mandatario seguirá reclamando junto con sus pares por los aportes del Tesoro nacional (ATN) y por el Impuesto a los Combustibles.
Pero hoy, con un presidente Milei fortalecido en las urnas, la prioridad del gobernador pasa por otro lado: financiamiento externo.
